Los argumentos de los abogados: desde el "juicio excepcional" a la "criminalización" de las manifestaciones

• La primera jornada del juicio del 'procés' ha estado dedicada a las cuestiones previas expuestas por los letrados
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Los doce líderes independentistas en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo

Los abogados de los doce líderes independentistas acusados en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo han basado su intervenciones en la primera sesión en cuestionar la propia causa, hablando de "juicio excepcional" que "atenta contra la disidencia política" y los derechos fundamentales, en dudar de la "imparcialidad" de los siete magistrados que integran la Sala Penal y en criticar la "indefensión" que sufren sus defendidos por el hecho de que el proceso esté dividido en varios juzgados.

Estos son algunos de los principales argumentos:

1. "Juicio excepcional" frente a juicio penal

El abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha calificado de "juicio excepcional" la causa contra los líderes independentistas. Una causa "muy politizada por no decir política" que atenta, en su opinión, "contra la disidencia política" y derechos fundamentales como la libertad ideológica o de expresión y el derecho de manifestación.

Muchos letrados han insistido en esta idea, de la que solo se ha alejado el letrado del exconsellers Joaquim Forn ha insistido en que "es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia".

También han denunciado algunos abogados "la criminalización del discurso político" de los acusados por considerarlos "traidores a la patria" y acusarles de cuestiones de naturaleza política, señala Efe. Han cargado contra el Supremo por cercenar investiduras o votaciones en el Parlament y buscar sacar de la arena política al anterior Govern. Algunos han calificado la causa de "un atentado a los derechos políticos".

2. Diferentes procedimientos para los mismos hechos

Prácticamente todos los letrados han censurado la "fragmentación" de la causa -repartida entre el Supremo, la Audiencia Nacional, el TSJ de Cataluña y el Juzgado número 13 de Instrucción de Barcelona, que fue el primero en comenzar a investigar los preparativos del referéndum del 1-O- porque genera, alegan, "indefensión" al no conocer en profundidad todos los sumarios.

Hay dos que creen que esta situación perjudica especialmente a sus defendidos: el letrado del exconseller de Interior Joaquim Forn, que ha pedido que se unifique la causa con la abierta en la Audiencia contra la excúpula de los Mossos d'Esquadra; y la letrada de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha lamentado que se la juzgue en el Supremo "por ser quien es" en lugar de en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que juzgará al resto de la Mesa del Parlament.

3. Falta de "imparcialidad" del tribunal

Prácticamente todas las defensas han acusado al Supremo de parcialidad, aunque el abogado que más se ha detenido en este punto ha sido Jordi Pina, que lleva la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

Pina ha cuestionado que el tribunal esté presidido por Manuel Marchena, cuyo nombre pactaron el Gobierno socialista y el PP para que fuera presidente del CGPJ y del Supremo aunque acabó renunciando defendiendo su "imparcialidad" después de que el portavoz del PP en el Senado alardeara en un mensaje de Whatsapp de que con él controlarían la Sala Penal "desde detrás".

El abogado ha señalado que puede que Marchena sea imparcial pero ha argumentado que hay "objetivamente una falta de imparcialidad" como la que detectó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al juicio contra Arnaldo Otegi. Pina también ha censurado que cuatro de los siete magistrados participaran en la Sala que admitió a trámite la querella inicial de la Fiscalía. "Hagan de jueces y no de salvadores de la patria", les ha señalado en una de las frases del juicio.

4. Penalización de la protesta y la libertad de expresión

Las defensas sostienen que se han criminalizado derechos fundamentales como la protesta y la libertad de expresión. Este ha sido el argumento principal del abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha destacado que no se puede juzgar a su defendido por haber encabezado "manifestaciones pacíficas".

En este sentido se ha quejado de que "50 (de las 127) páginas del escrito de acusación de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a actos de manifestación pacíficos". El abogado de Forn también censura de que se hable de "sombríos y peligrosos ciudadanos de Cataluña" para justificar la acusación de rebelión.

Las defensas también afirman que esta causa "criminaliza artículos de prensa, webs, poner el papel en una urna, expresiones, gritos, cánticos y conciertos" cuando el TEDH sí que permite hablar de la independencia "en términos de pueblo oprimido lucha, resistencia".

5. Desigualdad entre procesados

La defensa de Carme Forcadell ha puesto encima de la mesa la desigualdad entre los diferentes procesados en la causa derivada del hecho de que algunos de ellos, como Carles Puigdemont, se encuentran en libertad huidos de la Justicia mientras que otros están en prisión y van a ser juzgados por el Supremo: "Hay personas a las que no se persigue y otras llevan más un año en prisión".

6. Uso del catalán

Los letrados consideran que la imposibilidad de traducción simultánea (sobre la que el Supremo no se ha pronunciado) perjudica a sus clientes y vulnera el derecho de defensa, algo que no se produciría si el juicio se celebrase en Cataluña.

"Yo hago un esfuerzo por hablar en castellano pero no me juego 17 años en prisión", ha dicho uno Jordi Pina.

7. ¿Dónde están las pruebas?

La gran mayoría de los abogados han solicitado la suspensión del juicio en tanto no dispongan de todas las pruebas y documentos que se estudiarán durante el procedimiento: "No se puede empezar un interrogatorio sin estar presente la fuente de prueba solicitada", ha dicho el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.