El juicio del 'procés' empieza en el Supremo con Junqueras, Forcadell y 'los Jordis' acusados de promover una rebelión

• La Fiscalía acusa de rebelión a otros cinco de los doce procesados, mientras que la Abogacía habla de sedición
• Quiénes son los líderes juzgados | Delitos que se juzgan | Así es el Tribunal del 'procés' | Cronología del 'procés'

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Junqueras, Forcadell, Cuixart, Sànchez, Forn, Turull, Rull, Romeva, Bassa, Mundó, Borràs y Vila

El juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo arranca este martes 12 de febrero con doce líderes independentistas sentados en el banquillo de los acusados por la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Son el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.

Los nueve primeros están en prisión provisional al estar acusados de los delitos más graves: rebelión y sedición. Junqueras, Forcadell y 'los Jordis' como "promotores" o "jefes principales". Las acusaciones no obstante, han puesto sobre la mesa otros tres delitos: malversación, desobediencia y organización criminal. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular -ejercida por Vox- piden para los doce penas que van desde los 7 a los 74 años de prisión. Las defensas reclaman su libre absolución. [Gráfico: Cinco delitos]

Está previsto que las sesiones se celebren, en principio, de martes a jueves en el Salón de Plenos del Supremo, en Madrid, durante unos tres meses, pero no se descarta que pudieran ampliarse a más días a la semana. El juicio arrancará con las cuestiones previas este martes antes de empezar con las declaraciones de los acusados y los testigos.

Entre estos últimos estarán el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente catalán Artur Mas, el lehendakari, Íñigo Urkullu, el presidente del Parlament, Roger Torrent, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, pendiente de juicio en la Audiencia Nacional.

"Estrategia" coordinada para lograr la independencia

Las tres acusaciones atribuyen a los líderes independentistas el diseño de una "estrategia" para declarar la independencia y obligar al Estado a su reconocimiento incumpliendo presuntamente la ley y las resoluciones del Tribunal Constitucional. Para ello, argumentan, coordinaron la acción del Govern para preparar la consulta y las estructuras de la futura república; la del Parlament para dotar de "aparente cobertura jurídica el proceso" con leyes como la del referéndum y la de transitoriedad del 6 y 7 de septiembre de 2017; y la de la ANC y Òmnium para presionar mediante la movilización de la calle con protestas como las del 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía y Hacienda.

La Fiscalía les acusa de rebelión, malversación y desobediencia y pide para ellos penas que van desde los 7 a los 25 años de prisión. Son los mismos delitos que les atribuye la acusación popular ejercida por Vox, que suma un delito más -el de organización criminal- y aumenta la petición máxima de pena hasta los 74 años de cárcel.

La Abogacía del Estado, sin embargo, acusa de sedición en lugar de rebelión al considerar, tras un polémico cambio de criterio, que no usaron la "violencia" que implica este último delito. Las penas que reclama la Abogacía -que también acusa de malversación por el uso de dinero público para el referéndum y de desobediencia- abarcan una horquilla de 7 a 12 años de prisión.

El uso de "violencia" o no, piedra angular del juicio

Si usaron o no la "violencia" como un medio más en la "estrategia" que presuntamente diseñaron los acusados para presionar al Estado y lograr la independencia de Cataluña será la piedra angular del juicio. La Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena e integrada por otros seis magistrados más, tendrá que dilucidar en este sentido si los hechos enjuiciados son constitutivos de delito o no y, en el caso de que considere que sí, deberá determinar si lo que ocurrió se enmarca en el tipo de rebelión -un delito contra la Constitución- o sedición -un delito contra el órden público-. [Gráfico: Quién integra el tribunal]

El Código Penal considera reos de rebelión a los que "se alzaren violentamente y públicamente" para, entre otros objetivos, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional" y "derogar, suspender modificar total o parcialmente la Constitución", que sería presuntamente lo que hicieron los acusados según el Ministerio Público. Son reos de sedición, en cambio, los que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o impedir que "cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público" cumpla con sus funciones o con resoluciones administrativas o judiciales.

La diferencia es clave para los nueve líderes independentistas que están en prisión provisional y que son los que se enfrentan a las peticiones de pena más altas al estar acusados de rebelión por la Fiscalía y Vox y por sedición por la Abogacía. Son Junqueras, Forcadell y "los Jordis", considerados los "promotores" o "jefes principales", y los cinco exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Asuntos Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo). [Gráfico: Quién es quién]

La Fiscalía sostiene que usaron la "violencia" como un medio más

En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que los líderes independentistas contemplaron la utilización de "todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido". Para ello se valieron, continúa, de la "fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos".

De esta manera, el Ministerio Público aprecia violencia en el "asedio" a la Consellería de Economía y Hacienda -inducido por 'los Jordis'- con el "destrozo de vehículos policiales, limitación de los movimientos de la comitiva judicial" que estaba llevando a cabo un registro e "insultos y lanzamiento de objetos a algunos de los agentes".

La Fiscalía aprecia también rebelión en el llamamiento a la participación en el referéndum del 1-O que hicieron Junqueras, Forcadell, Sànchez, Cuixart y los cinco exconsellers Turrul, Rull, Romeva, Bassa, Forn a pesar de ser conscientes de que se podían producir "explosiones violentas". "Con ello fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre las multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad", subraya.

El Ministerio Público pide 25 años de cárcel para Junqueras y 16 para estos cinco exconsellers por rebelión con distracción ilegal de caudales públicos (malversación) y 17 años para Forcadell, Sànchez y Cuixart por rebelión. Para los exconsellers Carlos Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación) y Santi Vila (Empresa) pide 7 años de cárcel y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia.

La Abogacía pide penas de hasta 12 años por sedición

La Abogacía del Estado, que inicialmente se personó por malversación y que llegó a considerar los hechos ocurridos como rebelión, finalmente acusa en el juicio del 'procés' de sedición. El relato de los hechos que se juzgan es prácticamente el mismo que el que hace la Fiscalía pero no menciona ni una sola vez la palabra "violencia".

La Abogacía califica de "incidentes contra el orden público" y de "ambiente crispado y hostil" lo ocurrido frente a la Consellería de Economía y Hacienda. Igualmente, subraya que los acusados hicieron llamamientos a la participación en el referéndum a pesar de ser conscientes de que podían producirse "altercados, tumultos y disturbios" pero no les atribuye, como sí hace la Fiscalía, la intención de fomentar los enfrentamientos como estrategia para presionar al Estado.

Así las cosas, reclama 12 años de cárcel para Junqueras y 11 años y medio para los cinco exconsellers por sedición y malversación; y 10 para Forcadell y 8 para 'Los Jordis' por sedición. Para Mundó, Borràs y Vila la petición de condena coincide con la de la Fiscalía: 7 años de cárcel y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia.

La acusación popular ejercida por Vox reclama 74 años para Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forn por dos delitos de rebelión (50), malversación (12) y organización criminal (12). Para Forcadell y 'los Jordis' reclama 64 por rebelión y organización criminal y para los tres exconsellers en libertad provisional, reclama 24 años y 108.000 euros de multa por malversación, organización criminal y desobediencia.

Las defensas piden la libre absolución de todos ellos

Las defensas de todos ellos piden su libre absolución. Los abogados de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que comparten letrados, defienden que "antes que independentistas" son demócratas y que "votar nunca puede ser delito y, de hecho, no lo es según el Código Penal español". Aseguran también que no se ha respetado su presunción de inocencia, un punto en común con la defensa común de Turull, Rull y Sànchez.

Cuixart, por su parte, pide su absolución asegurando que es un juicio contra la libertad de expresión y el "derecho de autodeterminación. Forn niega que él diera directrices políticas a los Mossos.

La defensa de Forcadell argumenta que ella se limitaba a recepcionar las propuestas de los grupos políticos y llama la atención sobre el hecho de que el resto de los miembros de la Mesa estén procesados solo por desobediencia y no por rebelión. De hecho, serán juzgados en el TSJ de Cataluña y no en el Supremo.