El Gobierno más breve de la democracia: así han sido los ocho meses de Pedro Sánchez

• Las elecciones pondrán fin a un Gobierno que presume de progresista, feminista y ecológico
• Un Ejecutivo en minoría apoyado en Unidos Podemos que caminaba en la cuerda floja entre la derecha y el independentismo

El Gobierno más breve: así han sido los ocho meses de Pedro Sánchez en la Moncloa

La convocatoria de elecciones para el 28 de abril pone fecha fin al Gobierno más breve de la democracia. Un Ejecutivo insólito que nació en junio rompiendo con las fórmulas anteriores: gracias al éxito por primera vez de una moción de censura contra Mariano Rajoy y sustentado en una minoría de 84 diputados, el Gobierno con menos apoyos parlamentarios. Su objetivo era “recuperar la normalidad” y “convocar elecciones cuanto antes”, algo que ha precipitado finalmente la ruptura de la negociación con los partidos independentistas ocho meses después. Antes de Pedro Sánchez, el gobierno más corto fue el de Leopoldo Calvo Sotelo, que duró un año y dos meses entre 1981 y 1982.

Un Gobierno progresista, feminista y ecológico

La moción prosperó con el apoyo de Unidos Podemos, los partidos independentistas, PNV y diputados de Compromís, EhBildu y Nueva Canarias. El 1 de junio, Sánchez fue investido automáticamente presidente a mitad de legislatura y conformó un Gobierno que presumía ser progresista, feminista y ecológico. Otra novedad: más mujeres que hombres en su gabinete y el nacimiento del término inédito de ‘Consejo de Ministras’.

Sánchez reorganizó los ministerios y creó otros nuevos, incluyendo uno para la Transición Ecológica y dando más importancia al Ministerio de Ciencia. Hizo grandes fichajes estrella, con personalidades ajenas a la política. El más llamativo fue el del astronauta Pedro Duque precisamente para su Ministerio de Ciencia, decisión muy aplaudida por la comunidad científica. También destacaron el periodista Maxim Huerta para el de Cultura y Deporte, el juez Fernando Grande-Marlaska para Interior y el histórico socialista Josep Borrell para el de Exteriores.

Dos ministros dimitidos y un presidente cuestionado

Pero algunos ministros le salieron rana. Nada más tomar posesión, algunos comenzaron a protagonizar los titulares de varios medios de comunicación y dejaron trastocado al Ejecutivo.

El primero en dimitir fue Huerta tras conocerse que fue sancionado por defraudar 218.322 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar entre 2006 y 2008. Duró una semana en el cargo y se convirtió en el ministro más breve de la historia.

La crisis del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también salpicó al Ejecutivo. El 11 de septiembre la ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitió tras conocerse que plagió parte de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) -posteriormente sería imputada-, y poco después la tesis doctoral del propio Pedro Sánchez se convirtió en el foco de la actualidad después de que varios medios le acusaran también de plagio, algo que no se llegó a demostrar.

Otra de las polémicas de este Gobierno vino por la publicación de varios audios sobre las conversaciones entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el excomisario José Manuel Villarejo, en las que Delgado reconocía que sabía que jueces y fiscales se habrían ido con menores durante un viaje de trabajo a Colombia y celebraba el éxito de una supuesta red de prostitutas montadas por Villarejo para extorsionar a políticos y empresarios. Pero Delgado resistió a los embistes y se negó a dimitir pese a haber sido reprobada en el Congreso hasta tres veces.

El siguiente ministro envuelto en la polémica fue Pedro Duque por una sociedad patrimonial a través de la cual había comprado un chalé de lujo en Jávea (Alicante). El ministro publicó en octubre un informe que determinaba que habría pagado más impuestos de los que le correspondía y el caso no fue a más. Y la última fue la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, tras unas informaciones que apuntaban que habría ocultado bienes en su declaración, algo por lo que pidieron explicaciones PP y Cs pero que tampoco fue demostrado.

Gobierno vía decreto ley y apoyo en Podemos

Los 84 diputados del PSOE dejaban desde el principio a Pedro Sánchez poco margen para maniobrar. Necesitaba aliados y los únicos con los que pudo contar con casi seguridad fue Unidos Podemos, frente a un bloque de derecha que se iba haciendo más fuerte y con el amago de la extrema derecha de entrar en primera línea de la política, tal y como ha ocurrido en Andalucía, donde PP y Cs pactaron para gobernar con el apoyo de Vox.

El Gobierno sacó adelante sus principales medidas recurriendo en múltiples ocasiones al decreto ley. Entre las más destacadas están la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, el incremento de las pensiones o la subida salarial del 2,25% para los funcionarios. Y ha sido hacia el final de su mandato cuando ha puesto en marcha una de sus promesas estrella: la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Quedan frustradas, por contra, las medidas que iban ligadas a los Presupuestos, como la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, el aumento de la inversión en medidas contra la violencia de género, la subida del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros y del impuesto al diésel o la bajada del IVA para productos como los de higiene femenina.

Rectificaciones

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido criticado en varias ocasiones por los grupos de la oposición por haber rectificado en algunas cuestiones, siendo una de las más polémicas la de la suspensión por parte de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, de la venta de armas a Arabia Saudí para proteger los empleos de Navantia en la Bahía de Cádiz.

El Gobierno aseguraba estar comprometido con los Derechos Humanos, y por ello su primera medida fue acoger al barco Aquarius el pasado mes de junio para rescatar a los inmigrantes que viajaban en él. Sin embargo, el Ejecutivo fue criticado más tarde por lo contrario: defender ante Estrasburgo las devoluciones en caliente.

El Gobierno también ha cambiado de postura en diferentes ocasiones cobre cuándo convocar elecciones. En un principio, iba a ser "cuanto antes", posteriormente el Ejecutivo exponía su intención de agotar la legislatura y más tarde vinculó y desvinculó la convocatoria en función de si aprobaría o no los Presupuestos Generales del Estado.

Pedro Sánchez reculó a su vez en varias medidas que prometió nada más comenzar su mandato, como la reforma de la financiación autonómica- que renunció llevar a cabo por "falta de tiempo" en esta legislatura-, la derogación de la reforma laboral del PP -porque no tenía los apoyos necesarios más allá de Unidos Podemos y redujo su ambición de derogar por completo-, o la publicación de los nombres de quienes se acogieron a la amnistía fiscal del PP. Por último, Sánchez tuvo que revertir su proyecto inicial de renovar el Consejo de Administración de RTVE por concurso públicoi tras una votación fallida en el Congreso de los Diputados. Nombró entonces a una administradora única, Rosa María Mateo.

Funambulista entre los independentistas y la derecha

Mientras gobernaba, Pedro Sánchez se movía entre la espada y la pared respecto a la crisis catalana. Retomó las cumbres bilaterales con la Generalitat, aprobó algunas medidas simbólicas retratadas en su Consejo de Ministros en Barcelona y ha mantenido abierto el diálogo con los partidos independentistas hasta la semana antes de aprobar los Presupuestos, llegando a aceptar la figura de un ‘relator’ para resolver el conflicto político.

Pero todos esos movimientos fueron duramente criticados por PP y Ciudadanos. El líder popular, Pablo Casado, fue el más hostil, llegando a acusarle de “felón”, de ser “partícipe y responsable” de un golpe de Estado, de vender a España y de “traicionar a los españoles”. El de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba que Sánchez era un “peligro” para el país. Ambos movilizaron a decenas de miles de personas el pasado domingo para "echar" a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Y entre tanto, los independentistas hacían unas exigencias que suponían una “línea roja” para el Gobierno que ni quería, ni podía conceder, como dijo Pedro Sánchez en alguna ocasión. Entre ellas, interceder ante la Fiscalía para que retirara la acusación de rebelión a los presos del ‘procés’ o dialogar sobre un referéndum de autodeterminación para Cataluña.

ERC y PDeCAT descompusieron el pasado miércoles esa mayoría de la moción de censura que Sánchez quería reeditar para los Presupuestos y éstos fueron rechazados en el Congreso. Con un Gobierno en minoría y sin sacar adelante la ley más importante de un Ejecutivo, que son las cuentas públicas, a Sánchez no le ha quedado otra que convocar elecciones anticipadas.