El juez del 'caso Madeja' lleva a juicio a PSOE e IU por lucrarse de una trama de corrupción en Sevilla

• La causa investiga la adjudicación irregular de contratos públicos a Fitonovo a cambio de sobornos a funcionarios
• De la Mata reprocha a Fiscalía y, en menor medida, a Abogacía del Estado, la falta de acusación sobre algunos investigados

El ex primer teniente de alcalde de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos en una imagen de archivo a su llegada a los Juzgados sevillanos.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a juicio a 88 personas por el caso Madeja o Fitonovo, sobre la adjudicación irregular de contratos públicos a esta empresa a cambio de sobornos a funcionarios, así como al PSOE e IU por lucrarse de los beneficios de esta trama en el Ayuntamiento de Sevilla.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha adoptado esta decisión, la apertura de juicio oral, en siete autos que corresponden a las siete piezas en las que se divide esta causa de la que en su día se inhibió en favor de este tribunal la juez que instruyó el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya.

De la Mata abre juicio oral por los delitos consignados en los escritos de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

En estas resoluciones, el juez reprocha a la Fiscalía y, en menor medida, a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto a algunos investigados, que llegaron a ser un centenar, lo que obliga a archivar la causa para ellos.

PSOE e IU como partícipes a título lucrativo

En la pieza separada denominada `Ayuntamiento de Sevilla', el instructor de la Audiencia Nacional atribuye la condición de partícipe a título lucrativo al PSOE y a IU, ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los imputados, “consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)”.

De este modo, indica, el PSOE resultó beneficiado en un importe de 159.839,36 euros e IU por 155.000 euros.

Explica el auto que tres de los investigados, el exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla José Manuel García Martínez, el ex primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y el miembro de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona, “recibieron un total de 155.000€ de Fitonovo SL, para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron en relación con expedientes de once campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas).

Por su parte, “Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez Lobo, de igual manera consiguieron que Fitonovo SL, a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa”, asumiera “el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena del Partido Socialista Obrero Español, así como otros pagos en efectivo”, concluye el juez.

"Múltiples indicios" de una estrategia de blanqueo

El instructor considera que hay "múltiples indicios" de que varios de los investigados "diseñaron, planificaron e implementaron la estrategia de blanqueo" de la familia González Baro y señala que pese a ello la Fiscalía y la Abogacía del Estado no formularon acusación contra ellas, aunque la Abogacía del Estado los considera miembros de la organización criminal y expresa que "cada uno de ellos contribuyó a la estrategia de blanqueo de capitales".

Es "difícilmente comprensible" la falta de acusación por determinados delitos para algunos investigados, añade De la Mata, en relación a los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios que diseñaron la "estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados".

A lo largo de los siete autos, el juez explica que la dirección de Fitonovo SL creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares.

Esta infraestructura se hizo, según el magistrado, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Prácticas corruptas durante 15 años

La prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, prosigue el magistrado, “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa".

Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples administraciones, tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades.

De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”. En añadido, prosigue el instructor, la dirección de la trama criminal creó otras empresas (Fiverde, Agropombo, Angoro, Grantalis, etc.), ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias.

Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, dice el juez, la empresa Fitonovo S.L. tenía constituida una 'caja B' que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

De la Mata, que da un plazo de 20 días para presentar los escritos de las defensas, impone fianzas de responsabilidad civil de hasta 13 millones de euros para cubrir las "eventuales cantidades" que haya que satisfacer en caso de que haya condena.