El Congreso aprueba la ley hipotecaria y da tres meses a la banca para aplicar el nuevo reparto de gastos
- La nueva ley de crédito inmobiliario no entrará en vigor al menos hasta finales de mayo
- El congreso mantiene el impuesto a la banca sobre primera vivienda y tumba el tipo cero al impuesto hipotecario
La nueva ley de crédito inmobiliario entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no a los 30 días, al avalar el Congreso este jueves la enmienda del Senado que daba más margen a las entidades financieras para adaptarse a la legislación.
El cambio, que se ha votado este jueves en el Pleno del Congreso junto al resto de enmiendas introducidas por el Senado en la ley, ha sido respaldado por PP, Ciudadanos, PDeCAT, UPN y Foro Asturias, mientras que PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria se han opuesto, sin éxito, a la enmienda.
De esta forma, la nueva ley de crédito inmobiliario, que ha sido aprobada definitivamente por el Congreso y ha quedado lista para su publicación en el BOE tras este último trámite parlamentario, no entrará en vigor al menos hasta finales de mayo, una vez que el plazo máximo para trasponer esta directiva europea expirara hace ya tres años, en marzo de 2016.
Mantiene el impuesto hipotecario a la banca sobre primera vivienda
Sin embargo, el Congreso sí que ha rechazado la propuesta del PP para condicionar la entrada en vigor de las nuevas condiciones de transparencia material -entre ellas el nuevo reparto de gastos- a un desarrollo reglamentario.
El PP había introducido en el Senado, donde tiene mayoría, la enmienda para eliminar el IAJD -que en el pasado pagaban los clientes y que, por decisión del Gobierno, pasó a asumir la banca- pero la modificación debía ser votada de nuevo por el Pleno del Congreso de este jueves.
Finalmente, la enmienda del PP ha sido rechazada por 302 votos (incluidos los del propio Grupo Popular) y sólo ha cosechado 31 votos a favor, los de Ciudadanos.
Además del IAJD, los bancos deberán pagar las primeras copias del notario, los gastos del registro y los de la gestoría, mientras que el cliente abonará las segundas copias del notario y los gastos de tasación.
Tumba el tipo cero al impuesto hipotecario
La norma elimina las cláusulas suelo y es más exigente con el inicio del procedimiento de desahucio, que solo podrá comenzar si hay 12 cuotas impagadas o el 3 % del capital prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, o 15 cuotas o el 7 % en la segunda mitad del crédito.
Así, la nueva ley hipotecaria añade elementos de protección al consumidor y equilibra el reparto de los gastos que conlleva la constitución de un crédito hipotecario entre el banco y el cliente.
En las votaciones de este jueves, el Congreso ha recuperado las comisiones por amortización anticipada en las hipotecas a tipo fijo, que el PP había duplicado en el Senado. La nueva ley fija un límite máximo a estas comisiones del 2% en los diez primeros años de vigencia del crédito y de un 1,5% a partir de entonces.
Una modificación de la Cámara Alta que sí que se mantiene es la que afecta al carácter retroactivo de la ley en lo que respecta a aquellas hipotecas con cláusulas de vencimiento anticipado, donde se regulan las condiciones de ejecución del crédito (paso previo a un desahucio).
Un proyecto aprobado por Guindos en 2017
La ley es el resultado de la transposición de una directiva europea que va con casi tres años de retraso, por el que la Comisión Europea amenazaba a España con una multa de más de 100.000 euros diarios.
La ley finalmente establece que los consumidores con hipotecas que contengan estas cláusulas deberán decidir qué régimen le resulta más favorable y, por tanto, si se acoge a la nueva ley hipotecaria o al vigente en la firma del contrato.
Con las votaciones de este jueves en el Congreso, se pone fin así a un trámite parlamentario iniciado por el entonces ministro 'popular' Luis de Guindos, que aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley en noviembre de 2017.
Sin embargo, el grueso de la tramitación parlamentaria se produjo ya bajo el Gobierno del PSOE, que trató, sin éxito, un paso acelerado de la ley por el Congreso por la vía de urgencia, y debió negociarla con el resto de fuerzas. Finalmente, la ley se aprobó en el Congreso con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCAT, PNV, y los votos en contra de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu.