El Congreso aprueba una ayuda de 600 euros para todos los huérfanos por violencia contra la mujer

• Los grupos parlamentarios ha apoyado la nueva norma que incluye tres enmiendas introducidas por el Senado
• El Congreso rechaza una enmienda del PP que acaba con el aumento del horario lectivo docente

Los huérfanos víctimas de violencia de género cobrarán unos 600 euros

Todos los hijos de víctimas de maltrato machista y de madres asesinadas por cualquier otro tipo de violencia contra la mujer tendrán derecho a una pensión de orfandad de unos 600 euros después de que los grupos parlamentarios hayan anunciado en el Congreso que apoyarán la proposición de ley que mejora estas ayudas.

A falta de la votación final, los portavoces parlamentarios han avanzado este jueves durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja su voto a favor del texto que ha llegado del Senado con la incorporación de cuatro enmiendas del PP.

Unas mejoras que supondrán una prestación mínima de unos 600 euros, ahora son 140, para los hijos de víctimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos, 500 días en los últimos 5 años.

Y para los huérfanos que sí las perciben, se les aumenta del 52 al 70 % el cálculo de la base reguladora de las madres, y al 118 % si hay más de un beneficiario, con lo que se asegura que reciban ese mínimo de 600 euros al mes.

Estas pensiones tendrán un efecto retroactivo desde 2004, cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género, aunque en el texto no se ha incluido que se concedan estas ayudas a otros huérfanos absolutos, cuando el menor se queda sin padre y madre, por cualquier otra circunstancia, como han reclamado varios partidos.

Plazo máximo de tres meses

En este sentido, la diputada del PP Mar Cotelo ha acusado al PSOE, impulsor de la iniciativa, de "esconderse" en el Pacto de Estado contra la violencia machista "para hacer huérfanos de primera y de segunda porque ahora sólo tocaban los huérfanos de violencia de género".

"Se han olvidado de que el objeto final de esta proposición es beneficiar a todos los huérfanos, no sólo a los que han convertido en privilegiados", ha remarcado.

En el texto, no obstante, se incluye que el Gobierno realice en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta modificación en la ley un estudio para analizar otros casos de orfandad absoluta, como en accidentes de tráfico, para que reciban prestaciones de idénticas cantidades.

Una disposición adicional que se paraliza "al convocar elecciones", ha advertido Cotelo, quien ha adelantado que en la próxima legislatura, "cuando volvamos a ser Gobierno", retomarán la propuesta para reconocer a los huérfanos "que hoy dejan desamparados".

Tendrán derecho a las pensiones que este jueves se aprueban los hijos de las víctimas que en el momento de la muerte sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo, aunque se podrán mantener hasta los 25 años cuando estén estudiando o no tengan recursos.

Asimismo, tendrán derecho a ellas los hijos de funcionarias de clases pasivas, es decir, aquellas que se mantienen en ese régimen desde antes de 2011, como beneficiarios de estas pensiones.

Fin al aumento del horario lectivo docente

Además, el Congreso ha rechazado una enmienda del Partido Popular incorporada en el Senado para establecer que los maestros de Primaria tengan 23 horas lectivas y los profesores de Secundaria 18 en toda España, independientemente de la comunidad donde ejerzan.

De este modo, la ley aprobada establecerá que los gobiernos autonómicos decidan el horario lectivo de sus docentes, siempre que no se superen las 23 horas semanales.

La enmienda del PP ha sido rechazada por 168 diputados, entre ellos los del PSOE, Unidos Podemos y formaciones nacionalistas como PNV, frente a los 165, donde se encontraban PP y Ciudadanos, que respaldaban su incorporación.

La ley aprobada elimina también la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan elevar más de un 20% las ratios máximas de alumnos por aula, también el plazo de hasta diez días lectivos para sustituir a profesores de baja que estableció el gobierno de Rajoy.

Esta última medida "entrará en vigor en el momento en que la ley sea publicada", aseguró la ministra Celaá el pasado mes de septiembre. Sin embargo, la reducción de la jornada lectiva de los docentes y del ratio por aula tendrán que esperar al curso escolar 2019-2020.