El supuesto inductor del asesinato de Ardines pagó 35.000 euros a los sicarios

• Pedro L.N.A pagó 25.000 euros a los dos sicarios no profesionales y otros 10.000 al arrestado como mediador
• Javier Ardines, de 52 años, falleció por golpes en la cabeza a 300 metros de su casa el pasado 16 de agosto

Pedro L. N. A., supuesto inductor del asesinato por encargo del concejal de Llanes a su llegada al Juzgado

El presunto inductor del asesinato del concejal de Llanes Javier Ardines pagó 25.000 euros a los dos sicarios no profesionales y otros 10.000 al arrestado como mediador, según ha manifestado uno de los supuestos autores materiales del crimen ante la juez.

El argelino D.B. fue el único de los tres detenidos en Vizcaya por el crimen del concejal que anoche contestó a todas las preguntas que le formularon las partes durante su comparecencia ante la juez instructora, que ayer jueves decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de todos ellos como supuestos autores de un delito de asesinato.

El cuarto arrestado, también de nacionalidad argelina e igualmente supuesto autor material del crimen cometido el pasado 16 de agosto en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría, se encuentra pendiente de su extradición desde Suiza, donde permanece detenido por un delito de robo con fuerza.

Durante su extenso relato, D.B. ha explicado que dos meses antes de que se consumara el crimen, tanto él como el argelino que está en Suiza se desplazaron hasta Belmonte de Pría, donde residía Ardines y donde el presunto inductor del crimen, Pedro L.N.A., posee una residencia de verano a tan sólo cien metros de la del concejal, para supervisar el terreno.

Un susto al concejal

Una vez en Belmonte, intentaron llevar adelante su plan inicial de "dar un susto al concejal", según su declaración, y para ello colocaron una valla de obra que había en las inmediaciones para obligar al concejal a parar su vehículo cuando, siguiendo su rutina diaria, Ardines se dirigiera al puerto donde tenía su embarcación "Bramadoria".

Sin embargo, Ardines esquivó la valla y salió por un lateral, por lo que frustró su plan y tuvieron que abortarlo.

Así, el 16 de agosto de 2018, los dos argelinos lo intentaron de nuevo y colocaron tres vallas de obra para bloquear el paso a Ardines y, agazapados, esperaron su llegada y cuando éste se bajó, con el motor en marcha y la puerta del piloto abierta, para retirarlas, le echaron un espray de gas pimienta en el rostro.

Los dos argelinos iban provistos con un bate de béisbol y una pala, instrumentos con los que golpearon al edil, pero Ardines "echó a correr" y, según el testimonio de D.B., cuando había recorrido unos 70 metros, le alcanzaron.

D.B. mantuvo en todo momento, a lo largo de las dos horas que duró su declaración, que él creyó que Ardines "estaba vivo" cuando él huyó del camino, aunque admitió que oyó que su compañero, antes de marchar del lugar, volvió a golpear al concejal.

Exposición de seis minutos

Por su parte, Pedro L.N.A. eludió responder a las preguntas de las partes, pero hizo "una breve exposición", de apenas seis minutos, que aprovechó para negar que conociera a los dos argelinos y cualquier relación con el crimen y se limitó a decir que conocía a Jesús M.B. , "por motivos profesionales".

Los investigadores tienen constatado que la señal del teléfono móvil del argelino que permanece arrestado en Suiza fue detectada por un repetidor en la zona y en el momento de la muerte violenta del concejal.

Este cuarto implicado, que se encuentra en prisión en Suiza por un delito de robo con fuerza, podría ser extraditado a España en menos de tres meses.

La titular del juzgado ha levantado el secreto de sumario y, según los investigadores, Pedro L.N.A. encargó a dos sicarios no profesionales y procedentes del mundo de las drogas con la colaboración de un amigo, movido por los celos derivados de su obsesión por una supuesta relación de Ardines con su mujer.

Los tres detenidos el martes en Vizcaya han pasado su primera noche en la cárcel de Asturias, donde la dirección del centro tendrá que adoptar las medidas necesarias para evitar que puedan producirse incidentes entre los acusados, a quienes se imputa un delito de asesinato.