La Justicia suspende de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar a Franco

• El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tiene tres días para presentar alegaciones al texto judicial
• El Gobierno admite que las demandas pueden retrasar la exhumación y su tramitación continúa con "absoluta normalidad"

La Justicia suspende de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar a Franco

El juez josé Yusty Basternache ha suspendido de forma cautelar el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El magistrado, perteneciente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, se basa en el informe pericial de los dos arquitectos contratados por la Fundación Francisco Franco: José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, quienes señalan que al plan del Gobierno le faltan "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la sepultura de Franco".

Tras conocer la decisión, el gobierno de Pedro Sánchez ha afirmado que el expediente de exhumación y posterior reinhumación del dictador continúa su tramitación con "absoluta normalidad".

Aún así, el Ejecutivo ha lamentado este martes el "obstruccionismo" que está practicando el "entorno" de Francisco Franco para evitar la exhumación del dictador presentando numerosas demandas judiciales. La Justicia ha desestimado hasta siete recursos, del total de los doce que ahora tienen constancia.

Estas doce demandas judiciales, según el Ejecutivo, se están tramitando ante diferentes Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid y todas ellas con “idéntica fundamentación”. Fuentes del Ejecutivo han explicado que la Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la posibilidad de acumular todos estos procedimientos judiciales en uno solo.

En el Gobierno consideran que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, como el que ha dictado el auto, "no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo".

Paralizada la licencia tras la demanda de un particular

En un auto fechado el 25 de febrero, Basternache paraliza cautelarmente la licencia de obras estimando la demanda de un particular.

El magistrado impugna el informe del consistorio con fecha del 26 de noviembre de 2018 por el que se declaraban "admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco" y su "traslado a otro lugar".

El juez argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 implica la "inminencia de la citada exhumación" con las obras y subraya que en el "caso de autos no se aprecia especial urgencia" para exhumar a Franco que lleva en el Valle de los Caídos 44 años.

Posteriormente, apunta que lo "realmente importante" de la demanda es que "a falta de expediente administrativo", que no disponen de ello, dudan de que las obras sean "conformes a la legalidad vigentes" y si se pueden efectuar "con seguridad para las personas".

"Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso", advierten al tiempo que vislumbran un "riesgo evidente".

Tres días para las alegaciones

Desde Moncloa, además, critican que el auto declare la suspensión cautelarísima de las actuaciones urbanísticas "sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento", al que da ahora tres días para que presente alegaciones.

"Estamos en presencia de un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático, que fue la exhumación del dictador de una tumba de Estado como es la Basílica del Valle de los Caídos", lamentan desde el Gobierno.

Hasta la fecha, le constan al Ejecutivo doce demandas judiciales. Según subraya, en siete de ellas se han rechazado ya las medidas cautelarísimas, y el caso conocido este martes es el único en el que el juzgado admite unas cautelares urgentes sin escuchar a la otra parte.

En el Gobierno están "convencidos" de que cuando el juzgado escuche al Ayuntamiento y sus argumentaciones dictará una resolución tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo del asunto.

Moncloa considera en cualquier caso que tantas demandas individuales con la misma fundamentación jurídica solo buscan una cosa, obligar a que sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto para aumentar las probabilidades de que alguno, como ha ocurrido en este caso, dé la razón a la parte demandante.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes, al llegar a la presentación de la Fundación Pedro Zerolo, que la decisión del juzgado no va a paralizar "nada" respecto a la exhumación de Franco, pese a que la licencia urbanística para llevarla a cabo ha sido suspendida cautelarmente

Un juez que se posicionó respecto a la memoria histórica

El auto lo ha dictado el juez Yusti, quien en 2007 redactó un artículo titulado Gobierno y armada española en la monarquía absoluta en el que acusaba al entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de revivir "con oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles", en relación a la ley de Memoria Histórica.

Es también el mismo juez que en 2017 prohibió un acto previsto a favor del referéndum soberanista del 1-O en un local municipal de Madrid y planteó que la libertad de expresión se puede ejercer en cines, teatros o en la calle y plazas, pero no en un espacio cedido por el Ayuntamiento.