Los letrados del Parlament contradicen a Forcadell y declaran que tenía que haber inadmitido las leyes de desconexión

• Muro y Bayona explican que la Mesa puede entra al fondo cuando una propuesta sea contraria a la Constitución
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El ex letrado mayor del Parlament declara que advirtieron a la Mesa por escrito y verbalmente

Hasta cuatro testigos, entre ellos los dos letrados del Parlament que advirtieron a la Mesa en contra de la tramitación de las leyes de desconexión, han contradicho este lunes en el juicio del 'procés' el principal argumento que expuso la semana pasada la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell, cuando defendió que facilitó la admisión de la ley de referéndum y de la ley de transitoriedad, entre otras iniciativas independentistas, porque "no es potestad de la Mesa entrar en el fondo de las propuestas" y porque no podía "censurar" el debate parlamentario.

Tanto el todavía secretario general del Parlament, Xavier Muro, como el ex letrado mayor de la Cámara Antoni Bayona han explicado ante el Tribunal Supremo que con carácter general la Mesa solo puede valorar motivos de forma, pero que se pueden inadmitir a trámite propuestas por motivos de fondo si son contrarias a la Constitución. En este sentido, han señalado que hicieron numerosas advertencias tanto por escrito como verbales aunque sus informes no fueran "ni preceptivos ni vinculantes".

Xavier Muro, que ha declarado ante el tribunal sin ser enfocado por las cámaras como había solicitado, ha explicado que la jurisprudencia del Constitucional ya desde los años 90 establece que como "excepción" a la admisión a trámite los casos en los que "la contradicción con la Constitución sea palmaria y evidente". En el mismo sentido, Antoni Bayona ha explicado que la admisión a trámite de las propuestas como parte del derecho de participación política tiene una "salvedad" y es que estas propuestas sean "palmaria y evidentemente contrarias a la Constitución y el derecho".

Los dos letrados han contradicho así no solo a Forcadell, sino al mismo presidente del Parlament, Roger Torrent, que también ha declarado este lunes por la tarde como testigo ante el Supremo asegurando, al igual que su predecesora, que la Mesa "no entra nunca a valorar el fondo" de las propuestas parlamentarias.

Forcadell, acusada de dar una "aparente cobertura jurídica"

Forcadell se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel por rebelión por parte de la Fiscalía y de 10 años por sedición por parte de la Abogacía del Estado por haber permitido como presidenta del Parlament la tramitación de resoluciones y normas legales declaradas inconstitucionales con el presunto objetivo de dar una "aparente cobertura jurídica" al proceso de independencia.

La expresidenta del Parlament admitió a trámite las llamadas leyes de desconexión -la del referéndum y la de transitoriedad- a pesar de que el mismo 6 de septiembre de 2017 Muro y Bayona advirtieron por escrito a los miembros de la Mesa de que tenían "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente" supusiera poner en marcha el referéndum y les alertaran de las consecuencias penales.

Lo mismo hicieron en otro informe, han explicado los letrados, cuando el expresidente Carles Puigdemont pidió el 4 de octubre comparecer en el Parlament para dar cuenta de los resultados del 1-O ya que "podía significar el desarrollo de unas leyes suspendidas". La comparecencia acabó produciéndose el día 10 de octubre bajo una fórmula distinta.

Espejo (Cs): "Decían que el Constitucional no estaba por encima de la Mesa"

Los otros dos testigos que han contradicho a Carme Forcadell han sido dos exmiembros de la Mesa del Parlament: José María Espejo, de Ciudadanos, y David Pérez, del PSC. Ambos han defendido que sí se pueden rechazar tramitaciones y han relatado las numerosas ocasiones en las que advirtieron a sus compañeros de que las resoluciones del Constitucional les impedían aceptar el debate de leyes como las de desconexión.

David Pérez ha sido muy claro cuando ha señalado que como miembros de la Mesa tenían la "obligación de inadmitir [propuestas] cuando contradigan el ordenamiento constitucional". El socialista catalán ha señalado que su grupo hasta en cinco ocasiones pidió informes a los letrados relacionados con el 'procés' pero que la mayoría independentista no lo permitió.

Por su parte, Espejo ha explicado que a pesar de las advertencias que hicieron, los miembros de los grupos independentistas "venían a decir que no tenían por qué hacer caso" a los requerimientos del Constitucional para que impidieran la tramitación de cualquier medida para la celebración del referéndum porque no podían convertirse "en un órgano censor" y porque el alto tribunal, argumentaban, "no estaba por encima de las mesas de los parlamentos".

"Era bastante palmario que las iniciativas parlamentarias estaban en frontal oposición con el Tribunal Constitucional y los letrados nos estaban advirtiendo de esa circunstancia. Los letrados nos lo estaban advirtiendo (...) Todo parecía encaminado a que se llevase a cabo lo que al final pasó", ha señalado.