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Cataluña

El Govern anuncia una respuesta "combativa" a la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de las instituciones

  • Artadi: "No puede ser que se interfiera de este modo en nuestra forma de vivir y hacer política"
  • La Generalitat ha consultado con sus servicios jurídicos y hará alegaciones al documento

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La consellera de Presidencia y portavoz, Elsa Artadi, durante la rueda de prensa posterior a la reunión que el gobierno catalán. Efe/Rubén Moreno
La consellera de Presidencia y portavoz, Elsa Artadi, durante la rueda de prensa posterior a la reunión que el gobierno catalán.

La portavoz de la Generalitat catalana, Elsa Artadi, ha afirmado este martes que el Govern está trabajando con los servicios jurídicos en una respuesta "claramente combativa" a la orden de la Junta Electoral Central (JEC), que ha dado un margen de 48 horas para retirar los lazos amarillos y las esteladas de edificios públicos.

"Probablemente se harán alegaciones al documento (...) No puede ser que se interfiera de este modo en nuestra forma de vivir y hacer política", ha señalado Artadi a preguntas de los periodistas, tras protagonizar su primer acto como número 2 de la candidatura de JxCat a la alcaldía de Barcelona.

Decisión "ridícula"

Artadi, que ha calificado la demanda de la JEC de "ridícula", ha detallado que tiene previsto reunirse esta tarde con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para concretar, en base a los consejos de los servicios jurídicos y los precedentes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, la decisión que adoptarán.

La consellera de Presidencia ha recordado que en esos comicios, que se convocaron en virtud del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia, ya se vivieron "anomalías" en este sentido, como que se intentara "prohibir colores" y pancartas donde se leían las palabras "democracia" y "libertad".

La JEC ha dado la orden de retirar los lazos amarillos y las banderas nacionalistas de los edificios oficiales con el fin de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril.

El máximo órgano arbitral del procedimiento electoral adoptó el acuerdo el lunes como respuesta a una reclamación presentada por Ciudadanos, que se quejaba de la exhibición en Cataluña de "símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos".