Ciudadanos y el PP recurren a los servicios jurídicos del Congreso para frenar el decreto del permiso de paternidad

• El partido naranja ha planteado dudas sobre la constitucionalidad de esta norma, prevista para entrar en vigor el 1 de abril
• El PSOE les advierte de que si frenan la tramitación del decreto incurrirían en un delito de "prevaricación"

Ciudadanos duda de la constitucionalidad del nuevo permiso de paternidad y el Congreso pide un informe

La Mesa del Congreso decidirá este jueves si admite tramitar el decreto ley que amplía de cinco a ocho semanas los permisos de paternidad, después de que Ciudadanos, con el apoyo del PP, haya planteado dudas sobre la constitucionalidad de esta norma, según informa RNE.

Para ello, la Mesa tendrá en cuenta un informe que se ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara con el fin de determinar si un decreto ley aprobado por el Gobierno puede modificar una Ley Orgánica, algo que en opinión de Ciudadanos no puede hacerse, como ya sentenció el Tribunal Constitucional.

La no admisión del decreto crearía una situación inédita en el parlamentarismo español, según el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, de Cs, quien está convencido de que en ese caso la norma no se daría por convalidada y no podría entrar en vigor el próximo 1 de abril, como aprobó el Ejecutivo.

Prendes ha asegurado, tras la reunión de la Mesa de este miércoles, que se trata de una cuestión de carácter "técnico y jurídico, no político" para defender la función legislativa del Congreso, que ve atacada, un comportamiento que Ciudadanos considera aún más grave ahora que se encuentran disueltas las Cortes por ser período electoral.

El mismo Gobierno que disuelve las Cortes con la convocatoria anticipada de elecciones "pretende limitar y usurpar las funciones del Congreso", ha recriminado Prendes, para quien se trata de algo "inaceptable" tanto en términos constitucionales como a nivel jurídico.

El motivo: una Ley Orgánica no puede ser reformada por otra de menor rango

Ciudadanos fundamenta la posible inconstitucionalidad del real decreto ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, en que su artículo 1 modifica la Ley Orgánica para la igualdad, que no puede ser reformada por otra legislación de menor rango.

La nueva normativa aprobada por el Gobierno, y que ahora aún tiene que ser convalidada en la Diputación Permanente del Congreso, modifica dos artículos de esta ley orgánica e incluso incluye una nueva disposición transitoria.

Prendes ha recordado que, según establece la propia Constitución, la modificación de una ley orgánica exige una mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto, y no podría ser reformada mediante decreto ley.

Algo que considera avalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 60/1986 del 20 mayo sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y ha inscrito este episodio en la práctica que cree que está llevando a cabo el Gobierno de "atropello y uso partidista y electoralista" de los decretos leyes, que deben ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso.

La Mesa del Congreso se ha reunido este miércoles para estudiar un informe de los servicios jurídicos que avala, finalmente, que estos decretos se puedan tramitar como proyectos de ley y, por lo tanto, puedan ser enmendados por los grupos para introducir cambios.

El PSOE advierte a PP y Cs contra un delito de "prevaricación" si lo frenan

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha avisado este miércoles a PP y Ciudadanos de que incurrirán en un delito de prevaricación si frenan que la Cámara Baja convalide el decreto ley que amplía los permisos de paternidad.

En declaraciones a los periodistas, Simancas ha acusado al PP y a Ciudadanos de estar llevando la utilización "sectaria" y "fraudulenta" de la Mesa del Congreso y, en este caso, de la Diputación Permanente "hasta el límite del delito de prevaricación".

El dirigente socialista a argumentado que los artículos 78 y 86 de la Constitución y el 151 del Reglamento del Congreso "dejan clarísimo" que los decretos leyes que aprueba el Gobierno se tienen que someter a la convalidación del Pleno o de la Diputación Permanente del Congreso. "No hacerlo es caer en delito de prevaricación", ha insistido.

Simancas ha destacado que la Ley de Igualdad es amplia y que más del 90% de su contenido es legislación ordinaria, no orgánica, recalcando que los preceptos de la ley que modifica el decreto del Gobierno "no son de carácter orgánico". "Esto lo sabe Prendes (representante de Cs en la Mesa de la Diputación Permanente) y lo sabe Ana Pastor porque los letrados del Congreso se lo han aclarado en la reunión de hoy", ha indicado.

Sea como fuere, el socialista madrileño ha insistido en que quien determina si un decreto ley debe convalidarse o no "es el pueblo español representado en el Pleno o en la Diputación Permanente, no el PP y Ciudadanos", rechazando así que exista el riesgo de que el decreto que amplía los permisos de paternidad corra algún peligro. "PP y Cs pretenden que el Gobierno no gobierne, pero el Gobierno lo va a hacer hasta el último día", ha avisado.