El exresponsable de Diplocat reconoce pagos a "visitantes internacionales" el 1-O pero niega que fueran "observadores"

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El ex secretario general de Diplocat niega que pagaran a "observadores internacionales" el 1-O

El ex secretario general de Diplocat Alberto Royo ha reconocido que pagaron el viaje y la estancia a un grupo de diputados y europarlamentarios que se desplazaron a Cataluña en las fechas del referéndum del 1-O, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, pero ha negado que fueran "observadores internacionales" y los ha calificado de "visitantes internacionales" algo que, en su opinión, no tiene "nada que ver". La factura que abonó el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) fue de 40.591 euros, según ha confirmado su exresponsable en su declaración como testigo en el juicio del 'procés'.

Alberto Royo, que ha declarado a pesar de que podía haberse acogido a su derecho a no hacerlo por estar investigado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por estos hechos, ha asegurado que la visita de este grupo de políticos fue una más de las que organizaban durante todo el año, prácticamente cada mes, y que la idea de visitar Cataluña en esas fechas partió de ellos.

"Nos preguntaron si no organizaríamos un programa de visitantes porque querían estar en Cataluña en esas fechas para ver qué sucedía", ha comentado Royo, que ha explicado que estos viajes se hacían a veces coincidiendo con fechas concretas como podía ser el 80 aniversario de la Guerra Civil o la primera apertura de fosas del franquismo en Cataluña.

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, el exresponsable del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña ha negado que esta visita tuviera que ver con la suspensión de la Sindicatura Electoral por parte del Tribunal Constitucional. La propia Generalitat definió a varios de los expertos que visitaron Cataluña en esas fechas como "misión internacional de observación electoral".

"Nosotros no contratamos a ningún observador internacional", ha reiterado en varias ocasiones durante su declaración Royo, que se ha quejado de la "confusión" que, a su juicio, existe en los atestados policiales y en los medios de comunicación entre lo que era la Consellería de Asuntos Exteriores de la Generalitat dirigida por Raül Romeva, y el consorcio público-privado de Diplocat, aunque esta entidad recibiera del Govern más del 80% de su presupuesto.

"No éramos un ministerio de Exteriores"

"Nosotros no éramos un ministerio de Exteriores, ni nada parecido. Hacíamos diplomacia pública, que nada tiene que ver", ha destacado el testigo que ha subrayado que en el pleno de Diplocat había representación de entidades empresariales, sociales o deportivas, como el Barça. "Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo involucrado en ningún referéndum. Nos limitamos a explicar nuestro trabajo, que era explicar la realidad catalana a nivel internacional", ha incidido según recoge Servimedia.

En este sentido ha negado también que el encargo a la supuesta observadora internacional Helena Catt y a otros expertos fuese una "misión de observación electoral", sino que fue un "proyecto académico" sobre la relación entre Cataluña y España que se prolongó durante varios meses y que se terminó de abonar incluso cuando ya se había comenzado a aplicar el artículo 155. Las facturas, según la instrucción, ascendieron en este caso a más de 177.000 euros.

Sí ha reconocido que, a petición del exconseller Raül Romeva, hizo gestiones para contactar con expertos para ver "si estarían interesados en hacer observación en caso de que hubiera un referéndum legal pactado", pero que ese escenario no se dio. El testigo ha justificado que Romeva le hiciera esa petición porque Diplocat tenía experiencia en diseñar misiones de observación electoral porque ya lo había hecho en países como Costa Rica y Uruguay.