El Congreso tramitará la ampliación del permiso de paternidad

• Los letrados han descartado que pueda ser inconstitucional, como preguntó Ciudadanos
• Se incluirá en la próxima reunión de la Diputación Permanente que aún no está fijada

Imagen de archivo de un padre cuidado a su bebé

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha aceptado finalmente debatir la convalidación del decreto ley del Gobierno por el que se aumentan los permisos de paternidad a ocho semanas, después de que los servicios jurídicos de la Cámara no hayan encontrada ninguna traba para hacerlo, porque sus modificaciones a la Ley de Igualdad de 2007 "no afecta a la parte orgánica" de la norma.

Este informe de los letrados fue solicitado este miércoles por Ciudadanos al entender que la norma que tiene que ser convalidada por la Diputación Permanente podía ser inconstitucional al modificar preceptos de una ley orgánica a través de un decreto.

El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros y debe ser convalidado por la Diputación Permanente estando las Cortes Generales ya disueltas por la convocatoria de elecciones generales.

Dentro del marco legal

Sin embargo, los servicios de la Cámara han determinado que no existe tal riesgo. Así lo han explicado fuentes parlamentarias, que han precisado además que este decreto ley, que entra en vigor el 1 de abril, no modifica aspectos de una ley orgánica sino contenidos de regulación ordinaria de modo que no hay problemas de inconstitucionalidad.

Por tanto, dicen, el decreto ley entra dentro del marco legal y puede ser calificado y tramitado por la Mesa para ser convalidado por la Diputación Permanente en el plazo de un mes a partir de la aprobación. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de abril pero la convalidación podría ser posterior.

La Mesa ha acordado que el decreto se pueda incluir en la próxima reunión de la Diputación Permanente, aún por fijar.

Por su parte, el vicepresidente primero del Congreso y diputado de Ciudadanos, José Ignacio Prendes, se ha congratulado de la celeridad con la que se ha realizado el informe después de que él mismo planteara este miércoles dudas sobre la constitucionalidad del decreto. Dudas que, ha reconocido, han quedado "despejadas", garantizando así que la tramitación de esta iniciativa continúe con "seguridad jurídica". .