¿Por qué dice el PP que el voto a Vox beneficia a Sánchez? Teoría y práctica del voto útil

• Los sesgos electorales motivan que el PP pida a Vox que no se presente en media España
• La explicación está en la fragmentación del voto de derecha en las provincias pequeñas

Pablo Casado cocina junto al chef Iván Acedo en el resturante Aura, en Zaragoza.

Hace semanas que el Partido Popular tiene marcadas en el mapa casi una treintena de provincias clave para amarrar escaños en las elecciones generales del 28A, pero ahora el rival directo por el voto del centro-derecha no es únicamente Ciudadanos, sino Vox, y el mensaje del líder, Pablo Casado, es inequívoco: los votos que no se queden en el PP podrían beneficiar no ya a sus competidores, sino al bloque contrario: al PSOE, a Podemos e incluso a Bildu y los independentistas.

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En la prensa se ha bautizado como "efecto Álava", porque en el cuartel general del PP calculan que más del 50% de los votos a Vox en esta provincia vasca favorecerían a Pedro Sánchez. Por esta razón, Casado ha hecho a Santiago Abascal una petición insólita a un partido con el que no le une ninguna alianza: que no se presente en las provincias pequeñas, las que reparten seis escaños o menos, que son nada más y nada menos que 28, más de la mitad, porque calculan que Vox no lograría diputados y además impediría que el PP los sumara, en beneficio de la izquierda y el soberanismo. Vox se ha negado y pretende mantener todas sus candidaturas. Pero, ¿en qué se basan los 'populares' para actuar así? ¿Es cierto que los votos a Vox podrían beneficiar a la izquierda?

¿Es cierto que existe el voto útil?

El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Francesc Pallarés ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso cómo funciona la Ley D'Hondt, si es cierto que existe el voto útil y quién sale beneficiado y quién perjudicado con el reparto de escaños en cada proceso electoral.

El sistema electoral en España, basado en un reparto proporcional de escaños conforme a la llamada ley D'Hondt, garantiza una distribución justa de las actas en circunscripciones donde se eligen siete o más escaños, pero favorece a los partidos mayoritarios en las que son más pequeñas.

Es un sesgo en favor de la mayoría, es decir, de los partidos más votados en esa provincia, que no depende tanto de la fórmula como del reducido tamaño del pastel a repartir, es decir, de que la circunscripción reparte pocos escaños a muchos jugadores.

Por lo tanto, el "coste” de cada escaño se encarece y, al aplicarse la fórmula electoral que establece la ley D’Hondt, partidos que rondan el 15% de los votos en una provincia de las que reparten tres, cuatro o cinco escaños pueden quedarse sin ningún representante. Ese es el "voto tirado a la basura" al que apelan los candidatos en campaña para justificar el "voto útil" por su opción, el que sí suma. Es un voto táctico, un voto que el profesor Pallarés califica en la práctica de "chantaje" al votante porque le conmina a inclinarse por la que no es su primera opción.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - ¿Es cierto que existe el "voto útil"? - Escuchar ahora

Esto hace que sólo partidos con gran implantación territorial, como PP y PSOE, tengan facilidad para conseguir escaños, de forma que apoyar a nuevos partidos como Cs o Vox implique dividir el voto del centro-derecha y reducir las posibilidades del partido de Pablo Casado de lograr representación, sostiene la argumentación de las filas 'populares'.

El PP no hace más que repetir la estrategia que aplicó en las pasadas elecciones generales de 2016. Aplicada con precisión y repetida en las provincias adecuadas, le permitió hace tres años recuperar casi 700.000 votos y 14 escaños respecto a las de diciembre de 2015, a la vez que hizo retroceder en más de 300.000 votos y ocho escaños a Ciudadanos.

¿La explicación? No culpen a D'Hondt, sino a las tres Españas electorales

Es un tópico conocido que los votos de un soriano son más fuertes que los de un madrileño, y es también en un lugar común culpar de esto a la ley D´Hondt. Pero no es cierto; la auténtica clave está en el número de escaños otorgados a cada circunscripción. Para entender este mecanismo en poco más de un minuto, el siguiente vídeo.

Mostramos cómo funciona la ley D'hont en el reparto de escaños

En la práctica, es como si las elecciones generales se celebraran en tres Españas diferentes:

1) La de las circunscripciones pequeñas, las que otorgan cinco o menos escaños, que -y no es casualidad, sino un propósito buscado por los constituyentes al construir el sistema democrático en la Transición- además se corresponde con una España demográficamente más rural e históricamente más conservadora.

Son 28 provincias. La mayoría de estas provincias se encuentran en las dos Castillas y Aragón y se las reparten casi en exclusiva PP y PSOE. Con cuatro partidos nacionales en liza en 2016 -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos-, 12 de ellas siguieron siendo bipartidistas, y de hecho, cinco de ellas, Palencia, Cáceres, Cuenca, Ciudad Real y Teruel, han repartido sus escaños en exclusiva a estos dos partidos en todos los comicios celebrados desde 1977.

En algunas de las siete provincias que reparten cinco escaños, como Valladolid, Castellón y Cantabria, Ciudadanos logró representación en 2016, que le costaron unos 50.000 votos, en torno al 15% de los sufragios emitidos.

2) La de las circunscripciones medianas, de seis a nueve escaños. En estos casos, los terceros partidos con implantación nacional no son tan castigados. En ellas, el listón de apoyos para lograr asiento en el Congreso es más bajo y Cs, Podemos y Vox pelearán con fuerza para hacerse con un acta en el Parlamento.

3) La España de las circunscripciones grandes, de diez o más escaños, donde sí se manifiesta una mayor proporcionalidad a medida que crece el número de diputados que se reparten, y donde no se manifiestan del mismo modo los posibles efectos de infrarrepresentación que sufren los partidos alternativos.

¿Es cierto que votar a Vox podría beneficiar a la izquierda?

Sí, por los efectos de la ley D'Hondt en la primera las 'Españas electorales' citadas más arriba.

Cuanto más pequeño es el número de escaños a repartir, menos proporcional resulta el reparto de votos. En las provincias de tres, cuatro o cinco escaños, Vox puede arrebatar suficientes votos al PP como para complicarle obtener un segundo escaño pero no tantos como para alcanzar ellos su propio diputado. Al final, el diputado en liza podría acabar, en efecto, en manos de uno de los partidos de la izquierda, o en las provincias con partidos independentistas, en uno de estos.

La realidad es que el voto a Vox funcionará mejor en la 'España de las circunscripciones grandes'. Es el mismo mal que aquejó a Izquierda Unida durante décadas por su implantación territorial relativamente baja, el que sufrió Ciudadanos en 2016, y el mismo efecto del que se benefician los partidos nacionalistas, con menor número de votos pero mayor concentración en sus regiones, lo que les permite optimizar su rendimiento en término de votos y escaños.

De aquí surge también el incentivo de algunas formaciones de formar coaliciones para poder ser más competitivos, como la firmada esta semana en Navarra por UPN con PP y Ciudadanos, Navarra Suma, para presentarse juntos en esta comunidad en las elecciones de abril y mayo.

¿Cómo se podrían corregir estos efectos?

La respuesta es tan clara como compleja: una reforma electoral. Un sistema electoral consta de tres elementos básicos: el número total de diputados, el reparto de estos en circunscripciones y la fórmula electoral, y con solo cambiar uno de ellos se provocaría una profunda transformación de las reglas del juego político y del comportamiento de los jugadores.

De estos elementos, solo el segundo -la circunscripción española es la provincia- está fijado en la Constitución, y requeriría una reforma de esta para transformarlo y que la circunscripción pasara a ser única, como en las elecciones europeas, o la comunidad autónoma.

Pero sin un consenso amplio para la reforma de la Constitución, que garantice un sistema que no beneficie a una única parte, tal paso no sería posible ni conveniente, menos aún sin resolver el debate político que justifica el mayor peso de las provincias pequeñas por la necesidad de dar voz a la "España vaciada". "En la práctica no sirve para promocionar su desarrollo", objeta Francesc Pallarés. "Si se quiere instalar un depósito de residuos en Soria o en Lérida, aunque tengan dos, tres o cuatro escaños de prima se lo van a poner igual, porque el resto de diputados van a votar ponerlo allí".

Sin necesidad de una reforma constitucional, se pueden modificar los otros dos elementos. La legislación permite tener hasta 400 diputados en el Congreso -en la actualidad son 350-, y cuantos más se eligieran más proporcionalidad se conseguiría en conjunto. Sin embargo, esta medida no goza de popularidad y no es la preferida por quienes propugnan una actualización del sistema.

El cambio en la fórmula electoral aparece como la reforma más sencilla, con la llamada fórmula de Saint-Laguë como la favorita para sustituir a la ley D'Hondt, porque afina la proporcionalidad en las circunscripciones pequeñas y medianas, de modo que el porcentaje de escaños esté más parejo al de los votos. Bastaría con una mayoría absoluta para reformar la Ley Orgánica que regula el sistema electoral (LOREG), y reduciría los argumentos a favor del sempiterno "voto útil".