Cuando el acoso inmobiliario llama a la puerta: ratas en los bajos, plagas de termitas y plomo en las cañerías

• El Ayuntamiento de Barcelona lleva por primera vez a la Fiscalía un caso por acoso inmobiliario, amparados por una ley catalana
• El consistorio propone una multa administrativa a los propietarios de 90.001 euros

Primer caso de mobbing inmobiliario que investiga el ayuntamiento de Barcelona

"Teníamos y seguimos teniendo una plaga de termitas en el edificio, las cañerías están en estado deplorable que hace que el agua tenga exceso de plomo". Con estas palabras describen Alpha y Fran, una pareja de treintañeros que viven en un piso en la calle Floridablanca 92 en el barrio de Sant Antoni de Barcelona, el infierno que viven en su casa, que ha motivado que el Ayuntamiento de Barcelona resuelva el primer caso de "acoso inmobiliario".

El consistorio barcelonés ha elevado su resolución a la Fiscalía tras encontrar indicios evidentes de acoso por "la omisión del deber de la propiedad de conservar la finca". De esta manera, se convierte en el primer ayuntamiento que pone en marcha un procedimiento sancionador ante este tipo de situaciones de discriminación a los inquilinos que viven de alquiler, una disputa que hasta ahora siempre se había resuelto a través de los tribunales.

Alpha y Fran, con el apoyo del Sindicato de Inquilinos, presentaron su denuncia ante el ayuntamiento de Barcelona el 17 de julio de 2018, ante la situación que vivían en su finca. "Incluso, la Agencia de Salut Pública de Barcelona ha certificado un exceso de plomo en las cañerías. Había ratas en los bajos del edificio. Los propietarios no hacían ningún tipo de mantenimiento", explica Alpha.

Una semana antes de interponer la denuncia, habían recibido un burofax con la notificación de que no les renovaban el contrato. "Cuando fuimos al Sindicato de Inquilinos, nos encontramos con cinco vecinos más que ya habían echado. Y decidimos que íbamos a luchar", recuerda.

"Cuando se va la luz del edificio o se rompe una puerta pasan semanas sin arreglar"

"Cuando llegamos al edificio teníamos mucha ilusión y no sabíamos cómo estaba todo. A medida que pasaba el tiempo, iban saliendo los problemas. Tenemos diez veces más plomo de los permitido por ley en las cañerías, cuando pasó la inspección nos dijo que no lo utilizaremos el agua del grifo ni para lavar los platos, cuando se va la luz del edificio o se rompe una puerta del ascensor pasan semanas sin arreglar", denuncia la inquilina del número 92 de la calle Floridablanca.

La primera denuncia que puso Alpha fue en 2014 por el mal estado de la finca, pero los propietarios no tomaron medidas. "Nos han puesto excusas, han pasado el límite de prórrogas y a día de hoy no han arreglado nada. Incluso, han sobrepasado los plazos que les ha dado el ayuntamiento", afirma, antes de sentenciar: "La finca no tiene habitabilidad. No está en condiciones, debería estar tapiada".

Desde el Sindicato de Inquilinos, una plataforma que asesora y ayuda a quienes deben afrontar una subida abusiva del precio del alquiler, decidieron entonces poner 23 denuncias más del resto de los residentes de ese edificio para "dejarles claro a los especuladores que se ha acabado la impunidad", señala su portavoz, Jaime Palomera.

El Sindicato, junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC, decidió crear un modelo de denuncia, que nunca antes se había hecho, para que esté a disposición de los vecinos que afronten una situación similar; el documento se puede descargar desde la página del sindicato.

El caso concreto de este edificio, en uno de los barrios más atractivos de la ciudad, "era y continúa siendo una situación que desde el punto legal es una infracción muy grave", valora el portavoz. Así que el consistorio empezó a investigar un posible caso de mobbing y discriminación inmobiliaria "por la omisión por parte del propietario del deber de conservar la finca", según fuentes municipales.

Una ley catalana permite que los ayuntamientos desplieguen medidas de protección

La ley catalana del Derecho a la vivienda permite a que los ayuntamientos puedan abrir procedimientos por este tipo de acoso explorando previamente la vía administrativa, antes de la judicial. Tanto la Ley de 18/2007 del 28 de diciembre del derecho a la vivienda como la Ley 4/2016 de 23 de diciembre de medidas de protección del derecho a la vivienda prevén que el Ayuntamiento de Barcelona pueda desplegar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vivienda y asumia de manera subsidiaria la persecución de este tipo de prácticas.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida ven con buenos ojos esta medida: "Nos parece bien que el Ayuntamiento actúe porque condenamos este tipo de acoso. Entendemos que el Ayuntamiento pueda mediar para el mantenimiento cuando hay unos requerimientos previos​, pero hay que tener en cuenta que el procedimiento penal tiene que estar siempre por encima", dice su gerente, Lorenzo Viñas.

Según fuentes municipales, "ninguna institución ha indagado este tipo de situaciones por esta vía. Vimos indicios de que se trataba de un caso de acoso inmobiliario y por eso hemos decidido enviarlo a la Fiscalía para que determinen si hay un delito. Hasta entonces, el procedimiento queda parado". De momento, la sanción que le impone el Ayuntamiento es una multa de 90.001 euros al propietario del edificio en Sant Antoni. "Si la fiscalía dice que sí, la sanción que le hemos impuesto se sumará a la que determine el Ministerio Fiscal; si deciden que no, se ejecutará esa sanción municipal", confirman fuentes municipales.

“Los más afectados, gente mayor con rentas antiguas“

Según el consistorio, están abiertos 14 casos más que afectan a 22 viviendas en toda Barcelona, pero que, sobre todo, afectan a los distritos de Ciutat Vella i l'Eixample. Sin embargo, esta vía de actuación "ha tenido un efecto disuasorio de este tipo de prácticas desde que lo anunciara el Ayuntamiento". Según fuentes municipales, el consistorio ha archivado "seis expedientes por el desistimiento de la persona que inicialmente había anunciado el acoso, alegando que aquello que motivaba su denuncia ha dejado de producirse". Además, la propiedad ha corregido aquellas acciones que derivaban en un posible acoso.

El miembro de la plataforma vecinal Fem Sant Antoni, Vladi Olivella, afirma que este tipo de acoso inmobiliario en ese barrio afecta a gente mayor con rentas antiguas: "Les envían cartas alertándolos que se les acaba el contrato. Y si cuela, cuela. Pero hay de todo".

Este tipo de prácticas acaba provocando dos situaciones: "Los vecinos se empobrecen o acaban marchándose del barrio", relata Olivella. En una segunda fase, ahora nos encontramos con gente que no se puede ni marchar porque buscar un piso asequible en Barcelona es imposible. Acaban con desalojos por impago de alquiler", que han aumentado un 7,8 % en el último trimestre de 2018 con respecto al año anterior.

Alpha y Fran siguen pagando el alquiler en el juzgado, están decididos a quedarse, pero están denunciados ante un juez por desahucio, aunque tienen esperanza de que el procedimiento administrativo del Ayuntamiento paralice la orden. "Por un lado, tengo miedo de que nos ponga fecha de desalojo, porque no tenemos casa pese a tener todo correcto. Por otro tengo que afrontar la lucha, porque la ley beneficia a los propietarios. Tiene que cambiar", señala Alpha, confiada.

"Lo que quiero en el fondo es que si he sido una buena inquilina, que ha pagado rigurosamente todos los meses, que los vecinos respetan... que se sienten a negociar [los propietarios] y me pueda quedar después de haber invertido tanto dinero en el piso. Sin embargo, los propietarios lo único que quieren es especular. Especular con lugares donde vive la gente. Es muy feo. Quieren que venga otro que no se queje y que siga pagando, pero 300 euros más. Estoy luchando para que los inquilinos que somos legales y justos...que podamos crear una vida. ¡¿Cómo puedo crear una familia si cada cinco años me tengo que mudar?!", exclama.