El exsubsecretario de Hacienda declara que pudo haber gastos de la Generalitat que quedaran "al margen del control"

• Martínez Rico abre así la puerta, como ya hizo Montoro en el juicio, a que se cometiera delito de malversación
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El exsubsecretario de Hacienda abre la puerta al delito de malversación en el 1-O

El exsubsecretario de Hacienda Felipe Martínez Rico no ha descartado este martes, en su declaración como testigo en el juicio del 'procés', que el referéndum del 1-O se financiara con fondos públicos porque, si el Govern catalán hubiera hecho alguna contratación "irregular", esta habría quedado "al margen del control" de las cuentas que realizaba el Ministerio sobre los gastos de la Generalitat.

El ex número tres de Hacienda ha abierto así la puerta, como ya hizo el exministro Cristóbal Montoro, al delito de malversación de fondos públicos y ha explicado que hasta en tres ocasiones denunciaron ante la Fiscalía gastos de la Generalitat tras recibir una información "incompleta e inexacta", entre ellos, los destinados por Diplocat a los llamados "observadores internacionales".

No ha sido el único testigo que ha hablado este martes sobre la malversación que presuntamente cometió la Generalitat con la organización del referéndum del 1-O. Uno de los cuatro guardias civiles que han declarado este martes ha hecho un relato pormenorizados de las investigaciones en las que él mismo participó para dilucidar si hubo o no desvío de fondos públicos, asegurando "sin ningún género de dudas" que estos "observadores" se pagaron con dinero público.

Martínez Rico, que ha detallado profusamente cómo se controlaron las cuentas de la Generalitat desde noviembre de 2015 ante la situación económica de Cataluña con una deuda calificada de "bono basura" y cómo se estableció un control más exhaustivo a partir de julio de 2017 ante una partida que podía estar relacionada con el referéndum en julio de 2017, ha explicado que el sistema de certificación de todos los gastos por parte de la Intervención perseguía hacer una "identificación presupuestaria y financiera de una realidad material", pero que "no son la realidad material de los hechos".

"Los certificados llegan hasta donde llegan"

"Estos certificados llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen. La realidad material es mucho más compleja. Una contratación irregular, contraria a las pautas de contratación del sector público es irregular en cualquier caso, con certificado o sin certificado. Es irregular y quedaría al margen del control", ha explicado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. Es lo mismo que declaró el exministro Cristóbal Montoro en su declaración como testigo el pasado 27 de octubre cuando aseguró que "un análisis contable siempre puede resultar defraudado".

Preguntado por la fiscal directamente sobre si cree que si se gastó dinero público en el 1-O, Martínez Rico ha explicado que en enero de 2018 el Ministerio de Hacienda solicitó a los servicios jurídicos del Estado "que se personara en las causas abiertas en las que podía haber perjuicio a la hacienda pública estatal".

El ex número tres de Hacienda no descarta que el 1-O se financiara con dinero público

"Dentro del marco de control, el Ministerio puso todos los elementos a su disposición para ver cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad autónoma. Luego, lo que fuera la realidad material de los hechos... "

El testigo ha detallado que puse en conocimiento de la Fiscalía hasta tres casos en los que recibieron información "incompleta" e "inexacta". El primera en agosto de 2017 al recibir una modificación presupuestaria, el segundo a principios de septiembre ante la información recibida por una campaña publicitaria "para la participación en el proceso refrendario" -son los anuncios de las vías que se emitieron por TV3 con la emisión de dos facturas- y el tercero a finales de septiembre y principios de octubre por un expediente de gasto de Diplocat.

Un guardia civil identifica a Molons como el "tal Toni"

Uno de los guardias civiles que han declarado este martes en el juicio por su participación en los registros y detenciones del 20S ha explicado pormenorizadamente detalles de las investigaciones en las que él también participó para dilucidar si la Generalitat pagó con dinero público el referéndum del 1-O sosteniendo que Diplocat pagó a "observadores internacionales" con dinero proveniente de la Generalitat y explicando como se pensaba repartir el gasto de los envíos de Unipost entre cinco consellerías distintas.

En su declaración ha despejado, además, una de las incógnitas de los últimos días al explicar que, según la investigación que ellos realizaron, el "tal Toni" del que han hablado en las últimas sesiones varios testigos para referirse a la persona que les llamó para hablar de varios encargos relacionados con el referéndum era el entonces secretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons., uno de los colaboradores del exconseller Jordi Turull.

Consiguieron identificarle después de que el diseñador Enric Vidal les diera su teléfono y los investigadores comprobaran que la tarjeta prepago estaba contratada por un tal Antonio Gorda pero con el DNI de Molins. La tarjeta SIM se encontró después en el domicilio de este último.

Encargo a Unipost entre cinco consellerías

El guardia civil ha explicado que en la sede de Unipost de L'Hospitalet se encontró una nota manuscrita con el nombre de las cinco consellerías de la Generalitat que se tenían que repartir el gasto de los envíos postales sobre los miembros de las mesas del referéndum. Localizaron también "unas facturas proforma y unos sellos de entrega de cada uno de estos departamentos que constituía un pedido formal del encargo", ha explicado el agente según recoge Servimedia.

Sobre la campaña "Civisme" -el famoso anuncio de las vías-, ha explicado que fue Turull con el visto bueno de Junqueras el que autorizó que se destinaran tres millones de euros del fondo de contingencia, uno de los pagos que levantaron las sospechas de Hacienda. Al renunciar las primeras empresas adjudicatarias del contrato por ser un anuncio "político", se recurre a TV3 para su difusión "por decisión de Turull y de Molins" y a través de Jaume Mestre, según el testigo. Mestre, actual director de Difusión del Govern, que en el juicio lo negó.

El testigo asegura que fue una "campaña de pago" y que TV3 emitió las facturas aunque todavía no las ha cobrado.