Anticorrupción pide 18 años de cárcel para el fundador de Gowex por fraude

• La mujer de Jenaro García se enfrenta a la misma pena y el fiscal pide 17 años para el consejero Francisco Manuel Martínez

Jenaro García, el fundador de Gowex, en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 18 años de prisión y una multa de 10,2 millones de euros para el fundador de Gowex, Jenaro García Martín por falsedad en documento mercantil, fraude de inversores, apropiación indebida, fraude a los presupuestos de la Unión Europea y uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.

El Ministerio Público reclama en su escrito la misma pena para la mujer de García y consejera de Gowex, Florencia Maté, así como 17 años de cárcel para el secretario del consejo de administración, Francisco Manuel Martínez, mientras que les solicita indemnizaciones de más de los 22,5 millones de euros. Anticorrupción ha aplicado atenuantes por confesión y reparación del daño causado en el caso del fundador de la empresa y de su esposa.

La Fiscalía tambien solicita un año y 10 meses de prisión para el titular de sociedades utilizadas para prácticas fraudulentas Ignacio Navarro Alventosa, y encausa a las dos empresas matrices, Gowex Wireless y Let's Gowex.

Según explica el escrito de acusación los tres acusados principales "idearon y llevaron a efecto la creación de una estructura de negocio "basada en aparentar la bondad y credibilidad del proyecto empresarial, sustentado en una cifra de negocio que no respondía a la realidad".

Los tres directivos de Gowex simularon la existencia de un flujo de operaciones comerciales inexistentes mediante la elaboración de contratos y contabilización de facturas ficticias que no obedecían a prestaciones de servicio o recepción y entrega de mercancías, ni a finalidad comercial alguna, añade la Fiscalía.

Gotham City destapó el escándalo

El escándalo de Gowex estalló en el verano de 2014 tras un informe de la firma de análisis Gotham City Research que advertía de que el valor de los títulos de la compañía era de cero euros y de que el 90% de sus ventas no existían.

El pasado 13 de agosto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz propuso juzgar a García, Maté, Martínez y a otras dos personas, al apreciar indicios de presunta estafa y falsedad contable, así como por sendos delitos relativos al mercado y los consumidores y de uso de información relevante.

Iniciada en 2014, durante la instrucción de la causa el fundador y expresidente de la compañía, que proveía servicios al Ayuntamiento de Madrid y otras 64 ciudades, entre ellas Nueva York, París, Dublín o Dubái, reconoció haber falseado las cuentas de Gowex en la última década y simular facturaciones con empresas creadas para ello, gestionadas con testaferros desde 2004.

Deudas millonarias con la banca

La caída de Gowex dejó cuentas pendientes con varias entidades financieras. Así, el Banco de Santander tiene pendiente de devolución un préstamo de 8.238.600 euros y cinco avales ejectuados por 1.220.000 euros. Los créditos pendientes con la Banca March ascienden a 7.030.939 euros.

Las empresas del grupo Gowex deben a Bankinter 3.853.479 euros, mientras que el impago en el caso de Caixabank supone 1.174.047 euros. Tampoco se salvan los bancos extranjeros, Gowex debe al Deutsche Bank 2.074.057 euros.

Además de estas cinco entidades financieras, recabaron también la confianza de la Administración Pública. El Ministerio de Industria concedió a Gowex Wireless la financiación de un préstamo de 1,2 millones de euros para un proyecto que habría de reducir la brecha digital en la provincia de Cádiz, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

En febrero de 2015, la Secretaría de Estado acordó el reintegro total del préstamo y los intereses y ante el impago, en octubre procedió a la incautación de las garantías, cinco avales del Banco Español de Crédito.

El Ministerio Público pide García Martín, Martínez Marugán, Maté Garabito y Let's Gowex devuelvan con intereses el dinero a la banca y también que indemnicen conjunta y solidariamente a los titulares de las acciones procedentes de las ampliaciones de capital y a todos aquellos que compraron los títulos en cualquier mercado secundario (deben abonar la diferencia entre el valor nominal y el de adquisición, gastos incluidos).

La Fiscalía no persigue auditor que dio por buenas las cuentas porque falleció en junio de 2017, aún así constata que no realizó los trabajos de comprobación necesarios "para verificar el resultado de las operaciones anotadas", y si estas reflejaban "la imagen fiel del patrimonio y de la situación económica" de la empresa.