La defensa de Trapero pide su absolución porque "nunca puso a los Mossos al servicio de los intereses secesionistas"

• Su abogada defiende que no compartía el proyecto independentista y que "ni un solo correo demuestra su participación"

Boletines RNE - La defensa de Trapero pide su absolución según ha podido saber RNE

La abogada del mayor Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos d’Esquadra, ha pedido la absolución de su defendido ante la Audiencia Nacional en el juicio por la actuación de la policía autonómica catalana en el 1-O. En un escrito, la letrada Olga Tubau argumenta que el número uno de los Mossos "nunca puso el cuerpo de policía al servicio de los intereses políticos secesionistas" y que permaneció "de forma inequívoca" al servicio de la justicia.

Tubau, quien asegura que Trapero siempre ha respetado el orden jurídico constitucional, ha obedecido los mandatos judiciales y que instó al gobierno de la Generalitat a cumplir la ley, sostiene que el exmayor de los Mossos "nunca compartió el proyecto independentista".

De hecho dice que no hay "ni un solo correo que demuestre su participación o connivencia" con el plan ideado por el Govern y el Parlament para conseguir la independencia.

"Respeto al orden jurídico constitucional"

Su letrada dice que Trapero nunca quiso "enmascarar una pretendida y dolorosa acción policial" para facilitar la celebración del referéndum del 1 de octubre y responsabiliza del operativo al coronel Diego Pérez de los Cobos, designado para ello por el Ministerio del Interior.

El escrito insiste en que Trapero ha desarrollado siempre su actuación profesional al frente de los Mossos "desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales y del Ministerio Fiscal".

En ese sentido, afirma que el exmayor de los Mossos no ha "participado, no ha intervenido y no ha compartido el plan ideado por el Govern de la Generalitat y el Parlament para alcanzar la independencia de Cataluña y su proclamación como Estado soberano e independiente en forma de República".

Para probarlo, la abogada esgrime dos escritos en los que Trapero se ponía al servicio del TSJC y de la Fiscalía "con el fin de dar cumplimiento a las órdenes que se pudieran derivar" en relación con la Declaración Unilateral de Independencia.

El escrito niega cualquier "inacción policial" de los Mossos ante el 1-O y argumenta que el plan de actuación para impedir el referéndum, "indiscutiblemente" elaborado por la Prefectura del cuerpo pese a no estar firmado, no fue cuestionado ni por Pérez de los Cobos ni por la Fiscalía Superior de Cataluña.

Según el mayor, en ninguna de las reuniones que se celebraron, ni Pérez de los Cobos ni los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional manifestaron que la participación de Mossos en el operativo conjunto diseñado "resultara inoperante ni insuficiente en aras a dar cumplimiento al mandato" de impedir el 1-O.

"No sabía nada" de la quema de documentos

Respecto a la quema de documentos en una incineradora por parte de los Mossos, Trapero asegura que "no sabía nada". Según el escrito de la defensa, el mayor fue "absolutamente ajeno" al intento de quema de documentos policiales relacionados con el 1-O y el 20S que fue descubierto por la Policía Nacional el 26 de octubre de 2017, un día antes de que el Parlament aprobara la DUI.

La prueba de ello, según esgrime la letrada, es que ese mismo día Trapero envió sendos correos a los comisarios Francisco Javier Gámez -adscrito a la Prefectura de los Mossos- y a Joan Carles Molinero -comisario jefe de Coordinación central- preguntando las "razones" de esa quema.

Concretamente, Trapero preguntaba qué tipo de documentación se iba a incinerar, qué servicios había generado esta, "con especial referencia, si existía, a aquella que pudiera estar relacionada con el referéndum". El mayor pedía en esos correos, según su defensa, que los comisarios hicieran constar si existía "documentación original" o copias de esa documentación en las oficinas de los Mossos y, en caso contrario, qué razones lo motivaban.

El escrito de 47 páginas, recoge también, como declaró en el Tribunal Supremo, que se puso a disposición de las autoridades judiciales por si hacía falta detener a alguien.

La fiscalía le pide 11 años de cárcel por un delito de rebelión. La juez Carmen Lamela lo procesó por dos delitos de sedición y uno de pertinencia a organización criminal.