España debe profundizar su ajuste fiscal y vigilar el gasto en pensiones, según el FMI

• Avisa que los elevados niveles de deuda pueden "limitar su capacidad si la economía sufre un frenazo brusco"
• El Fondo estima que el déficit se elevará hasta el 2,8% en 2024, si bien la deuda bajará al 92,3% del PIB

El FMI ha instado a España a vigilar el gasto en pensiones tras volver a vincular su subida a los precios

España no puede relajar su disciplina fiscal y deberá seguir ajustando su equilibrio presupuestario en los próximos años, según se desprende del informe sobre fiscalidad global que ha publicado este miércoles el Fondo Monetario Internacional con motivo de su reunión de primavera, en el que el organismo que dirige Christien Lagarde alerta de nuevo sobre la sostenibilidad de las pensiones en el país tras volver a vincular su revalorización al aumento de los precios.

El Fondo estima que el déficit público cerrará este año y el que viene en un 2,3%, una cifra en la media de las economías avanzadas, pero irá deteriorándose progresivamente, de forma que pasará del 2,4% en 2021 al 2,8% en 2024. Dentro de cinco años, según sus previsiones, España se mantendrá solo una décima por debajo de la media mundial, que se situará en el 2,9%.

Con todo, el FMI considera que España será capaz de reducir la proporción de deuda pública con respecto al PIB de forma sostenida en los próximos ejercicios. Así, terminará 2019 en el 96% (seis décimas más que lo estimado por el Gobierno), en el año 2021 rondará el 94%, bajará de este umbral en 2022 (93,3%) y logrará un 92,3% en 2024.

Deuda elevada

En cualquier caso, el organismo que dirige Christine Lagarde insta a España a seguir con el ajuste fiscal porque sus niveles de deuda permanecen elevados, una vulnerabilidad que puede "limitar su capacidad de desplegar políticas contracíclicas si la economía sufre un frenazo brusco". Asi, sugiere "un ajuste fiscal que favorezca el crecimiento, lo que dará margen de adaptación para la próxima crisis".

El FMI recomienda esta medida también a otros países endeudados como Canadá, Francia, Japón, Reino Unido o Estados Unidos. Y también menciona que la necesidad de ajuste es particularmente relevante en el caso de Italia, cuya "prima de riesgo permanece elevada y es un país con grandes necesidades de financiación".

Así, el diferencial del bono italiano con el bund creció en la segunda mitad de 2018, aunque se mantuvieron controladas las primas de riesgo de otros países como Francia, España y Portugal. El FMI pronostica que, con el endurecimiento de las condiciones financieras, los intereses de la deuda se elevarán a medio plazo para Canadá, Italia, España y Estados Unidos.

El Fondo estima que estos países, al igual que Bélgica, Francia, Japón y Portugal, tendrán unos requerimientos financieros anuales que oscilan entre el 10% y el 40% de su PIB durante los próximos tres años.

El futuro de las pensiones

La sostenibilidad de las pensiones es otro caballo de batalla recurrente para el FMI. El Fondo insiste en que la salvaguarda de la viabilidad financiera del sistema de pensiones requiere una amplia batería de medidas y critica que España haya vuelto a indexar la revalorización de las pensiones a la evolución de los precios. También pone en el punto de mira a Italia, que acaba de fijar un periodo de tres años para implementar normas más estrictas sobre la jubilación anticipada.

Sobre los impuestos a las multinacionales digitales, el FMI considera que la situación está "madura para una cooperación multilateral" que sería "más eficaz y eficiente" que imponer tributos nacionales a las rentas de estas compañías. Apunta que varios países han establecido o piensan imponer una tasa digital (Benin, Francia, India, Italia, España, Tanzania, Uganda, Reino Unido y Zambia), pero avisa que esto podría distorsionar el mercado y generar una doble imposición.

A la hora de luchar contra la corrupción en la adjudicación de obra pública, el FMI señala que Grecia, Italia, Portugal y España tienen las peores notas, según los indicadores de la Comisión Europea, pero matiza que España traspuso en marzo del año pasado una directiva europea que obligaba a una mayor transparencia en los contratos públicos.