Un portavoz de Escoles Obertes reconoce que la iniciativa se desarrolló para celebrar el referéndum el 1-O

• No obstante, el testigo resta importancia al papel de Cuixart y niega que la iniciativa buscara impedir la actuación de la policía
• Corominas y Simó, excompañeros de Forcadell, aducen razones "formales" para admitir a trámite las leyes de desconexión

El portavoz de Escoles Obertes vincula esta iniciativa a la orden de Fiscalía y el TSJC de cerrar los centros el 1-O

Hace dos semanas, a una 'apoderada' del 1-O de ERC se le escapó que ese fin de semana organizaron en su colegio yoga, teatro y actividades deportivas "para poder votar, vaya", pero su declaración pasó bastante desapercibida. La tónica general del resto de los testigos de las defensas ha sido insistir en que la iniciativa de Escoles Obertes -escuelas abiertas, en castellano- no difería en nada de las actividades que habitualmente se celebran en los centros escolares catalanes los fines de semana. Hasta este martes.

En la jornada número 44 del juicio del 'procés', el portavoz nacional del sindicato de maestros USTEC STEs y uno de los impulsores de esta iniciativa, Ramón Font, ha reconocido que "por supuesto" Escoles Obertes tenía relación con el referéndum. Sin embargo, ha negado que el objetivo fuera impedir la actuación policial y ha restado importancia al papel del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la hora de llamar a la gente a participar en ella.

"Si el 1-O hubiéramos podido ejercer el derecho de autodeterminación, Escoles Obertes no hubiera tenido sentido de ser. La razón de ser de Escoles Obertes era justamente abrir los colegios en un proceso que entendíamos que era legítimo y que por parte de un poder del Estado se deslegitimó", ha subrayado este testigo.

El testigo ha explicado, de hecho, que esta iniciativa se pone en marcha precisamente porque tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya habían ordenado que los centros tenían que estar cerrados el día 1 de octubre de 2017. "No solo lo recuerdo, sino que se crea por eso", ha respondido al abogado Benet Salellas, que defiende al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

"Mucha gente dijo eso, no solo el señor Cuixart"

"No concebíamos que los centros educativos, que para nosotros son como templos de la cultura y la democracia, permanecieran cerrado en ningún caso por ninguna decisión de ninguno de los tres poderes del Estado", ha comentado el testigo que defiende que de esa manera ejercieron "no solo" su derecho de autodeterminación, sino también su "derecho a manifestación y a la reivindicación pacífica y no violenta ".

El fiscal Jaime Moreno ha preguntado al testigo por un tuit del 29 de septiembre de 2017 de Jordi Cuixart en el que este decía "a partir de esta tarde todos a las escuelas", pero Font ha respondido que recordaba a "mucha gente diciendo eso, no solo al señor Cuixart (...) Mucha gente dijo eso, si tenemos que dar esa lista, de aquí no salimos". También ha subrayado que Cuixart no estuvo en la rueda de prensa cuando se presentó Escoles Obertes dos días antes, aunque Òmnium sí que apoyaba la iniciativa y ANC "puede ser que estuviera" entre las entidades sociales, pero ha dicho que no lo recuerda.

El testigo, que se ha molestado cuando a la Abogada del Estado ha utilizado el término "ocupación" de los centros, ha asegurado que no pidieron permiso para usar los centros en los que se desarrollaron las actividades para mantener las escuelas abiertas.

Compañeros de Forcadell aducen criterios formales para tramitar las leyes del 1-O

Lluis Corominas y Anna Simó, antiguos compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament y que serán juzgados por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han insistido este martes en su declaración como testigos en el Supremo que la admisión a trámite de las llamadas leyes de desconexión de septiembre de 2017 se guió por criterios formales y que la Cámara debía "amparar" la participación política y no limitarla, según 

Ambos han sido preguntados por la ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica, aprobadas en los turbulentos plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017 con los informes en contra de los letrados del Parlament, y posteriormente suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, Corominas, exvicepresidente de la Mesa, y Simó, exsecretaria primera, han redundado en que su participación al tramitarlas solo obedeció al examen de criterios "formales". Más allá de estas iniciativas, Simó se ha referido a que previamente a la votación el 27-O sobre la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), ella incidió en que las propuestas a votar "no tendrían efecto jurídico".

Corominas, por su parte, ha indicado que los informes no eran ni "vinculantes ni preceptivos" y que "todos" los grupos pudieron participar, y ha añadido que "no es función de la mesa impedir o limitar el derecho de participación", sino "ampararlo". Cuando la Fiscalía le estaba preguntando, su abogado, Javier Melero -que en el Supremo defiende al exconseller Joaquim Forn- le ha aconsejado no seguir respondiendo. / EFE