La Fiscalía pide procesar por organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O

• Pide en un escrito ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que se añada ese delito
• Ya se les acusa de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos

La Fiscalía pide procesar por organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O

La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se procese por un delito de organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O, además de los de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los que ya están acusados.

El Ministerio Público ha presentado un escrito [ver el documento en pdf], ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el que pide añadir ese delito a 28 de los 30 procesados por organizar el 1-O, entre ellos a la cúpula de la radio y la televisión públicas catalanas y a varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont.

En su escrito señalan que existió "un plan común" de las personas a las que ya se investiga y que cada una "dentro de sus competencias" contribuyó "de manera decisiva" a la celebración del referéndum hacia la independencia y señala que llegó a producirse el 21 de abril de 2017 "un acto de compromiso con el referéndum".

En el auto que la Fiscalía pide ahora corregir, la juez acordó el procesamiento de una treintena de procesados por los preparativos del 1-O, a 17 de ellos por un delito de malversación, por lo que les ha impuesto una fianza de 5,8 millones de euros.

Un "plan común" para el referéndum del 1-O

El ministerio público considera, no obstante, que la conducta de los procesados por organizar el referéndum "ha sido conjunta y coordinada, de forma tal que ante las resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se suspendía y después se declaraba la inconstitucionalidad de resoluciones o leyes del Parlament, se ha continuado con la hoja de ruta que tenían marcada cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades".

En opinión de los tres fiscales del caso -dos de ellos los de Anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonado-, en el caso de los 28 procesados concurren como "elementos configuradores" de ese delito de organización criminal castigado con penas de hasta ocho años de cárcel, los requisitos de jerarquía, reparto de papeles y vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo.

Según la sentencia del Tribunal Supremo 808/25, del 23 de junio de 2005, esos "elementos configuradores" serían, según la Fiscalía, la jerarquía, por la participación del presidente, el vicepresidente y de altos cargos de la Generalitat, la pluralidad y el reparto de papeles por haber seguido las directrices de los distintos departamentos del Govern, el "objetivo delictivo" de celebrar el referéndum y las resoluciones por las que hicieron uso de fondos públicos, y la "permanencia en el tiempo" por el "firme propósito exteriorizado" desde 2012 por la Generalitat de celebrar "una consulta refrendaria".

Pide exculpar a tres procesados

En concreto, la Fiscalía pide atribuir organización criminal a 28 investigados y solicita que se procese -por este delito y también por desobediencia- a la exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) Àngels Barberà, que estuvo imputada pero a quien la juez instructora decidió finalmente archivarle el caso.

De los treinta procesados, la Fiscalía pide exculpar a Montserrat Vidal, exresponsable del área de Procesos Electorales y Consultas Populares de la Generalitat, así como a José Maria Gispert, gerente de la empresa donde se imprimieron documentos vinculados al 1-O, y a Meritxell Massó, exsecretaria general de Gobernación, a quienes la juez procesó por desobediencia.

De esta forma, la Fiscalía pide procesar por organización criminal, entre otros, a varios exaltos cargos del Govern: Antoni Molons -secretario de Difusión-, Joaquim Nin -secretario general de Presidencia-, Jaume Clotet -director general de Comunicación-, Josep Ginesta-, Francesc Sutrias -director general de Patrimonio- y Aleix Villatoro -secretario general de Relaciones Internacionales y Exterior.