Más de 20 años bajo amenaza de derribo en una urbanización de Cantabria: "Con cada sentencia te echabas a llorar"

• Medio millar de familias vive pendiente de la ejecución de sentencias del Supremo que obligan a derruir sus viviendas
• Llevan dos décadas pidiendo soluciones a las mismas administraciones que concedieron las licencias declaradas ilegales

Cantabria: 20 años frente a la amenaza de un derribo

El boom del ladrillo de la España que “vivió por encima de sus posibilidades” tiene en Cantabria un indignante capítulo aparte.

De los innumerables casos de corrupción urbanística conocemos a políticos o constructores implicados, algunos de ellos condenados en los tribunales; pero en esas sentencias además de culpables hay inocentes. Son las personas que compraron una casa que resultó estar edificada de forma ilegal y que ahora debe ser derribada.

Asuntos de importancia vital para los afectados que ven cómo, a pesar de estar en campaña, los partidos políticos no les prestan la atención que merecen.

En Cantabria son 540 viviendas, 540 familias que han visto cómo se les venía abajo la vida. Un centenar de ellas invirtieron sus ahorros, o siguen pagando una hipoteca, en un chalecito de la urbanización La Llana en Argoños.

Un grupo de vecinos de la urbanización La Llana conversan con el presidente de AMA RNE

Se trata de un pequeño municipio de sólo 5,5 hectáreas ubicado muy cerca del litoral, a muy pocos kilómetros de la playa de Berria, y pegado a las preciosas marismas de Santoña, Victoria y Joyel, declaradas parque natural.

El 20% del término municipal está afectado por sentencias de derribo. El Ayuntamiento concedió la correspondiente licencia que obtuvo el visto bueno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y en 1997 comenzaron las obras de construcción, tras varios problemas con la promotora, que entró en suspensión de pagos, fueron los propios compradores los que tuvieron que acabar sus casas.

En 2004 consiguieron la cédula de habitabilidad, pero su tranquilidad duró poco porque tres años después, tras un largo proceso judicial el Tribunal Supremo que daba la razón a una organización ecologista y decretaba que todas las viviendas debían ser derribadas.

"Una losa que siempre tienes ahí"

Desde entonces, Félix López, Primitivo Plans y Maite Gómez, como el resto de propietarios viven una pesadilla. “Te llegaba una sentencia y no lo contabas en casa porque te ponías a llorar”, recuerda Félix.

Primitivo ha estado mucho tiempo yendo al psicólogo porque, como explica, “esto es como una losa que tienes siempre ahí” y Maite que lleva muchos años tomando pastillas para la depresión y hay días que no tiene ganas ni de levantarse de la cama, “para qué voy a limpiar la casa, si cualquier día te la van a tirar”, dice.

La urbanización La Llana, donde ondea la bandera de AMA en contra de los derribos noticias

Se han gastado mucho dinero en abogados, pero sobre todo se han dejado la salud en un proceso judicial que les reconoce como perjudicados pero que no les da una solución a su problema.

La han buscado en los políticos, en dos décadas los tres grandes partidos de la región: PP, PSOE y PRC, han pasado por el Gobierno regional, pero según lamentan ninguno ha hecho nada por ellos a pesar de que, recuerdan, fueron esos mismos políticos los que firmaron las licencias que anularon los tribunales.

Por eso, cuando llegan las elecciones, como ahora, tienen razones de sobra para decir aquello de que “todos los políticos son iguales”.

"Los gobiernos se han ido pasando el problema"

Los afectados están agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración, significativo nombre con el que tratan de defender sus derechos.

Su presidente, Antonio Vilela, explica que “los diferentes gobiernos se han ido pasando el problema de unos a otros pero sin dar soluciones, a pesar de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dictó una recomendación a los gobiernos de España y de Cantabria para que dieran una solución a los afectados porque sufren las consecuencias, pero no tienen culpa de nada”.

El presidente de AMA, Antonio Vilela, responde a las preguntas de RNE. RNE

Félix y su mujer son de Baracaldo y Primi y la suya de Santurce, se compraron la casita de Argoños para pasar los fines de semana, ir de veraneo y descansar cuando se jubilaran; pero el caso de Maite es más sangrante porque es su única vivienda.

Si se ejecuta la sentencia y su casa es demolida no tiene otro sitio al que ir y su principal preocupación ahora, cuando ya da su hogar por perdido, es saber cuánto dinero recibirá como indemnización.

El pasado 8 de mayo, el Gobierno regional presentó un informe técnico que valora en 54 millones de euros la cuantía que debe abonarse a los perjudicados en un calendario de pagos que establece 2025 como horizonte temporal.

Lo paradójico de este caso, el de la urbanización La Llana es que, en el caso de que finalmente las cien viviendas sean demolidas, sobre sus escombros podrían construirse casas nuevas -estas sí, legales- gracias al nuevo planeamiento urbanístico que ahora reconoce esta zona como terreno urbano consolidado.