El colectivo LGTBI reivindica una ley estatal que garantice sus derechos ante el repunte del discurso del odio
- Día Internacional contra la LGTBIfobia: la OMS sacó la homosexualidad de su catálogo de enfermedades hace 29 años
- El colectivo organiza actos en toda España para reivindicar una ley estatal que defienda los derechos y la igualdad LGTBI
“Me habían rajado las dos ruedas derechas, me habían dibujado las esvásticas. Lo primero que hice, aparte de ponerme muy nervioso y casi echarme a llorar, fue denunciar”. Esta vez Luis ha optado por no callarse y denunciar la agresión que ha sufrido por ser homosexual. Para hacerlo ha acudido al Centro LGTBI de Barcelona, que centraliza recursos e información para el colectivo.
Y lo ha hecho también ante las cámaras de TVE en Cataluña. Una manera de visibilizar que los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales no se respetan plenamente en España.
El 17 de mayo es el Día Internacional contra la LGTBIfobia y el colectivo denuncia un repunte en las agresiones: 629 incidentes de odio por orientación sexual o identidad de género fueron recogidos en 2017 por las entidades en su informe anual, muchos más que denuncias registradas por el Ministerio del Interior en ese periodo, 271.
Solo en Cataluña, los Mossos d’Esquadra han registrado un aumento de más del 90% en las denuncias durante los primeros meses de 2019.
“Las agresiones están ahí”, cuenta a RTVE el vicepresidente de la FELGTB (Federación Española de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales), Mané Fernández. “Si seguimos manifestándonos y dando visibilidad el 17 de mayo es porque sigue existiendo LGTBIfobia, es porque no tenemos todos nuestros derechos reconocidos, no tenemos las mismas oportunidades que el resto de la sociedad”.
Sin Ley Estatal LGTBI
Este viernes se cumplen 29 años desde que la OMS eliminó la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales. Un hito en los derechos LGTBI a nivel internacional. Para Mané Fernández, la senda en España pasa necesariamente por aprobar la conocida como Ley de Igualdad LGTBI: el proyecto pasó el primer trámite en el Congreso en septiembre de 2017, pero después se paralizó y, con el fin de la legislatura, decayó.
“Supone que, dependiendo de la Comunidad Autónoma, tienes unos derechos o no. Algunas no tienen ninguna legislación, como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, La Rioja, Ceuta y Melilla. Otras sí, incluso hay leyes específicas para la comunidad trans, con gran reconocimiento. Planteamos la necesidad de una ley estatal que todos y cada uno de las personas tengamos los mismos derechos”, explica Fernández. Y lamenta que, en la nueva legislatura, haya que empezar desde el principio.
La falta de una ley nacional implica, por ejemplo, que en España no estén prohibidas las terapias contra la homosexualidad.
El proyecto de ley que se tramitaba lo había presentado Unidos Podemos, pero habían participado más de 40 entidades LGTBI. Hoy la referencia es la última ley autonómica aprobada, la valenciana. La incidencia en la educación y el respeto al colectivo transexual (“una minoría dentro de otra minoría”, según Mané) deberían ser básicos en la nueva norma.
“El problema es que la ley aún patologiza la transexualidad. La ley registral de 2007 dice que es necesario que haya un diagnóstico de disforia de género” para poder cambiar el género y el nombre legalmente en el registro civil. El colectivo quiere que la autodeterminación (que cada cual exprese cuál es el género con el que se identifica) se respete en todos los casos.
Compromiso político
Por el momento el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional en la que se compromete a acometer cambios legislativos para “el impulso de la igualdad real y efectiva” del colectivo LGTBI para conseguir “una sociedad más cohesionada, igualitaria, y justa”.
Todos los grupos políticos plasmaron ese compromiso en 2017, cuando se elaboró la proposición de ley. Aun así, el PP se abstuvo cuando se votó. Y ahora hay nuevos actores políticos en las instituciones que podrían oponerse al cambio legislativo.
“Ha habido un auge de los discursos de odio, sobre todo de la extrema derecha. Jóvenes sin unos valores determinados son sensibles a esa intoxicación”, cuenta a TVE el director del Observatori contra l´Homofobia, Eugeni Rodríguez. En 2017, casi 60 menores de 18 años fueros acusados de delitos contra la orientación sexual.
Bajando posiciones
En 2011 y gracias a la ley que en 2005 permitía el matrimonio homosexual, España era el segundo país europeo con una legislación más respetuosa con los derechos del colectivo. Actualmente está en el puesto número once en el ránking de ILGA Europa, la entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI.
“Vivimos en un país que fue pionero en el avance hacia la igualdad de derechos con la aprobación del matrimonio igualitario y de la Ley 2007 que permite el cambio registral de nombre y género sin necesidad de procedimientos judiciales, ni de cirugías, pero que, desde entonces, ha visto una clara paralización en cuanto a la aprobación de medidas estatales para garantizar la igualdad real del colectivo”, asegura Uge Sangil, presidenta de FELGTB.
Mientras, y a nivel internacional, una buena noticia llega de Taiwan, que se convierte en el primer territorio asiático en reconocer el matrimonio homosexual. Su parlamento la ha aprobado el 17 de mayo, para que su efeméride coincida con el Día Internacional contra la LGTBIfobia.
Aparte de eso, hoy “no es un día de celebración”, dice Mané Fernández. Tampoco lo es, para él, el Día del Orgullo. Hay que seguir reivindicando.
Un paso más contra la discriminación laboral
De la embajada de Estados Unidos a la de Finlandia, Israel o Reino Unido... Ser diplomático es un “cargazo” que supone desplazarte fuera de España y, por qué no, llevarte a la familia. Fernando Fernández Arias lo intentó. Pero su pareja era otro hombre: "Para eso no hay nada, ni lo va a haber nunca. Apáñatelas como nos hemos apañado todos", le dijeron.
Fernando es ahora director de la Escuela Diplomática y le ha contado la anécdota a EFE en la presentación de “Exterior es diverso”, una iniciativa de los trabajadores del Servicio Exterior para que el colectivo LGTBI sortee estas trabas burocráticas y luche contra la discriminación.
Su compañera Laura García Alfaya fue destinada a un país donde la homosexualidad está penada con prisión. Casada legalmente con otra mujer, la acreditó como “personal doméstico”. “Nada indigno, pero con un nivel de seguridad que no es el mismo que para el cónyuge del diplomático o funcionario designado", cuenta Fernández.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha dado ya instrucciones a su Dirección General del Servicio Exterior y su Unidad de Familia para que facilite acreditación del personal desplazado al extranjero y de sus familiares cuando se trate de familias LGTBI.