La Fiscalía del Supremo pide la suspensión "inmediata" de los parlamentarios presos por el 'procés'

• Pide la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)

El diputado electo el prisión preventiva de ERC, Oriol Junqueras, junto a su compañero de partido, Gabriel Rufián, en la sesión de constitución de las Cortes.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que comunique a la Mesa del Congreso y a la del Senado que "deben proceder a la aplicación inmediata" del precepto legal que obliga a la suspensión de los presos del 'procés' que han obtenido escaño.

La Fiscalía, en un escrito, solicita al tribunal del 'procés' que impulse la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece que cuando exista un procesamiento firme por delito de rebelión y se decrete la prisión provisional, el procesado que ostente un cargo público quede "automáticamente suspendido" de sus funciones.

Dos requisitos que concurren en este caso y que hacen, según la Fiscalía, que ambas cámaras tengan que "proceder a la ejecución sin más trámites de la medida de suspensión". Tras esta petición, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha trasladado al Supremo la responsabilidad de decidir qué hacer con Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva.

El Ministerio Público ha remitido este escrito un día después de que , todos ellos en prisión preventiva, adquiriesen la condición de parlamentarios, y antes de que se convoquen las mesas de ambas cámaras para analizar si procede la suspensión.

La petición, que firman los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, busca la suspensión de funciones de los cinco parlamentarios, sin tener que acudir a ninguna interpretación del Reglamento de las Cámaras, que era la opción que había apuntado el alto tribunal en el oficio que remitió la semana pasada a ambas Cámaras.

Este martes cuando se constituyeron las Cortes, PP y Ciudadanos reiteraron su petición a las Mesas del Congreso y del Senado de que suspendiera a los parlamentarios de sus funciones, exigencia que a la que también se ha sumado Vox.

No es la primera vez que se recurre a la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El artículo 384 bis de la LeCrim ya fue aplicado a algunos de los ahora parlamentarios cuando fueron elegidos como representantes en el Parlament, en los comicios autonómicos del 21 de diciembre de 2017 a instancias del instructor del caso, Pablo Llarena.

De hecho, en su escrito, los fiscales aluden al auto del juez instructor, Pablo Llarena, en el que indicaba que el citado artículo de la Lecrim persigue "preservar el orden constitucional impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática (...) puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad" cuando concurren los elementos que justifican la prisión.

Añadía Llarena que la aplicación de este artículo ya cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que lo estableció por sentencia en 1994, y que por ello la condición de parlamentario" puede ser visto por el legislador como inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el desempeño de funciones o cargos públicos o, más sencillamente, como incompatible con la concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual realización de actos concretos que suponga ejercicio de tal función o cargo".

Casado plantea que los presos pudieron cometer perjurio

El líder del PP, Pablo Casado, ha planteado este miércoles que los diputados independentistas han podido cometer perjurio al acatar este martes la Constitución sabiendo que lo hacían "falsamente" o de forma "ofensiva contra la legalidad", al utilizar fórmulas con añadidos sobre el juramento o promesa.

"La presidenta del Congreso hizo referencia a una sentencia del TC de los años 90 que hacía válido el acatamiento por imperativo legal. Ayer no vimos acatamientos por imperativo legal, vimos un auténtico escarnio a la democracia española, reivindicando el 1 de octubre, como presos políticos, o la república de Cataluña", ha asegurado en declaraciones a los medios en Barcelona.

También ha asegurado que el PSOE tiene un pacto con los independentistas de "escaños por indultos". Sobre la posibilidad de que los independentistas hayan cometido perjurio en la sesión de este martes, Casado ha especificado que se trata de abrir una reflexión y analizar si el jurar falsamente a sabiendas puede ser constitutivo de "algún reproche penal", al igual que sucede en otros ordenamientos jurídicos, como en los Estados Unidos.