Batet pide un informe a los letrados del Congreso y aplaza la decisión sobre la suspensión de los diputados presos

• La Mesa del Congreso volverá a reunirse el viernes a las 12:00 para decidir sobre la suspensión
• El PP amenaza con reprobar a la presidenta del Congreso y denunciarla por prevaricación

La suspensión de los diputados presos queda pendiente de lo que digan los letrados del Congreso

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido este jueves a los letrados de la Cámara la redacción de un informe sobre los fundamentos que tendría el reglamento para suspender a los cuatro diputados presos y aplaza la decisión hasta este viernes, cuando hay prevista una nueva reunión de la Mesa a las 12:00 horas para valorar el informe.

La petición de la Mesa de la Cámara viene después de que el Tribunal Supremo haya determinado este jueves que es la Mesa de la Cámara Alta quien debe decidir sobre la suspensión.

En una rueda de prensa desde el Congreso, Batet ha explicado que el objetivo de pedir el informe a los letrados es "preservar en todo momento el sistema constitucional, preservar esta cámara y preservar las funciones de la Mesa de la Cámara", así como "garantizar que las decisiones que se tomen al respecto sean conforme al Derecho y con el máximo de seguridad jurídica". A su vez, ha afirmado, para evitar que se trate de una "decisión política".

"Si el informe así lo permite, el objetivo es que la Mesa esté mañana en condiciones de tomar la decisión", ha asegurado la presidenta de la Cámara.

La suspensión de los presos se ve recogida en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 21 del reglamento de la Cámara Alta. Este segundo artículo establece la suspensión inmediata cuando se dé la condición de la prisión de un diputado, aunque permite proceder a un "suplicatorio" al Tribunal Supremo para tomar una decisión, y ahí es donde se han producido las dudas y las discrepancias entre los miembros de la Mesa.

Batet ha explicado que debe resolverse qué preceptos emplear cara a la suspensión o no, si el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el artículo 21.1.2, y también concretar cómo aplicarlos, puesto que podría darse únicamente votación entre los integrantes de la Mesa

PP y Cs rechazaban la petición del informe

Después de Batet, ha comparecido la vicesecretaria de este órgano del Congreso Ana Pastor, quien ha reconocido que ni ella ni Adolfo Suárez Illana, ambos del PP, estaban de acuerdo con la petición del informe a los letrados remitiéndose al artículo 21 del reglamento de la Cámara Alta, que establece que "la condición de cargo público y los derechos y los deberes de los diputados quedan suspendidos en cuanto dure su situación de prisión". Para Pastor, se trata de una ley "inequívoca, clara y de obligado cumplimiento" y se ha remitido para justificarlo a una resolución del Tribunal Supremo del 10 de julio de 2018, cuando ordenó la suspensión de los diputados presos del Parlament de Cataluña.

“Ana Pastor: "Es una ley inequívoca, clara y de obligado cumplimiento"“

Ha asegurado, a su vez, que no podían existir dudas para trasladárselas a los letrados del Congreso ya que, pese a que el reglamento habla del suplicatorio, "el Supremo ha advertido ya que no es un órgano consultivo del Parlamento". El Alto Tribunal "confirma la situación de prisión provisional, rechaza la posibilidad de pedir el suplicatorio y deniega la suspensión del juicio oral", ha proseguido Pastor. Ha añadido que, de no proceder a la suspensión de los presos, sería "incumplir la ley".

"En definitiva: los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas. En este caso, la ley es clarísima. Quedan suspendidos cuando hay unas condiciones que se dan en los cuatro diputados procesados", ha concluido Pastor, quien ha pedido que se "aplique la ley", ya que dichos diputados ya "están suspendidos por ley".

Antes de la reunión de la Mesa, el PP ha amenazado con reprobar a Batet y llevarla a los tribunales si no suspendía ya a los diputados presos. Así lo ha asegurado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha acusado a la presidenta del Congreso de intentar "lavarse las manos" en este asunto.

Cs amenaza con pedir la dimisión de Batet

También ha hablado el diputado de Cs y miembro de la Mesa del Congreso Juan Carlos Girauta, quien ha criticado que pedir un informe a los letrados en esta situación "no sólo es inadecuado sino que interfiere" en el juicio del 'procés' que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo.

“Girauta: Batet no puede arrodillar a la democracia española ante los golpistas“

"Batet no puede arrodillar a la democracia española ante los golpistas por el hecho de tener un pacto entre sus partidos o entre sus líderes. ¿Qué pretende? ¿Provocar un conflicto constitucional? ¿Echarle un pulso al Tribunal Supremo?", ha apostillado. Ha lamentado además que se posponga la decisión porque "Jordi Sánchez ya está pidiendo reunirse con el rey y junqueras con su grupo en esta casa".

Pese a que Batet ha insinuado que ha habido unanimidad en la decisión de pedir el informe a los letrados y ha determinado que no ha habido votación, Girauta ha sido tajante afirmando que sí la ha habido con un resultado de cinco a favor y cuatro en contra.

Por último, ha afirmado que "cada minuto que cobran los presos de los españoles es un minuto de humillación al pueblo español". "Sánchez y Batet están siendo cómplices de los golpistas que seguirán cobrando de todos los españoles porque el PSOE lo permite", ha concluido Girauta, quien ha asegurado que la presidenta del Congreso "ha apoyado tres veces el referéndum separatista" en Cataluña.

Vox asegura que los diputados cometieron "fraude de ley"

En un escrito recogido por Europa Press del presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a la Mesa del Congreso que revoque la condición parlamentaria de los cuatro diputados en prisión provisional por haber cometido a su juicio un "fraude de ley" en el acatamiento de la Constitución durante la sesión constitutiva del pasado martes.

Abascal argumenta que "no cabe ninguna duda" de que las fórmulas pronunciadas por estos diputados al acatar la Constitución en el Pleno "no son válidas, privan del sentido propio del acatamiento y como mínimo suponen un fraude de ley".

Abascal cita a Oriol Junqueras (ERC), Josep Rull (Junts) "y muy particularmente" a Jordi Sánchez y Jordi Turull, también de Junts, que fueron quienes prometieron la Constitución "con lealtad al mandato del 1-O", algo que según Vox contradice la jurisprudencia del TC.

Su conclusión es que los cuatro diputados independentistas "no han realizado formal ni materialmente" el acto de juramento o promesa de acatar la Constitución previsto en el Reglamento del Congreso y, por tanto, "no han adquirido la condición plena de Diputados".