Un ex alto cargo del Govern declara que Puigdemont comentó que financiaría el 1-O con donaciones particulares

• El tribunal concluye en el mismo día la fase testifical tras 422 testigos y la fase pericial y prevé acabar el juicio el 12 de junio
• Peritos de las defensas intentan desmontar el informe que cifra en 900.000 euros el valor de los locales cedidos

El ex número dos de Vila asegura que Puigdemont dijo que el 1-O se financiaría con donaciones de particulares

El Tribunal Supremo ha finiquitado en la jornada número 46 del juicio del 'procés', celebrada este jueves, la fase testifical -tras la declaración de los últimos testigos de los 422 que han pasado por la Sala de Plenos en las últimas doce semanas- y la fase pericial. El día deja el titular de que el expresidente Carles Puigdemont comentó que el referéndum del 1-O se pagaría con "aportaciones de particulares"; un enfrentamiento entre los peritos de las acusaciones que sostienen que hubo malversación por la propia cesión de los locales de votación y los de las defensas que lo rechazan porque los edificios públicos no son alquilables; la sorpresa de la Fiscalía renunciando al informe pericial sobre la documentación encontrada en el despacho de Josep Maria Jové, el ex número dos de Oriol Junqueras; y una clase magistral de catalán.

La sesión ha arrancado con la declaración de los cuatro últimos testigos, todos ellos ex altos mandos de la Generalitat propuestos por las defensas de los exconsellers de Empresa y Gobernación, Santi Vila y Meritxell Borrás, acusados de malversación y desobediencia. El ex número dos del primero de ellos, Pau Villoria, ha declarado que el exconseller les dio instrucciones para que no se iniciara ningún expediente de gasto en relación con la consulta independentista.

El ex secretario general del departamento de Empresa de la Generalitat ha explicado también que Vila le informó de que el expresidente catalán Carles Puigdemont le había comentado que el referéndum del 1-O se financiaría "con aportaciones, con donaciones de particulares". El exresponsable de Empresa, que dimitió como conseller un día antes de la declaración unilateral de independencia, ya sostuvo en su declaración como acusado que su "impresión" era que el 1-O se financió a través de mecenazgos privados, pero que era una "especulación".

Los cuatro testigos de este jueves han coincidido también en calificar de "declaración de contenido político" el acuerdo que adoptó el Govern el mismo 6 de septiembre de 2017 para asumir de forma "colectiva, colegiada y solidaria" cualquier decisión en relación con la consulta.

'Careo' entre los peritos sobre el uso de locales del 1-O

El tribunal ha escuchado también esta mañana la declaración de los dos peritos que, a instancias de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, elaboraron un informe que cifra en 900.906 euros el valor del uso que habrían tenido por arrendamiento los más de 2.200 centros en los que se celebró el 1-O; y de los otros dos peritos que, a petición de la defensa de la exconsellera Dolors Bassa, realizaron una contrapericial que concluye que no es correcto hacer este cálculo.

La prueba pericial se ha convertido, de esta manera, en una especie de careo entre los cuatro técnicos sobre si hubo lucro cesante o no en la cesión de los locales por parte de la Generalitat y sobre si esta cantidad se puede contabilizar entonces como dinero malversado. Los peritos de Segipsa e Ibertasa que realizaron el informe a petición de las acusaciones concluyen que sí, pero los autores de la contrapericial han calificado el documento de sus compañeros como "un ejercicio académico" ya que en el caso de los edificios públicos "el valor de mercado no existe porque están fuera" del mismo.

Los peritos de las defensas han subrayado, además, que el 50% de los locales usados el 1-O no eran de la Generalitat ya que había también escuelas privadas y centros pertenecientes a ayuntamientos.

La Fiscalía renuncia a la pericial sobre la documentación de Jové

Este jueves tenían que declarar también, a propuesta de la Fiscalía, los dos guardias civiles que analizaron los documentos incautados en el despacho del ex número dos de Junqueras, Josep María Jové, pero el Ministerio Público ha acabado renunciando a la prueba. Primero, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha aceptado las protestas de las defensas y ha impedido que uno de ellos declarara porque ya lo había hecho como testigo por ser uno de los tenientes -ahora capitán- que estuvo en el registro de Economía el 20S.

El segundo ha empezado a declarar como "testigo experto" haciendo hincapié en que la movilización popular era un "elemento primordial para el éxito" de la estrategia que recogía el famoso Enfocats, pero las defensas han vuelto a quejarse porque este documento se encontró en el domicilio de Jové y la pericial era solo sobre lo que se incautó en el despacho. El fiscal Javier Zaragoza ha intentado reconducir el interrogatorio, pero finalmente ha renunciado a seguir con la declaración "vistas las dificultades" para hacer las preguntas que quería.

Informes médicos y una clase magistral de catalán

Por el Supremo han pasado además dos médicos, que a propuesta de las defensas, han analizado los partes médicos de los agentes que resultaron heridos el 1-O, concluyendo que no hubo ningún caso grave y que solo en 33 informes se habla de "agresiones". De los 110 lesionados, aseguran solo hay parte médico en 60 de los casos.

La anécdota de la tarde la ha protagonizado la presidenta de la comisión de gramática del Centro de Estudios Catalanes (la RAE del catalán), propuesta por la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn para refutar la traducción que la Guardia Civil hizo de la frase "L'1 de octubre de 2017 s'ha de celebrar el referèndum" que parece en un informe de los Mossos como "el 1-O se ha de celebrar el referéndum".

La presidenta de la RAE del catalán refuta la traducción de una frase en la que parece que los Mossos apoyan el 1-O

Según esta experta, la traducción "ideal" hubiera sido "el 1-O se va a celebrar o se celebrará el referéndum". Estamos, ha argumentado, ante un caso de un "falso amigo", una palabra que puede aparecer en dos lenguas pero cuyo significado no coincide.

El juicio se retomará el lunes con la prueba documental, en la que se exhibirán los vídeos sobre el día 1-O. El Supremo prevé que el juicio acabe finalmente el 12 de junio.

El Supremo confirma la multa de 2.500 euros a los exdiputados de la CUP

Al margen de la sesión, el Tribunal Supremo ha ratificado la multa de 2.500 euros que impuso a los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulalia Reguant por negarse a contestar en el juicio a la acusación popular ejercida por Vox y desestima los recursos que habían presentado contra la decisión. Contra la decisión cabe recurso.

Asimismo, el tribunal acuerda remitir el caso al Juzgado de Guardia de Madrid para depurar eventuales responsabilidades penales tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 176) cuando persiste la negativa a declarar.