El Supremo devuelve al Congreso la pelota sobre la suspensión de los diputados en prisión preventiva

• El Supremo rechaza por "inviable" el informe solicitado por Batet y se remite a lo que ya trasladó a la Cámara el día 14
• Tras la respuesta del tribunal, la presidenta del Congreso solicita un informe sobre la suspensión a los letrados parlamentarios

El diputado electo el prisión preventiva de ERC, Oriol Junqueras, junto a su compañero de partido, Gabriel Rufián, en la sesión de constitución de las Cortes.

El Tribunal Supremo devuelve la pelota al Congreso sobre la decisión de suspender a los cuatro diputados independentistas en prisión preventiva y recuerda a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que en su auto del 14 de mayo -en el que rechazó su puesta en libertad y la suspensión del juicio del 'procés'- ya expuso que el propio reglamento del Congreso contempla la suspensión de sus integrantes cuando se encuentran en la situación en la que están el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y que así se le trasladó la resolución a los efectos procedentes.

En un breve escrito de apenas dos párrafos, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, responde así a la presidenta del Congreso, que este miércoles le solicitó un informe para "aclarar" el alcance del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece también la suspensión automática como cargo público de aquellos procesados en prisión provisional por rebelión.

Marchena rechaza elaborar este informe argumentando que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable" su realización. "De ahí la necesidad de limitarnos a reiterar lo que ya fue razonado en nuestro auto de 14 de mayo de 2019, debidamente comunicado" a la presidenta del Congreso "mediante oficio de la misma fecha", subraya.

El Supremo: "Es misión de la Sala salvaguardar los fines del proceso"

"A lo allí expuesto nos remitimos. La causa penal va a seguir su curso y es misión de esta Sala salvaguardar los fines del proceso", añade Marchena en su escueta respuesta a Batet, de la que se despide trasladándole su "más alta consideración personal".

En su auto de 14 de mayo, el Supremo hizo mención expresa al artículo 21.2 del reglamento del Congreso [que contempla la suspensión del diputado cuando, "concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta"] cuando argumentaba en contra de conceder a Junqueras, Sànchez, Turull y Rull la libertad provisional tras haber logrado un escaño en las elecciones general del 28A.

"El propio artículo 21 (...) prevé la situación de que un diputado se halle en situación de prisión preventiva y que ello implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios" -señalaba hace nueve días el Supremo- "La prisión preventiva (...) no es incompatible con la condición de diputado o de senador ni implica per se una vulneración de sus derechos como tal cuando, como hemos reiterado, es proporcionada y no responde a una finalidad arbitraria".

Batet pide un informe a los letrados del Congreso

Ante la decisión del Supremo de devolver la pelota al Congreso, la presidenta Batet ha pedido a los letrados de la Cámara Baja un informe sobre la suspensión de los diputados presos tras la reunión que ha mantenido este jueves la Mesa, que se volverá a reunir este viernes para tomar una decisión al respecto.

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido a Batet de que la denunciará por prevaricación si no suspende a los presos "golpistas" de forma "inmediata", mientras que el hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha anunciado que pedirá "formalmente" su dimisión si este viernes no ejecuta la suspensión de funciones de los cuatro diputados en prisión preventiva, según informa Europa Press.

Al margen del escrito que Batet remitió al Supremo este miércoles, la Fiscalía solicitó también al alto tribunal que impulsara la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que comunicara a las mesas del Congreso y del Senado para que suspendan a los cinco parlamentarias en prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal no ha respondido de momento al Ministerio Público.