La Audiencia de Madrid reabre el caso de las 1.800 viviendas públicas vendidas por Ana Botella

• Estima el recurso contra el archivo de la causa y agotará la investigación por posible prevaricación, malversación y fraude
• El Tribunal de Cuentas ya condenó a Botella y a seis de sus concejales al pago de 22,7 millones por la venta "ilegal" de las viviendas

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella, en una imagen de archivo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso de la venta de vivienda pública al fondo de inversión Fidere por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid presidido por la exalcaldesa Ana Botella (PP).

De este modo, la justicia estima el recurso interpuesto por el PSOE, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y la Asociación de Afectados contra el auto del pasado 23 de enero, dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, que dispuso el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.

Esta decisión busca agotar la investigación por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados: Fermín Oslé Uranga, ex consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda, por la venta de 1.860 viviendas, locales y garajes públicos realizada en 2013.

Segunda reapertura de la causa

Se trata de la segunda vez que la Audiencia Provincial reabre la causa por la venta de dichos inmuebles: ya lo hizo en octubre de 2017, después de que el juzgado decretase en 2015 el sobreseimiento del caso, en base a un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

En dicho informe, que se centraba en los ejercicios 2012 y 2013 -bajo mandato del PP- se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar, pues lo más parecido es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios.

En diciembre de 2018 el Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botellas y a seis de sus ediles en 2013 a pagar 22,7 millones de euros por vender de forma "ilegal", sin concurrencia ni publicidad y por debajo de su precio, las viviendas al fondo de inversión Fidere.

Este Tribunal consideró que las 18 promociones de vivienda, enajenadas por 128 millones, se vendieron por debajo del precio contable (159 millones) y de mercado generando un perjuicio al erario público de 25,7 millones de euros, además de asegurar que no se promovió "una verdadera concurrencia".

Además de Botella este Tribunal condenó a Concepción Dancausa -exdelegada del Gobierno en Madrid-; Paz González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Dolores Navarro y Pedro del Corral, así como al entonces gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé Uranga.

Un mes después de que esta condena el juez instructor decidió en cambio archivar la causa penal al entender que no había "elementos suficientes" para continuar y que con todas "sus irregularidades formales, menores", el procedimiento "respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia".

El Gobierno de Manuela Carmena, los afectados y el PSOE recurrieron y la Audiencia Provincial les vuelve a dar la razón.

Además, en el mandato de Manuela Carmena se modificaron los estatutos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo para impedir que se vendan viviendas públicas y orientarlas en cambio al alquiler social.