El Banco de España reclama una reforma de las pensiones "con consensos amplios y sin demoras injustificadas"
- Aboga una vez más por retrasar la edad de jubilación y reforzar la relación entre cotización y pensión
- Advierte de que el envejecimiento de los votantes hará "más difícil" que se acometa esa reforma que garantice el sistema
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclama en el informe anual de la institución una reforma que garantice la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones, construida desde "consensos amplios y sin demoras injustificadas" tras el fracaso del Pacto de Toledo en la anterior legislatura.
Además, el supervisor avisa de que el envejecimiento del "votante mediano", parejo al incremento de la edad media de la población española, hará "políticamente más difícil" que se acometa esa reforma que garantice financieramente el sistema de pensiones sin cargar su coste únicamente a las generaciones futuras.
Hernández de Cos asegura en la presentación del documento que garantizar las pensiones implicará medidas adicionales tanto sobre los ingresos como sobre los gastos y nuevos incentivos para favorecer "un mayor alienamiento" entre la edad efectiva de jubilación y la legal, máxime cuando las últimas medidas han retrasado la aplicación del factor de sostenibilidad y reintroducido la revalorización con el IPC.
"La trascendencia de esta cuestión subraya la necesidad de construir consensos amplios, sin demoras injustificadas, acerca de estas medidas que son necesarias para que nuestro sistema de pensiones preserve la sostenibilidad intertemporal y la equidad entre las distintas generaciones", sostiene el gobernador.
Fuentes del Banco de España citadas por Europa Press abogan por acometer medidas aunque no se alcance un consenso total, pero sí bastante holgado.
El organismo vuelve a apostar por alargar la edad de jubilación
En su informe anual, la institución analiza los efectos del envejecimiento de la población sobre la economía española y que, a grandes rasgos, se pueden resumir en una reducción del crecimiento potencial, del empleo, de la tasa de ahorro, del consumo, de la inversión, de los salarios y de la recaudación fiscal y por cotizaciones sociales.
La ratio entre la población que recibirá prestaciones de jubilación (mayores de 66 años) y la población en edad de trabajar (16-66 años) se duplicará entre 2020 y 2050, con el consiguiente aumento del gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. Ante este panorama, el Banco de España aboga por tomar una serie de medidas, entre ellas la de alargar la edad final de jubilación -ya que, pese a las reformas de 2011 y 2013, sigue estando por debajo de los 65 años-, favoreciendo la permanencia en el empleo de trabajadores de mayor edad con medidas que flexibilicen sus transiciones entre puestos de trabajo y no sus transiciones hacia la inactividad.
Así, el Banco de España cree que se debe "reconsiderar" la relación entre las prestaciones del sistema y la edad a la que se reciben, acompasando la entrada en la jubilación y la cuantía de la pensión al aumento de la longevidad.
De hecho, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recalcaba después en Oviedo, al presentar el informe, que los cambios no implican necesariamente tener que bajar las pensiones. "Depende de cómo se acometan [las reformas] se puede hacer de una forma u otra", ha señalado, antes de insistir en que "cuanto antes se haga la reforma que permita esa sostenibilidad financiera y la equidad intergeneracional, mejor".
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Solo la inmigración no resuelve el envejecimiento del país
El Banco de España advierte de que "los flujos de inmigración solo pueden compensar el envejecimiento demográfico en el corto plazo", por lo que insta al Gobierno a tomar "medidas de calado" en pensiones, sanidad y dependencia, de modo que se revisen sus fuentes de financiación y el nivel y eficiencia de las prestaciones.
"Las reformas tienen que ser financieramente sostenibles, ofrecer las prestaciones suficientes y distribuir equitativamente los costes y los beneficios entre las generaciones actuales y las futuras", afirma el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos en su informe anual de 2018, donde señala que el efecto positivo de la inmigración "se desvanecerá más allá del corto plazo engrosando adicionalmente la población en edades más avanzadas".
Sin embargo, reconoce que "la inmigración podría mitigar, al menos en parte, el envejecimiento demográfico, al aumentar el tamaño de la población en edad de trabajar, al igual que ocurrió en la década anterior a la crisis".
La prioridad, reducir el déficit estructural y reducir la desigualdad
El Banco de España señala en el informe que es necesario acometer los retos a los que se enfrenta la economía española "con urgencia" ahora que el entorno económico es favorable. Uno de los objetivos, a su entender, es la reducción del componente estructural del déficit público durante los próximos años, ya que las reducciones del déficit de los últimos años (en 2018 cerró en el 2,5% del PIB) no han producido ninguna mejora del saldo estructural desde 2015, que permanece en niveles "elevados", y con una deuda pública en el 98% del PIB.
Fuentes del organismo citadas por Europa Press ven "prioritario" el proceso de consolidación presupuestaria a través del establecimiento "sin demora" de un programa a medio plazo de corrección de desequilibrios fiscales que permitan al Gobierno acometer políticas en caso de un eventual shock económico. "Es un buen momento para poner el tejado en orden", inciden.
Además, el gobernador del Banco de España resalta en el informe anual que la desigualdad aumentó durante la crisis, por lo que asegura que debe constituir otro "objetivo prioritario" conseguir que los beneficios de la recuperación "se hagan extensivos a capas de la sociedad tan amplias como sea posible". Para ello, aboga por lograr aumentos adicionales de la ocupación y por mejorar la calidad del empleo.