Estrasburgo rechaza la demanda de Puigdemont y otros diputados catalanes contra la anulación del pleno de la DUI

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cree que la decisión del TC era "necesaria" para "la seguridad pública"

Estrasburgo tumba la demanda de Puigdemont contra la anulación del pleno de la DUI

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros 74 diputados, entre ellos algunos de los procesados en el juicio del 'procés', contra la anulación del pleno de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.

La Corte europea afirma en su decisión que la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) era "necesaria en una sociedad democrática" para "mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades ajenas" y que se trataba de proteger a "los parlamentarios en minoría" en el Parlamento catalán "ante posibles abusos de la mayoría", ya que la solicitud de convocatoria fue registrada por los grupos de Junts pel Sí y la Candidatura Unidad Popular (CUP), que representaban a más del 50% de la Cámara.

Según Estrasburgo, el objetivo del Constitucional era "permitir a los demandantes de amparo" -es decir, al PSC, que fue el que presentó el recurso pidiendo la suspensión de ese Pleno- "ejercer legítimamente sus funciones" en conformidad con el artículo 23 de la Constitución.

Además, el tribunal considera que los demandantes no han sido víctimas de indefensión, ya que recuerda en su sentencia que el Parlamento catalán fue, a través de sus servicios jurídicos, "parte en el procedimiento de amparo" que dio lugar a la sentencia del Constitucional que confirmó la suspensión del Pleno.

El Govern acepta el revés de Estrasburgo y espera otras decisiones favorables

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha dicho que el Govern "acepta" el revés del Tribunal de Estrasburgo a los diputados soberanistas y ha reclamado al "unionismo" que "respete" futuras decisiones que sí puedan ser "favorables" al soberanismo, aunque "condenen al Estado español por violación de los derechos fundamentales".

Por otra parte, Budó también se ha referido al hecho de que la Fiscalía mantendrá previsiblemente su acusación por rebelión contra los líderes independentistas del 'procés' que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. "No nos extraña", ha replicado la consellera, que ha señalado que desde el principio el Govern tuvo "muy claro que era un juicio farsa", en el que "la Fiscalía no ha querido ni escuchar" los argumentos que desencajaban con la acusación de rebelión.

Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha destacado que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un "rechazo claro a los argumentos formulados por el independentismo, que trata todo el rato de desacreditar al sistema judicial español", cuyo funcionamiento ha quedado "respaldo" según su criterio.

El pleno en el que Puigdemont pretendía declarar la independencia

En octubre de 2017 el Constitucional admitió a trámite un recurso de amparo del PSC en el que argumentaba que, si dicho pleno, convocado el 9 de septiembre de dicho año para que Puigdemont compareciera ante la Cámara autonómica y abordara los resultados del referéndum del 1-O, hubiera declarado finalmente la independencia, se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los diputados y declaró "radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno", cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contraviniese la suspensión acordada.

Los recurrentes alegaban que el Constitucional infringió los derechos a libertad de asociación y a la libertad de expresión de los diputados nacionalistas salvaguardados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos con su decisión, que declaró vulnerados los derechos políticos de los diputados del PSC, y que atacó "la voluntad de los votantes" que participaron en el referéndum del 1-O.

Según el recurso presentado en Estrasburgo por los entonces diputados del Grupo JxSí y la CUP, ambos representaban el 56,3% de todos los escaños de la cámara autonómica y, en virtud de ello, solicitaron a la Mesa que convocara una sesión plenaria para que el entonces president evaluara los resultados del referéndum del 1 de octubre y sus efectos de conformidad con una de las leyes de desconexión -obviando que habían sido suspendidas por el propio TC.