El FROB da por concluido el proceso de reestructuración de la banca, que por ahora cuesta casi 50.000 millones

• Las ayudas del fondo ascienden a 58.871 millones de euros, de los que se han recuperado 8.995,3 millones

Edificio corporativo de CatalunyaCaixa en Manresa.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha dado por concluido el proceso de reestructuración de las entidades de crédito españolas -que, por ahora, ha costado 49.876,7 millones de euros a las arcas públicas- al acabar en abril de 2018 los últimos dos planes de entidades que recibieron apoyos públicos: Catalunya Banc -integrado en el Grupo BBVA- y CEISS (en Unicaja Banco).

Así lo certifica el fondo en su Memoria de actividades 2018, publicada este martes, en la que adjunta un cuadro histórico de ayudas en las que señala que aportó 58.871 millones de euros a las entidades que necesitaron apoyo público (entre acciones, participaciones preferentes o CoCos y garantías y EPAs). De esa cifra ha recuperado 5.911 millones, a los que hay que sumar 3.084,3 millones procedentes de Bankia.

Las ayudas definitivamente recuperadas dependerán de la evolución y desinversión final de las participadas del FROB (BFA/Bankia con BMN y Sareb, el llamado 'banco malo'. Sin embargo, el fondo dio por hecho hace pocos días una "escasa" recuperabilidad de los 2.192 millones de euros de dinero público que se empleó en este último.

Según recuerda en su memoria, la mayoría de entidades que recibieron ayudas públicas culminaron en 2017 sus planes de reestructuración. Para el presidente del FROB, Jaime Ponce, el año de 2018 fue "un año de transición", pues "se alcanzó el fin de todos los planes que las entidades españolas suscribieron con ocasión de la recepción de apoyos financieros", y al mismo tiempo "fue clave para la consolidación del marco europeo y la mejora de la resolubilidad de las entidades financieras de la Unión Bancaria".

Personado en 24 causas penales

Por otro lado, el fondo de rescate informa de que mantiene su presencia como perjudicado en 24 procesos, en su mayoría antiguas cajas, por operaciones que pudieran ser constitutivas de delito en entidades receptoras de ayudas públicas, para defender los intereses generales y tratar de recuperar parte del dinero con lo que abonen los condenados en concepto de responsabilidad civil.

Muchos de estos procesos llegan tras los 57 informes sobre irregularidades en las entidades rescatadas que el FROB ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción a lo largo de estos años, con un perjuicio económico estimado en más de 3.700 millones de euros.