La Fiscalía investiga el caso de la mujer que se suicidó en Madrid tras difundirse un vídeo de contenido sexual
- Se investiga quién lo compartió y si la mujer pudo sufrir acoso en Iveco, la empresa donde trabajaba
- CC.OO. denuncia que la empresa no aplicó el protocolo de prevención de acoso por considerarlo "un asunto personal"
La Fiscalía de Criminalidad Informática ha pedido a la Policía un informe sobre las circunstancias que rodearon el suicidio de una trabajadora de Iveco después de que sus compañeros compartieran varios vídeos sexuales, unos hechos que podrían acarrear a los autores penas de hasta un año de cárcel.
De hecho, la Policía ya está investigando la autoría, difusión y reenvío de estas grabaciones, que llevaron a Verónica, de 32 años, a quitarse la vida el pasado sábado, al tiempo que la Agencia Española de Protección de Datos también ha abierto de oficio una actuación ante "la posible difusión sin consentimiento" de las imágenes.
Asimismo, la investigación se ha abierto de oficio, ya que la fallecida no había interpuesto denuncia. Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa que trabajaba, del grupo Iveco.
De momento, no hay detenidos y se investiga si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes. La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.
Mientras, la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática ha pedido un informe a la Policía Nacional para que le comunique las circunstancias sobre este caso. En caso de que los investigadores aprecien delito en lo sucedido, la Fiscalía lo investigará y si procede, lo llevará a un juzgado para que se judicialice el caso, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
"No hay derecho"
La víctima, trabajaba en la planta que la empresa de camiones, con unos 2.500 empleados, tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.
Allí, 150 empleados se han concentrado esta mañana en repulsa por la muerte de la mujer durante más de 10 minutos, una convocatoria que ha finalizado con un aplauso para ella.
"No hay derecho", ha dicho a los medios con indignación una de sus compañeras justo antes de fichar.
Otro grupo de la plantilla, casi todos hombres, ha remitido a Efe un comunicado para explicar que la mayoría de trabajadores "mostraron su disconformidad en relación a lo que estaba sucediendo", por lo que han exigido que no se generalice una conducta con la que han mostrado su "absoluta desaprobación" y que se busque a los responsables.
Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses en los casos en que "sin autorización de la persona afectada" se difunda, revele o ceda a terceros "imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella" obtenidos con su anuencia "fuera del alcance de la mirada de terceros", cuando la divulgación "menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".
Fuentes cercanas al caso han informado de que se trata de un total de cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya propagación empezó desde "dentro de la propia empresa".
CC.OO. denunciará a Iveco
Según explicó CGT Iveco cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.
Quien si denunciara a Iveco, en este caso ante Inspección de Trabajo, es CC.OO. al considerar que no activó el protocolo de acoso sexual en el caso de Verónica cuando, en su opinión, se trata de un accidente laboral.
El sindicato ha revelado que la empresa respondió que se trataba "de un asunto personal y no de ámbito laboral", por lo que no tomó medidas, con lo que, a juicio de CC.OO, incumplió sus obligaciones de protección de la salud de la trabajadora que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Igualdad.
Y es que los Protocolos de Prevención del Acoso Sexual en el trabajo deben ser conocidos por todos los empleados y han de contemplar tanto medidas para evitarlo como de intervención en el caso de que se produzca, sin olvidar que deben proteger la confidencialidad de la víctima, ha dicho Encarna Abascal, Secretaria Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF.
CC.OO. ha informado de que tras conocer la distribución de dicho vídeo contactó con la trabajadora de Iveco para informarle de que podía solicitar la activación de un protocolo de prevención de acoso y denunciar a la persona que había difundido las imágenes por vulneración del derecho a la intimidad y por violencia de género.
En un comunicado, el sindicato ha explicado que acompañó a la afectada a una reunión con la dirección de la empresa para notificar lo que había ocurrido y quién había iniciado la transmisión del vídeo.
En esa reunión, según ha asegurado el sindicato, Iveco respondió que se trataba "de un asunto personal y no de ámbito laboral", por lo que no tomó medidas, con lo que, a juicio de CC.OO., incumplió sus obligaciones de protección de la salud de la trabajadora que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Igualdad.
"Siendo la empresa conocedora de la situación de riesgo en el centro de trabajo al menos desde el jueves 23 de mayo, no ha tomado ninguna medida preventiva y por ello CC.OO. considera que su inacción ha sido un factor decisivo en el lamentable resultado del fallecimiento de nuestra compañera", ha declarado la rama de Industria del sindicato.
Mientras, UGT ha expresado su deseo de que las investigaciones judiciales "lleguen hasta el final" y ha anunciado que "por respeto a la familia" no "participará de polémicas ni entrará en debates hasta que no concluyan las investigaciones".
Por su parte, el sindicato CSIF ha pedido a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía que abran una investigación de oficio ante una eventual dejación de responsabilidades por parte de IVECO en la aplicación de los Planes de Igualdad y Prevención del acoso laboral y sexual.