El juez del caso Lezo archiva la investigación a Gallardón por la compra de la empresa Inassa

• Asegura que no queda acreditado que conociera los pormenores de esa compra
• También lo archiva para el expresidente madrileño Ignacio González y el exvicealcalde Manuel Cobo

El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo.

El juez del caso Lezo Manuel García Castellón ha archivado, a instancias de la Fiscalía, la investigación que abrió al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El juez de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera sacar del procedimiento a Gallardón, ministro de Justicia en el gobierno de Mariano Rajoy, al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa compra por la que se desembolsó 73 millones de dólares.

Por el mismo motivo, y tal y como pidió Anticorrupción, García Castellón también deja fuera de esta pieza de Lezo al expresidente madrileño Ignacio Gonzálezy a Edmundo Rodríguez Sobrino -considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica y que después ejerció como presidente de la empresa colombiana-, si bien ambos están investigados en otras piezas de esta causa, por lo que siguen imputados.

De entre todos los investigados para los que pidió la Fiscalía el archivo, y que ahora acuerda el juez, figuran miembros del Consejo de Gobierno que aprobó esa compra como Manuel Cobo, el exvicepresidente madrileño y quien fuera 'mano derecha' de Gallardón, o Carlos Mayor Oreja, que también fue presidente del Canal de Isabel II (CYII), así como el de otras 11 personas más.

Propone juzgar a 22 personas

Por contra, el magistrado ha propuesto juzgar a 22 personas, tal y como solicitó la Fiscalía la semana pasada, por las posible irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa.

En concreto, el juez procesa a los 14 miembros del Consejo de Administración del Canal cuando se produjo la compra, entre los que destacan el expresidente del Canal y exconsejero Pedro Calvo; el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo, y el socialista Agapito Ramos, consejero del Canal hasta 2015.

Según el juez y la Fiscalía, aprobaron la compra "a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar", operación por la que también han sido procesado 5 trabajadores de Triple A de Barranquilla vinculados a Aguas de Barcelona (Agbar).

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el magistrado ve "indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravado", y da un plazo de 10 de días para que las acusaciones personadas presenten sus escritos de acusación.

El juez abre una pieza separada en la que incluye estos hechos, que se remontan al año 2000 cuando varios de los investigados vinculados a la Agbar llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que la empresa española les vendiera toda su participación en Inassa con el fin de convertirse en socios únicos de la misma.

También advierte de que llevaron a cabo "las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real a cambio de lo cual los citados trabajadores recibirían un porcentaje de Inassa como así sucedió finalmente”.

La adquisición de Inassa

Según el magistrado, toda la operación de la adquisición de Inassa "estuvo plagada de ilicitudes y contrariamente a lo autorizado", de manera que el Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por la compra de Inassa, un "sobreprecio injustificado", en una cantidad entre 23 millones y casi 35,5 millones de dólares.

Además, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana WATCO", señala el auto.

Eso -agrega- provocó "un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados -WATCO SA- que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica".

En esta misma resolución, el juez acuerda incorporar dos informes periciales aportados por la Fiscalía, "al ser una prueba relevante y necesaria" de esas irregularidades en la compra de Inassa.

En ese proceso, al que se vinculó el Canal asociándose con la empresa Tecvasa -sociedad en la que los investigados eran socios minoritarios- intervinieron, según el juez, el que fuera director económico y de desarrollo comercial del Canal, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, entonces subdirector de Nuevos Negocio.

Su actuación contó "con el beneplácito" de Arturo Canalda González -director gerente de CYII desde el 25 de septiembre de 2001-", quien, conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación -la interposición societaria y el sobreprecio-, la presentó a los consejos de administración correspondientes para obtener autorización.

Por eso también fue decisiva la actuación de los miembros del Consejo de Administración del Canal, que autorizaron la compra en noviembre de 2001, "a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar".