La batalla judicial, la fecha y otras preguntas y respuestas sobre la exhumación de Franco

• El Tribunal Supremo suspende cautelarmente por unanimidad la exhumación de Franco
• El Gobierno había acordado el 10 de junio como fecha el traslado de los restos de dictador al cementerio del Pardo

El pulso entre el Gobierno y los contrarios a la exhumación alarga casi un año la salida de Franco del Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que el Gobierno preveía realizar el próximo 10 de junio, dando la razón al primer objetivo de las demandas presentadas por la familia del dictador y otros organizaciones y colectivos que defienden la ilegalidad del proceso iniciado por Pedro Sánchez tras su llegada a la Moncloa.

Aunque en este primer momento el Alto Tribunal se posiciona a favor de las reclamaciones de la familia, lo hace sin tomar ninguna decisión sobre el fondo del asunto -es decir, sobre si es procedente o no que los restos del dictador salgan del Valle- y pretende evitar una exhumación precipitada que pueda resultar en un viaje de ida y vuelta del féretro de Franco al Valle de los Caídos y aplaza también el pronunciamiento sobre la constitucionalidad del real decreto con el que el Gobierno comenzó este proceso hace casi un año.

¿Cuándo será la exhumación de Franco?

Aunque estaba previsto que la exhumación de Franco se realizara el próximo 10 de junio en el Valle de los Caídos, la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar de los trabajos -tal y como han reclamado los familiares del dictador, la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina que lo habita-, a expensas de poder pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, deja en el aire cuál será el nuevo horizonte para la salida del cuerpo del dictador de la basílica del valle de Cuelgamuros.

De hecho, y según las primeras reacciones del Gobierno a la decisión del Alto Tribunal, la posición actual del Ejecutivo es la de esperar a que se dicte una sentencia, "convencido" de que le será favorable. El proceso "puede alargarse durante cierto tiempo", explicaba este lunes el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, en una entrevista en RNE en la que observaba una intención de la familia del dictador tanto de "garantizar sus derechos" como de "judicializar el asunto" para demorarlo.

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¿Por qué insiste el Gobierno en la exhumación de Franco?

El proceso de exhumación de Franco, una de las promesas estrella del presidente Pedro Sánchez tras su llegada a la Moncloa, comenzó hace casi un año, el pasado 25 de agosto, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley con el que desde entonces ha intentado dar cumplimiento a una recomendación de un comité de expertos convocado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Este grupo formado por historiadores, filósofos, representantes de las fuerzas políticas y otras autoridades recomendó en noviembre de 2011 el traslado de los restos del general Francisco Franco ateniéndose al objetivo inicial del monumento, el de honrar la memoria de "los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil". Al no ser el dictador una víctima de la contienda, el comité consideró que la retirada de su tumba es necesaria para el "objetivo de resignificar el conjunto del Valle de los Caídos, despojándole de cualquier connotación ideológica y política".

¿Se había intentado antes?

Antes de llegar al Gobierno y con Mariano Rajoy aún como presidente, a finales de 2017, el grupo parlamentario del PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una reforma de ley para cumplir con este objetivo que fue aprobada con el apoyo de Unidos Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP y ERC. Posteriormente, en febrero de 2018, el Gobierno de Rajoy se opuso a su tramitación.

Además de la exhumación de Franco, el proyecto incluía la reserva de una partida económica para poder cumplir también con el deseo de llevar a cabo exhumaciones de algunos de los familiares de las 33.833 personas que oficialmente están enterradas en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

El PSOE presentó por primera vez una proposición no de ley para la exhumación en octubre de 2013 y, en 2015, fue el exjuez Baltasar Garzón quien pidió al Gobierno de Rajoy la reconversión del Valle y el traslado de los restos. Su solicitud fue denegada.

¿A dónde irá el cuerpo de Franco?

Tras varias posibilidades que llegaron a apuntar a la catedral de La Almudena como lugar de reinhumación del dictador, a propuesta de los familiares de Franco que tienen allí una sepultura y descartada por el Ejecutivo por motivos de "orden público y seguridad ciudadana", y ante el silencio de la familia, el Gobierno acordó el pasado 15 de marzo que los restos serán trasladados al panteón que los Franco ocupan en el cementerio municipal de Mingorrubio-El Pardo -donde ya se encuentra enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo- porque garantiza "tanto las condiciones de dignidad y respeto como la digna sepultura exigidas".

Para ello, ha sido necesario que Patrimonio del Estado asuma la titularidad de la sepultura que antes ostentaba Patrimonio Nacional, al considerar el Consejo de Administración de esta última que la concesión del título de derechos funerarios sobre el panteón no era acorde a los fines "culturales, científicos y docentes" que defiende el organismo vinculado a la Casa Real.

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¿Cuál ha sido la posición de la familia de Franco?

La familia del dictador siempre se ha opuesto a la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos después de que el Gobierno ordenara la exhumación el pasado 15 de febrero y diera a los descendientes 15 días para decidir a dónde transportar los restos. Aunque, como se ha mencionado, llegó a proponer la madrileña catedral de La Almudena para su traslado, su posición ha variado y se ha enrocado en un procedimiento legal que ha llegado hasta el Tribunal Supremo.

Antes de llegar al Supremo, la batalla legal por la exhumación de Franco ha pasado por los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid. En febrero de este año, diferentes juzgados recibieron una serie de denuncias similares apoyadas en un informe de la Fundación Francisco Franco que buscaba invalidar que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, municipio en el que se encuentra el Valle de los Caídos, pudiera conceder la licencia de obra necesaria para levantar la lápida de la tumba de Franco.

Tras la suspensión cautelar de la exhumación por parte de un juez y el rechazo a la misma por parte de otro, los tribunales desestimaron al menos una docena de los procedimientos incoados. Por su parte, el Gobierno, que señaló que los tribunales madrileños no eran competentes para resolver sobre acuerdos sobre el Consejo de Ministros, calificó estas acciones como un intento de "obstrucción" por parte de la familia Franco.

¿Cómo llega la causa al Tribunal Supremo?

El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, presentó el pasado marzo un recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal en el que los nietos del dictador insistían en que el acuerdo del 15 de febrero para el traslado de los restos de Franco es "nulo de pleno derecho por ser claramente contrario a la ley y lesionar gravemente sus derechos fundamentales" mediante una "grave violación de los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y la intimidad personal y familiar". Además, como también hicieron los monjes benedictinos y dos asociaciones en defensa del Valle, el texto considera que las razones con las que el Ejecutivo justifica la exhumación son "absolutamente gratuitas y carentes de rigor alguno" y que no existen precedentes de "ningún cadáver español respecto del cual el Gobierno imponga o condiciones un lugar de inhumación a sus familiares".

Finalmente, y antes del pronunciamiento del Supremo de este martes, la familia, junto a la Fundación Nacional Francisco Franco, presentó el pasado mayo una nueva demanda en la que plantean una cuestión de inconstitucionalidad respecto al Real Decreto Ley 10/2018, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto para modificar la Ley de Memoria Histórica, que podría llevar el caso al Tribunal Constitucional.

Los Franco argumentan que, tras 43 años enterrado, la situación de los restos del dictador no cumplen con los presupuestos de "circunstancias excepcionales, graves, relevantes e imprevisibles que la Constitución requiere para permitir que el Gobierno dicte este tipo de normas en vez de ajustarse al procedimiento parlamentario ordinario".

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¿Por qué se ha modificado la Ley de Memoria Histórica?

El Real Decreto que entró en vigor el pasado octubre ha ñadido al texto de la Ley de Memoria Histórica promulgada en 2007 por el Gobierno de Zapatero un nuevo punto en su artículo 16, dedicado expresamente al Valle de los Caídos.

A las limitaciones que establecía originalmente, que hacen que el monumento se rija por las normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos y prohíbe la celebración de actos de naturaleza política o que exalten la Guerra Civil y el franquismo, se ha sumado la restricción para que, como indicó el comité de expertos en 2011, en el Valle solo puedan yacer "los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española", y por tanto no los de Franco, "como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

¿Qué papel desempeña la iglesia en la exhumación de Franco?

Tanto la basílica como la abadía del Valle de los Caídos está habitados y gestionados por monjes de la orden benedictina, por lo que tanto su colaboración como el permiso de la iglesia serán necesarios para exhumar a Franco. En este sentido, aunque en un primer momento se opuso a ello, el prior del Valle, Santiago Cantera, ha afirmado que la comunidad religiosa acatará la decisión de la autoridad civil sobre la exhumación ya que, según su criterio, "en este caso", el veredicto corresponde a los tribunales y no al Gobierno.

Este pronunciamiento se produjo el pasado febrero, después de que el Vaticano advirtiera al prior y recordara mediante una carta lo que ya señaló en una reunión entre el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, y la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, en noviembre de 2018: que el Vaticano no se opondrá a que los restos del dictador se saquen del Valle de los Caídos.

Por su parte, el Arzobispado de Madrid ha mantenido una posición oficial similar, no se ha opuesto a la exhumación, pero ha apelado a un acuerdo entre el Gobierno y la familia Franco para su reinhumación.

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¿Cómo será y cuánto costará la exhumación?

Los trabajos de exhumación del cuerpo de Franco, de los que tendrá que encargarse una empresa contratada por Patrimonio Nacional y los trabajadores de este organismo público, se llevarán a cabo en dos fases. Además, el Gobierno ha afirmado que todas las labores se realizarán a puerta cerrada y sin cámaras para garantizar la intimidad de la familia.

La primera, consistirá en la retirada de la losa de mármol berroqueña de 1.500 kilogramos de peso y 20 centímetros de grosor. En primer lugar, según el informe técnico que Patrimonio Nacional remitió al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial en noviembre de 2018, se retirarán algunas losas de mármol negro de alrededor de la lápida para buscar las hendiduras que se utilizaron para su colocación en 1975. Una vez localizadas, los operarios elevarán la losa para introducir unos rodillos debajo que permitirán desplazarla y dejarán a la vista el féretro de Franco. Patrimonio Nacional estima que estos trabajos se llevarán a cabo en un plazo de unas tres horas y que los tendrá que realizar una empresa especializada.

Una vez extraído el ataúd, en una segunda fase, Patrimonio Nacional abordará tanto la reposición de las losas de mármol negro retiradas, como el solado del hueco dejado por la lápida. Será necesario rellenar el espacio vacío con muretes y rasillas antes de colocar las seis piezas de mármol. El organismo estima que empleará dos jornadas de trabajo para estas labores de forjado y enlosado.

Patrimonio Nacional estima un coste de 3.738,90 euros para las labores de retirada de la lápida de Franco en el Valle de los Caídos. Además, el informe indica que estos serán los únicos trabajos en la basílica que conllevarán un desembolso, al tener que ser contratados con una empresa externa. Las labores de forjado y reposición del solado se enmarcan dentro de las tareas de mantenimiento que realiza Patrimonio, por lo que, según el organismo, no será necesario ningún gasto adicional.

A estas cantidades habría que sumarles el coste del traslado del féretro a lo largo de los casi 70 kilómetros que separan el Valle de los Caídos del cementerio de Mingorrubio-El Pardo y el de los trabajos de albañilería que ya han comenzado en el panteón familiar en el que se prevé enterrar de nuevo a Franco.