El Imserso perdió más de 8,3 millones de euros en prestaciones a muertos en 2016

• En total se pagaron prestaciones a 579 personas fallecidas en Castilla-La Mancha, Andalucía, C. Valenciana y Madrid
• El grueso del dinero no recuperado, en la Comunidad Valenciana, donde el Tribunal de Cuentas habla de "graves deficiencias"

Fachada del Tribunal de Cuentas.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) perdió más de 8,3 millones de euros en 2016 por prestaciones sociales concedidas a personas que ya habían muerto, según se desprende del informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas, que recoge decenas de pagos a fallecidos no devueltos en junio de 2018.

El Tribunal de Cuentas ha contrastado la información que sobre fallecidos elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) con las nóminas de prestaciones correspondientes a los meses de diciembre de 2015 y diciembre de 2016, y ha detectado beneficiarios que estaban incluidos en nómina a pesar de que figuraban como fallecidos.

En total, se pagaron prestaciones a 579 personas fallecidas: 65 en Castilla-La Mancha, 186 en Andalucía, 234 en la Comunidad Valenciana y 94 en Madrid. Casi la totalidad del dinero no recuperado se repartió en la Comunidad Valenciana (8,2 millones). En Andalucía, las prestaciones han supuesto una pérdida de 54.257,57 euros, en Castilla-La Mancha, de 6.618,2 euros y en Madrid, de 30.000 euros.

Cuentas detecta "graves deficiencias" en la Comunidad Valenciana

El Tribunal de Cuentas detecta "debilidades" en el sistema de control debido a que no se han detectado determinados supuestos de percepciones indebidas, derivados de diversas circunstancias como el fallecimiento del solicitante entre el momento de la solicitud y el de la resolución de concesión, la percepción indebida o duplicada del complemento a favor de pensionistas no contributivos que residan en vivienda alquilada, y la percepción de prestaciones incompatibles.

En la Comunidad Valenciana se han detectado "graves deficiencias" en el sistema de control interno. En el último trienio las direcciones territoriales de Valencia y de Alicante no han efectuado la preceptiva revisión anual. Además, durante los siete años anteriores se ha realizado en porcentajes bajos, circunstancia especialmente grave puesto que el derecho a la pensión no contributiva depende, entre otros aspectos, de los ingresos del beneficiario y de la unidad económica de convivencia, los cuales deben ser declarados por los beneficiarios en la revisión anual.

En esa región, según explica el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social a junio de 2018 no constaba que se haya recuperado un importe total de 8.248.880,6 euros, de los que 2.952.112,92 euros no habían sido devueltos por las entidades financieras una vez finalizado el correspondiente procedimiento de retrocesión al considerarse cantidades prescritas.