El gobierno de Macron endurece las condiciones para cobrar el desempleo y ahorrar 3.400 millones de euros

• El ejecutivo francés se enfrenta a patronal y sindicatos por la nueva reforma del paro
• También castigará a las empresas que abusen de los "contratos basura" o mano de obra "poco estable"

Macron se enfrenta a patronal y sindicatos por las nuevas reformas económicas

El gobierno de Emmanuel Macron ha presentado este martes el último capítulo de las reformas destinadas a liberalizar el mercado laboral y que afectará de una manera directa, a las prestaciones por desempleo. Unas propuestas a las que los sindicatos han respondido con "ira".

El ejecutivo espera que de aquí a 2022, final de la legislatura, se reducirá entre 150.000 y 250.000 el número de parados y se ahorrarán unos 3.400 millones de euros en el periodo 2019-21.

"El sistema actual es disfuncional porque las reglas de compensación a menudo fomentan el mantenimiento de empleos precarios y no lo suficiente para incorporarse al empleo", ha declarado el Primer Ministro francés, Édouard Philippe, que ha presentando estas medidas junto con la ministra de Trabajo, Muriel Penicaud.

El gobierno francés persigue terminar con el uso abusivo de los contratos de corta duración, que un trabajador cobre más trabajando que estando en el paro, igualar el régimen de indemnización al de los vecinos europeos y apoyar con más eficacia a los parados para que encuentren trabajo.

"Ningún país de la OCDE ha logrado el pleno empleo sin una reforma importante de la compensación por desempleo, y Francia conserva uno de los regímenes más favorables de la OCDE", ha asegurado Philippe.

Nuevo cálculo del subsidio

A partir del 1 de noviembre, un empleado deberá haber trabajado seis meses en los últimos dos años, en lugar de cuatro meses para acceder al subsidio de desempleo.

El ejecutivo quiere con este nuevo cálculo evitar que se gane más sin trabajar que estando empleado, situación en la que se encontraría el 20% de los que tienen derecho a dicha prestación.

En cuanto a los solicitantes de empleo que tuvieron un ingreso laboral superior a los 4.500 euros brutos al mes, verán su compensación reducida en un 30% a partir del séptimo mes.

Del mismo modo, el método de cálculo de esta compensación también se modificará, de modo que "por igual trabajo, igual asignación", según ha explicado la ministra de trabajo, Muriel Pénicaud.

Por su parte los sindicatos han expresado su desacuerdo con las nuevas reformas laborales del gobierno de Macron.

"A solicitud de los trabajadores, este gobierno organiza el declive masivo en el pago de las calificaciones y la experiencia acumulada a lo largo de la carrera profesional", ha afirmado François Hommeril (CFE-CGC).

"Injusto" e "inicuo"

Asimismo, también habrá novedades para las empresas, ya que se establecerá un sistema que penaliza a sectores donde la mano de obra es poco estable, penalizando a "los contratos basura".

Siete sectores se verán afectados en una primera fase, entre ellos la restauración y la industria agroalimentaria, que representan un tercio de los contratos temporales y afecta a 2,4 millones de trabajadores.

El sector de hoteles y restaurantes considera la medida "discriminatoria" y se han preguntado que "¿Por qué solo siete sectores afectados?"

Laurent Berger del sindicato CFDT ha descrito los supuestos como "profundamente injustos" y "extremadamente difíciles para las personas que viven con una precariedad laboral y que alternan períodos de empleo y desempleo". Además ha añadido que esta reforma solo "empodera en parte" a las empresas "que usan y abusan de la precariedad", ha señalado.

Tras el fracaso de las negociaciones entre los empleadores y los sindicatos este invierno, es la primera vez desde 1982 que el estado redefine solo las reglas de compensación. Los últimos cambios entraron en vigencia en el otoño de 2017.