La Fiscalía ve "deficientes" los medios para prevenir y detectar casos de abuso a menores en la Iglesia

• Reclama una "revisión, actualización y profundo perfeccionamiento de los protocolos" sin filtros de verificación internos

El Padre Abad de Montserrat, Josep María Soler, anunció en febrero la creación de una comisión para estudiar los casos de supuestos abusos sexuales en la comunidad.

La Fiscalía General del Estado ha advertido de un panorama "deficiente" en cuanto a los medios y protocolos para la prevención y detección de casos de abusos a menores en centros e instituciones religiosas dependientes de la Iglesia y ha reclamado "una revisión, actualización y profundo perfeccionamiento" de los mismos, evitando "comprobaciones o filtros de verificación previos", para gartantizar "una respuesta más eficaz" a un problema de "indiscutible gravedad".

En un informe solicitado por el Ministerio de Justicia en el que da cuenta de las diligencias abiertas actualmente sobre agresiones y abusos a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de instituciones religiosas; la Fiscalía, que asegura que iniciará "de forma inmediata" contactos con instituciones y entidades implicadas para "establecer cauces de comunicación y colaboración", insta además al ministerio a impulsar y coordinar este trabajo "a nivel estatal" al "una realidad compleja".

"Es claro que el panorama es deficiente y está necesitado de un mayor impulso y de nuevas iniciativas en relación al establecimiento de mecanismos eficaces para la adecuada prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas", explica el organismo, que insiste en que "son necesarias iniciativas que permitan detectar los casos que se han podido producir" para "articular una respuesta penal eficaz, reparar en lo posible a las víctimas y desplegar mecanismos de prevención de estas conductas".

Un protocolo fluido y son "filtros internos de verificación"

Tras un análisis general que revela que la Fiscalía presentó 2.056 escritos de acusación entre 2017 y 2018 y que, en el mismo plazo, se dictaron 1.297 sentencias (de las cuáles no se sabe cuántas fueron condenatorias), el Ministerio Público propone "dotar de la necesaria fluidez" a las instituciones dependientes de la Iglesia para "la puesta en conocimiento de las sospechas de abusos sexuales tanto a las Autoridades encargadas de la protección de menores como a la Fiscalía".

Además, la Fiscalía denuncia la "opacidad" de la que tradicionalmente se ha dotado a estos entornos, ante la cual exige "evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las Autoridades competentes" cuando se haya detectado. Todo ello, añade el documento, "sin perjuicio (...) de las medidas que ésta deba o pueda adoptar para evitar reiteraciones de hechos similares".

Por otra parte, la Fiscalía reclama para sí misma y para otras entidades públicas "competentes y especializadas en la protección de menores" la responsablidad de "asumir el estudio del caso y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia".

Australia, Holanda o Austria, ejemplos para detectar más casos

En cuanto a las iniciativas que se pueden llevar a cabo para detectar los casos, el informe recoge los casos de países como Australia, donde en 2012 se creó una "Real Comisión" que ha desvelado la existencia de 4.447 víctimas de abusos; la "comisión Deetman" en Holanda, que en 2011 reveló que decenas de miles de menores fueron víctimas de abusos sexuales por religiosos; o la comisión de investigación dependiente de la conferencia Episcopal en Austria.

Finalmente, expone que ha llevado a cabo seguimiento de las actuaciones en este ámbito de los centros de enseñanza católica de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA); de diversas diócesis de España, como las de Burgos, Sigüenza; y Astorga; y de la propia Conferencia Episcopal Española.

El Ministerio de Justicia solicitó este informe a la Fiscalía a comienzos de año. Este lunes, la ministra en funciones, Dolores Delgado, ha reconocido que el informe detecta "cierta opacidad" en la Iglesia, pero ha matizado que "no es muy concluyente".