Los socios de la SGAE vuelven a rechazar sus nuevos estatutos

• La aprobación era uno de los requerimientos de Cultura, que podría retirar la autorización como entidad de gestión
• El 62,8% de los votos a favor en la asamblea general han resultado insuficientes para sacar adelante la reforma

Fachada de la sede de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) en Madrid.

Los socios de la SGAE han dicho 'no' a los nuevos estatutos, lo que abre un nuevo escenario en el que Cultura podría retirarle la autorización como entidad de gestión y con la posibilidad de que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) expulse a la entidad española.

En un ambiente de tensión, según señala EFE, la asamblea general de la SGAE ha rechazado, por tercera vez, el nuevo texto estatutario, en esta ocasión con un 62,78% (se necesitaba dos tercios, el 66,6%, de los votos para sacarlos adelante).

Entre los socios que han pedido el sí durante el debate previo a la votación del punto cuatro del orden del día ha estado el cantante Pau Donés, mientras que en el bando del 'no' se han posicionado Inma Serrano -miembro de la actual junta directiva- el ex presidente de la SGAE José Miguel Fernández Sastrón y los miembros de la Coalición Autoral.

La asamblea general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha arrancado este lunes en Madrid con "incertidumbre" ya que en esta cita sus socios votaban si sacar adelante o no los nuevos estatutos, un texto obligatorio para adaptarse a la nueva normativa y evitar la intervención de Cultura.

La entidad sí ha aprobado las cuentas de 2017 y 2018 con un apoyo del 64,5% (15.854 votos), la política general de inversiones con un 70,81% y la política de gestión de riesgos con un 69,57%.

Teddy Bautista, expresidente de la (SGAE), a su llegada a la asamblea general de la entidad. asc

Con este resultado sobre sus estatutos, la SGAE está más cerca de ser intervenida parcialmente por el Ministerio de Cultura, que recurrió el pasado viernes el auto de la Audiencia Nacional por el que se rechazaba la intervención judicial de la SGAE solicitada por el Gobierno, así como la remoción de sus órganos de representación, al entender que no era competente para ello.

Según Cultura, la Abogacía del Estado recurrió el auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el pasado 18 de junio en relación a la intervención temporal de la Sociedad General de Autores.

En cualquier caso, "la emisión del auto no ha afectado en ningún extremo" al procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE, iniciado mediante el apercibimiento efectuado el 27 de septiembre de 2018, que sigue abierto y plenamente vigente, señaló Cultura.

Para Cultura, una situación "insostenible"

En recientes declaraciones el ministro de Cultura José Guirao no descartó seguir por la vía judicial para resolver la situación "insostenible" de la SGAE, e incluso indicó que Cultura sopesa retirarle la autorización como entidad de gestión.

Desde el pasado 15 de julio de 2018 los estatutos de la SGAE no se ajustan a la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), por lo que el 27 de septiembre de ese año, el ministerio de Cultura apercibió a la entidad por sus "incumplimientos legales" y, al no corregirlos, pidió la intervención judicial temporal a través de la Abogacía del Estado el pasado febrero.

En total, la mayor entidad que se ocupa en España de los derechos de autor, SGAE, ha recibido del Ministerio de Cultura 13 requerimientos y un apercibimiento, principio del fin de una intervención anunciada.

Y también pendiente de la aprobación de los nuevos estatutos está la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), que el 30 de mayo decidió excluir como miembro durante un año a la SGAE de España, a raíz de denuncias "que son motivo de gran preocupación en relación con las actividades de la entidad".

Además exige la realización adicional de "importantes desarrollos técnicos y cambios reglamentarios necesarios para garantizar el cumplimiento de la SGAE de las reglas profesionales" para las sociedades que integran la organización.

Esta sanción podrá "ajustarse o levantarse en cualquier momento", siempre que el Consejo de Dirección considere que se ha logrado el suficiente progreso para aplicar los requerimientos de la Cisac.