La ONU recrimina a España haber violado los derechos de dos menores extranjeros no acompañados

• Naciones Unidas incide en que los documentos disponibles deben considerarse "auténticos salvo prueba contraria"
• La Administración dispone de 180 días para informar a la ONU sobre las medidas adoptadas para "una reparación efectiva"

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - El Comité de Derechos del Niño de la ONU condena a España por su actuación con un camerunés

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recriminado a España haber violado los derechos de dos menores extranjeros no acompañados (menas) que llegaron en 2016 y 2017 a España al considerar que el procedimiento para determinar su edad no contó con las garantías necesarias.

Según consta en los dictámenes del Comité, que ha hecho públicos la Fundación Raíces, el Estado español debe proporcionar a los menores "una reparación efectiva por las violaciones sufridas", lo que también incluye ofrecerles la oportunidad de que regularicen su situación administrativa en España.

Y da un plazo máximo a la Administración de 180 días para que informe a la ONU sobre las medidas que adopte para aplicar su dictamen, en el que recuerda a España que "tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro".

En concreto, la ONU ha recriminado a España su actuación en el caso de un niño nacido en Camerún en el 2000 que, tras haber intentado sobrevivir en distintos países africanos, saltó la valla de Ceuta en abril de 2016, donde le aconsejaron que no revelara que era menor de edad, según los hechos relatados por él.

El menor fue trasladado a Madrid a un centro para adultos que abandonó poco después dadas las circunstancias en las que estaban los internos y estuvo durmiendo en la calle durante tres meses. Tras recibir su acta original de nacimiento, el menor solicitó la expedición de un pasaporte en la Embajada de Camerún en la capital.

Decreto de expulsión por negarse a que le radiografiasen la muñeca

En enero de 2017, la Fiscalía decretó que el joven, al que le habían diagnosticado tuberculosis y malaria, entre otras dolencias, tenía más de 18 años ya que éste se negó a realizarse una radiografía de la muñeca para determinar su edad porque disponía de documentación original expedida en Camerún.

Tras obtener su pasaporte, el menor pidió que se revisara su caso, lo que la Fiscalía no aceptó y se decretó su expulsión del país.

El jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, Víctor Pérez Candela, muestra la radiografía del antebrazo a la mano y su osificación en una imagen de archivo. EFE/ARCHIVO

Naciones Unidas considera que el procedimiento para determinar la edad del joven no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos ya que no se dio credibilidad a los documentos "oficiales y originales del autor emitidos por un país soberano" y, por tanto, no se tomó como "consideración primordial" el interés superior del niño.

También reprende a España por no cumplir con la obligación de proteger y asistir al menor al no reconocer su derecho a disfrutar de los servicios para el tratamiento de las enfermedades que padecía, así como por dejarle en "situación de desamparo con un grado de vulnerabilidad muy elevado".

Argelino de 17 años al que la radiografía de muñeca determinó que tenía 19

El otro caso es el de un menor argelino de 17 años que llegó a Almería en 2017 y al que se le practicó una radiografía de muñeca que determinó que tenía 19 años, lo que provocó su internamiento en un CIE hasta que fuera expulsado.

En esta ocasión, la Fiscalía tampoco accedió a revisar el caso pese a que se aportó una copia de su partida de nacimiento, que acreditaba que había nacido el 29 de febrero del 2000.

El Comité incide en su dictamen que los documentos disponibles deben considerarse "auténticos salvo prueba contraria" y que las declaraciones de los niños deben tenerse "en debida consideración": "es de vital importancia conceder el beneficio de la duda a la persona que se está evaluando".

Además, Naciones Unidas critica que en ambos casos España incumpliera la medida provisional de trasladar a los jóvenes a un centro de protección de menores durante el procedimiento.

"Estos dictámenes de Naciones Unidas son mucho más que un tirón de orejas a España y nos parece increíble, que hoy mismo, en Madrid y en otras ciudades, la Fiscalía siga convirtiendo en adultos a niños y niñas que tienen acreditada su minoría de edad", ha subrayado la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzabal.