El Parlament tumba el decreto del Govern para limitar el precio de los alquileres en Cataluña

La consellera de Justicia, Esther Capella, interviene en el pleno del Parlament antes de la votación

El pleno del Parlament ha rechazado, con 69 votos en contra de la oposiciónen bloque, el decreto ley del Gobierno catalán para limitar el precio del alquiler de la vivienda en determinadas zonas consideradas que estan sometidas a presión en el mercado. Finalmente, al quedar en minoría, el decreto ley ha quedado derogado.

La iniciativa ha llegado este miércoles a votación a la cámara catalana con un informe contrario del Consell de Garantías Estatutarias que dictaminaba que la normativa invadía las competencias del Estado y que contravenía algunos artículos del Estatut y de la Constitución, aunque el informe no es vinculante.

Con 64 votos, los dos grupos que forman el Govern, JxCat y ERC, han votado a favor del decreto ley del Gobierno de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de la vivienda y de modificación del libro quinto del Código Civil de Cataluña. Al contrario de lo que han hechos los grupo parlamentarios que conforman la oposición en el parlamento catalán. De ese modo, Ciudadanos, PSC, los "comunes", la CUP y el PPC han mostrado su rechazo con 69 votos en contra.

Durante el debate parlamentario, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha intervenido defendiendo el decreto ley del Govern para poder poner un "límite a los precios abusivos" y al "aumento desproporcionado de los alquileres" a fin de garantizar el derecho a la vivienda. Capella se ha mostrado en desacuerdo con el dictamen del Consell de Garantías Estatutarias: "Tenemos la competencia y nuestra responsabilidad es ejercerla", ha añadido.

Sin embargo, Ciudadanos, el PSC y el PPC se han acogido al dictamen de este órgano para rechazar el decreto ley del Govern y han alertado de que la competencia en esta materia es del Estado. En este sentido, Ciudadanos ha afeado al ejecutivo catalán la falta de vivienda pública, mientras que el PSC ha acusado al Govern de aprobar este decreto para buscar un "titular electoralista".

En cambio, Catalunya en Comú Podem y la CUP han afirmado que comparten la intención del Govern de limitar los precios del alquiler, pero han criticado que lo haya hecho sin el apoyo y el consenso de las organizaciones vinculadas al sector de la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Llogaters. La diputada de los comunes Susana Segovia ha afirmado que era "un decreto vacío de contenidos", "era una oportundiad, pero se ha convertido en un tiro al pie". Mientras que la diputada de la CUP, María Sirvent, ha criticado que índice previsto por el Govern se basara en los precios del mercado.

Un decreto que afectaba a toda Cataluña excepto a Barcelona

El pasado 21 de mayo, el Govern aprobó el decreto para limitar los precios en alquiler en barrios o ciudades donde se pudiera acreditar la falta de vivienda asequible. La inicitaiva del ejecutivo catalán obligaba a declarar esa zona como "zona de vivienda tensa", un paso previo para establecer una limitación de los precios, con excepción de Barcelona. La regulación de la capital catalana la relagaba al ayuntamiento barcelonés.

El decreto del Govern establecía que el coste de alquiler en esas áreas sólo podía superar en un 10% el índice de referencia de precios, ampliable un 5% adicional en casos de excepción.