Menos días de entrega y externalización de la red, propuestas de la autoridad fiscal para rebajar el coste público de Correos

• El organismo no habla específicamente de despidos, pero sugiere que empleados pasen al negocio de la paquetería
• Según CC.OO, las propuestas de la AIReF supondrían despedir a 30.000 personas y cerrar dos tercios de las oficinas

Menos días de entrega y reforzar la paquetería, entre las propuestas de la autoridad fiscal para Correos

Reducir el número de días en los que se entrega correspondencia, fomentar la externalización de su red e implantar nuevos productos como el de la carta prioritaria son algunas de las propuestas que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado sobre Correos, a las que suma apoyar la transición de la empresa hacia la paquetería urgente y flexibilizar las obligaciones de servicio postal universal impuestas para disminuir el -comparado con otros países- "elevado" coste público del servicio en España.

Además, la AIReF señala que el envío de cartas ha caído un 31% entre 2012 y 2017, casi el doble que en Francia, Reino Unido, Portugal y Suiza (-18%). De media, en esos países han rebajado las plantillas de sus empresas durante ese periodo en un 11%, a un ritmo superior que el de Correos, que lo ha hecho en un 8%. La autoridad fiscal no habla de despidos, pero sí sugiere reorientar el negocio hacia la paquetería, el único mercado que crece, según han señalado fuentes de la AIReF citadas por TVE.

"Si Correos fuera más eficiente, el coste para el Estado sería mucho menor", han señalado fuentes de la AIReF, tal y como recoge Efe, que han explicado que no se trata de recortar la plantilla de la entidad sino de buscar nuevos productos y vías de ingresos y emplear en ello a los trabajadores que ya no necesita un servicio postal tradicional en declive. Según Comisiones Obreras, llevar a cabo las propuestas de la AIReF supondría el cierre de dos tercios de las oficinas de Correos (1.600 de sus actuales 2.400) y el despido de 30.000 trabajadores.

Apoyar la transición de Correos hacia la paquetería urgente

Estos datos figuran en el séptimo y último estudio del proceso de revisión del gasto (spending review), centrado en la evaluación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. En él, la AIReF analiza en el período 2011-2020 el procedimiento para fijar el coste público y las condiciones de prestación del servicio postal universal (SPU), encomendado por el Estado a Correos para el periodo de 2011 a 2026 y por el que la compañía recibe una compensación por la carga financiera soportada.

Para flexibilizar estas obligaciones y aliviar su coste, la AIReF aboga por reducir el número de días de entrega (actualmente de 5), "siempre y cuando se garantice la calidad del servicio" y en la medida en que no parece que sea una demanda ciudadana, como ya han hecho países como Italia, donde se reparte en días alternos. Además, pide que se valore la posibilidad de externalizar la red, como ocurre en Francia y el Reino Unido, y que no se fije el número mínimo de oficinas con las que debe contar Correos para prestar el servicio postal universal.

Sobre la compensación que recibe Correos, la autoridad fiscal plantea tres alternativas: que solo se pague por el despliegue de la red postal en zonas rurales (menos de 5.000 habitantes), que solo se dé por los centros que concentran un volumen reducido de envíos y no pueden aprovechar las economías de escala o por aquellos que superen determinados niveles de eficiencia.

Además, para mejorar la eficiencia del operador y ante la caída de los envíos tradicionales, la AIReF aboga por apoyar la transición de Correos hacia mercados como el de la paquetería urgente, así como realizar un plan de eficiencia que permita reducir los costes actuales de compañía.

Un coste "elevado" comparado con otros países

Según los datos incluidos en el informe, Correos ha recibido compensaciones a cuenta por valor de 1.099 millones de euros entre 2011 y 2018, cifra a la que se sumarán previsiblemente 150 millones en 2019 y 180 en 2020. El total, para el periodo analizado (2011-2020) asciende a una cantidad de 1.450 millones de euros, mientras que Correos ha solicitado 2.200 millones.

Respecto al resto de países, la autoridad fiscal señala que solo 12 de los 32 estudiados realizan compensación directa mediante fondos públicos y otros tres conservan una reserva de actividad, lo que supone que el Estado cede el control total a los operadores designados de alguno de los servicios postales.

España presenta un coste absoluto y relativo del SPU "elevado", según el informe, que subraya que la compensación se produce a pesar del "poco uso" que se hace del servicio en España, con una media de 57 envíos ordinarios por habitante en 2017, inferior a la del resto de países y un nivel que "podrá mantenerse pero no volverá aumentar", avisan desde la AIReF.

CC.OO. critica y rechaza el informe

CC.OO. ha denunciado que el informe, a su entender, "realiza una lectura sesgada de los datos disponibles, omitiendo cifras clave y realizando una interpretación más que interesada de las presentadas". Y ha rechazado las propuestas "letales" del organismo que, considera, están orientadas "al desmantelamiento del correo público" y que están alineadas con las de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "algunas formaciones políticas y la patronal privada de paquetería".

"Las propuestas del informe de la AIReF supondrían que millones de personas y empresas, entre ellas PYMES y autónomos, en el ámbito urbano pero sobre todo en el rural, quedarían desatendidos o mal atendidos porque dejarían de recibir correo a diario para hacerlo una, dos o tres veces por semana (notificaciones, citaciones médicas, paquetería...). Supondría igualmente el cierre de dos tercios de las oficinas de Correos (1.600 de sus actuales 2.400 oficinas), y el despido de 30.000 trabajadores y trabajadoras", señala en un comunicado.