Encerrados sin ascensor: cuando las barreras convierten tu casa en una cárcel

• Daniel ha tenido que dejar su piso tras no conseguir la instalación del ascensor y mudarse a casa de su suegra
• En España se calcula que hay 100.000 personas con movilidad reducida que no pueden salir nunca a la calle

Daniel Agulló, en casa de su suegra, a donde se ha tenido que mudar porque su edificio no tiene ascensor

El edificio de cuatro alturas se levanta en el número 3 de una estrecha calle del barrio del Raval de Elche, en Alicante. Daniel Agulló vivía en un tercero sin ascensor aunque la altura equivale a un cuarto. Hace apenas 15 días tuvo que irse de su piso tras seis meses sin poder bajar a la calle: "Estoy de 'okupa' en casa de mi suegra porque en mi casa no puedo estar". Hace cuatro años una lesión medular por una hernia le paralizó la pierna izquierda. Entonces todavía podía defenderse con muletas, pero en febrero la paraplejia le afectó también a la derecha y ahora tiene que ir en silla de ruedas. "Antes podía bajar una o dos veces por semana con ayuda" pero ya no, explica este hombre de 42 años que ha intentado sin éxito que sus vecinos accedan a instalar un ascensor.

Ahora, en casa de la madre de su mujer puede bajar a la calle, pero la vivienda está en Santa Pola. "No estoy ni siquiera en mi ciudad para estar en mi entorno", lamenta Agulló, quien explica que para desplazarse a su ciudad, a más de 16 kilómetros, depende del transporte público en el que no siempre es fácil moverse en silla de ruedas.

“Estoy de 'okupa' en casa de mi suegra porque en mi casa no puedo estar“

Daniel, que trabajaba en el aeropuerto de Alicante en mantenimiento de equipos de incendios, es uno de los miles de españoles que viven "encarcelados" en sus viviendas por falta de instalaciones accesibles, como explica el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga. Este organismo publicó en junio un informe elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios que señala que de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, 1,8 millones -el 74%- precisan de ayuda para salir de sus casas de familiares y amigos, mientras que otros 100.000 no pueden salir nunca.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que para llevar a cabo la instalación de un ascensor o de cualquier otro elemento para la supresión de barreras arquitectónicas es necesario "el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación" frente a los 3/5 que se necesitaban antes de la reforma de 2013.

Doce mensualidades de límite si no hay acuerdo

Si no hay mayoría, las obras todavía pueden ser obligatorias (artículo 10.1.b) siempre que en el edificio viva una persona con discapacidad o mayor de 70 y siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas "una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes".

Es decir, que a un vecino que no quiere instalar el ascensor solo se le puede exigir que pague de derrama esas doce mensualidades como máximo. El resto lo tiene que aportar la persona que haya promovido la instalación, lo que en la práctica hace inviable esta vía. "Esto a efectos prácticos está muy bien cuando es una obra pequeña, como una rampa, pero el problema viene normalmente con el ascensor, que puede costar de media unos 70.000 euros", explica a RTVE.es la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre.

En el caso del edificio de Daniel Agulló solo quieren ascensor cuatro vecinos de los doce. Pero además del coste -en este caso de unos 72.000 euros- hay otro problema. Las obras para su instalación afectarían a la superficie de las viviendas porque no hay espacio suficiente en las zonas comunes y habría que detraer de las propiedades privadas determinada superficie. Es uno de los motivos que han alegado los vecinos que se oponen y que han ganado el primer juicio tras la demanda de Agulló. La sentencia, conocida el pasado 20 de junio, es recurrible.

"La mayoría de las veces tengo que bajar la escalera sentada"

Nuria Rodríguez avanza lentamente con sus dos muletas hasta el salón de la casa de sus padres, en Parla, un municipio al sur de Madrid, hasta sentarse al lado de la ventana del cuarto piso. Como Daniel, lleva años intentando que la comunidad de vecinos acceda a la instalación de un ascensor. Un proyecto que costaría unos 100.000 euros y que solo apoyan dos vecinos de 16. En este caso, el hueco de la escalera es amplio, pero la familia de Nuria no puede asumir el coste si el resto solo paga las doce mensualidades de tope que marca la ley.

Tiene solo 39 años y desde 2013 padece la enfermedad de Sudeck, una dolencia crónica que le afecta a las rodillas y le causa un dolor muy intenso. "Malo. Yo me tengo que ver en una silla de ruedas, sí o sí", responde con una entereza que asombra cuando se le pregunta por el pronóstico. "Era superactiva, tenía dos trabajos, para mí el deporte era lo más, pero luego llega la vida y te lo quita y te tienes que adaptar mental y físicamente", subraya para insistir en la idea de que uno no sabe cuándo va a necesitar que su edificio sea accesible. Cree que falta "empatía" entre sus vecinos e insiste en que la instalación de un ascensor es un "beneficio para todos" porque se revalorizan los pisos.

Nuria Rodríguez vive en casa de sus padres en Parla en un edificio sin ascensor A. M. P.

“Para mí el deporte era lo más, pero luego llega la vida y te lo quita y te tienes que adaptar mental y físicamente“

Nuria todavía puede salir de casa -lo hace todas las tardes para ir a trabajar a una empresa de empleo especial donde contesta reclamaciones al teléfono- pero cada vez que lo hace es una "odisea" salvar los 68 escalones que separan la casa de sus padres de la calle. "Siempre, para subir y bajar tiene que ser con ayuda y ahora la mayoría de las veces tengo que bajar la escalera sentada", explica. Su madre le ayuda a bajar sus pertenencias mientras que su padre le acerca el coche a la puerta cuando se va y se lo aparca por las noches cuando regresa.

Se sienten, aseguran Nuria y su madre, atrapadas en un "círculo" del que ven muy difícil salir. No pueden asumir el coste de las obras y es difícil vender un cuarto sin ascensor para mudarse a una casa accesible. La relación con los vecinos está completamente deteriorada y ahora mismo la única salida es jugar a la "lotería" de que le concedan un piso de alquiler con opción a compra público.

La mudanza es muchas veces la única salida. Según el estudio de COCEMFE, el 22% de las personas con movilidad reducida han tenido que cambiar alguna vez de domicilio por este motivo. Lorena Blanco dejó su piso de alquiler en Sant Joan de Despí, en Barcelona, después de seis años viviendo en él cuando tuvieron que amputarle la pierna con poco más de 30 años: "Me mudé directamente porque el sitio de la escalera era inviable, no había posibilidades". Un estudio de marzo de 2018 de la Fundación Mutua de Propietarios sobre la accesibilidad de las viviendas en España señalaba que un 63% de los edificios no son accesibles de la calle al portal y un 22% carece de ascensor.

Eliminación de las doce cuotas y fondo de accesibilidad

El problema, sin embargo, no es cuando se vive de alquiler sino cuando se es propietario de una de estas viviendas. El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, reclama por ello que se modifique la ley de propiedad horizontal para eliminar el tope de las doce mensualidades y se ponga en marcha un fondo estatal de accesibilidad para sufragar este tipo de obras en el caso de que haya vecinos que económicamente no puedan afrontarlas y se nieguen por ello a apoyar estas remodelaciones. "Lo que no es aceptable es que alguien viva encarcelado en su casa", señala a RTVE.es.

“Las barreras físicas se salvan, el problema son las mentales“

Pero no siempre es un tema económico. "Hace falta empatizar, ponerse en el lugar del otro. Se necesita sensibilización y concienciación", añade Queiruga, que explica que muchas veces las comunidades de vecinos rechazan este tipo de obras porque no las consideran estéticas y priman "si es feo o no es feo el impacto de la obra".

"Las barreras físicas se salvan. Si hay uno o dos escalones y me echas una mano... El problema son las barreras mentales (...) La única solución es hacer campañas de concienciación en las aulas". Quien habla así es Mariana, que prefiere no dar su apellido. Esta profesora de Secundaria de 54 años que tuvo que dejar de dar clases va en silla de ruedas y vive en Alicante. Su edificio tenía ascensor pero en los últimos años ha tenido que pelear para que pongan un elevador en la piscina y arreglen la rampa del portal porque tiene una inclinación que no la hace accesible: "Yo tengo que llevar escolta para salir y entrar de casa", denuncia.