El conseller de Interior niega ante el juez que cediera locales para el referéndum del 1-O cuando era alcalde

• Miquel Buch ha comparecido este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigado
• Está imputado por presunta desobediencia y prevaricación por ceder supuestamente los locales para la consulta

El conseller de Interior niega que cediera los locales para el 1-O cuando era alcalde de Premià de Mar

El conseller de Interior catalán, Miquel Buch, ha negado que, como alcalde de Premià de Mar, diera ninguna orden para que se cedieran locales para la celebración del referéndum del 1-O en su declaración como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Buch, que ha llegado al juzgado arropado por el presidente catalán, Quim Torra, y otros consellers, se ha desentendido así de la apertura de los colegios electorales y ha alegado que su apoyo al referéndum fue meramente político.

Según han informado fuentes judiciales a Efe, Buch ha comparecido durante unos 25 minutos ante el magistrado del alto tribunal catalán Jordi Seguí como investigado por los delitos de desobediencia y prevaricación por ceder supuestamente locales de titularidad municipal para celebrar el 1-O en Premià de Mar cuando era alcalde de este municipio.

Buch, junto a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, ya prestó declaración como investigado en septiembre último por promover el referéndum del 1-O entre los alcaldes cuando presidía también la Asociación Catalana de Municipios (ACM), en una causa que le archivó el TSJC.

No obstante, a petición de la Fiscalía, el alto tribunal catalán acordó volver a imputarle por facilitar presuntamente la organización del referéndum del 1-O en su municipio como alcalde de Premià, cargo que dejó cuando fue nombrado conseller.

Según ha aducido Buch ante el juez, el apoyo que dio al 1-O fue exclusivamente político y se limitó a la firma, el 7 de septiembre de 2017, de un decreto de alcaldía por el que el Ayuntamiento se ponía a disposición de la organización del referéndum, horas antes de que la votación fuera suspendida por el Tribunal Constitucional.

El propio secretario del Ayuntamiento, han apuntado fuentes jurídicas, se negó a firmar dicho decreto de alcaldía, argumentando que no estaba amparado en ningún informe jurídico que valorara su legalidad.

Respecto a los tres locales municipales que albergaron urnas -un polideportivo, la biblioteca y el llamado "edificio del Gas"-, Buch ha eludido cualquier responsabilidad y ha señalado que ignora quién facilitó las llaves: de hecho, su defensa ha aportado un certificado del secretario del consistorio que prueba que estaban a disposición de varias personas.

Buch asegura que no se "arrepiente"

En declaraciones a los periodistas, Buch ha explicado que, precisamente, ha dicho al juez que las llaves de estos locales municipales las tenía "mucha gente", como asociaciones de padres y madres, servicios de mantenimiento y limpieza y la dirección de los centros, y que antes del 1-O muchos ciudadanos organizaron fiestas en su interior para que permanecieran abiertos todo el fin de semana.

"Fue la sociedad la que se movilizó para tener las escuelas abiertas para poder votar el 1-O. Ello significa, una vez más, que no fue una locura de los diputados del Parlament, ni del Govern ni de los alcaldes, sino que fue la sociedad catalana la que quiso participar en el referéndum", ha subrayado Buch ante los medios.

Preguntado por si se arrepentía, ha respondido a la prensa que "en ningún caso" se puede arrepentir y ha añadido que lo que sí le "sabe mal" es tener tener "amigos en prisión por una causa injusta" en alusión a los líderes independentistas juzgados por el procés en el Tribunal Supremo.

Buch se cuenta entre la media docena de alcaldes a quienes la Fiscalía ha llevado a la justicia por el apoyo municipal al 1-O, a raíz de la instrucción que en vísperas del referéndum dictó el entonces fiscal general José Manuel Maza, que instaba a investigar a cerca de 700 ediles soberanistas.

La mayor parte de las investigaciones a alcaldes han sido archivadas, en ocasiones por orden judicial y en otras por acuerdo de la propia Fiscalía, con argumentos similares a los que hoy ha esgrimido Buch: que no hay prueba de quién abrió los locales de votación y que los decretos de alcaldía eran declaraciones de estricto contenido político.