El juez sospecha que "la cúpula" del BBVA consintió contratar a Villarejo por el beneficio que le reportaba

• El instructor del caso Tándem ha imputado al banco por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios
• Quiere determinar si la entidad puso en marcha medidas para evitar el delito o toleró esas prácticas

El presidente del BBVA, Francisco González, y el resto de la cúpula directiva en una junta de accionistas de 2014.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, sospecha que "la cúpula" del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del "beneficio personal y empresarial" que le reportaban.

Así consta en un fragmento del auto, al que ha tenido acceso Efe, con el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, decretaba este lunes investigar al banco dentro de la pieza del caso Tándem relativa a las contrataciones de la entidad financiera a Villarejo, que comenzaron en 2004 ante una OPA hostil de Sacyr y se alargaron hasta 2017.

Según esa parte del auto, el magistrado ve necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o si, por el contrario, "la ausencia de mecanismos de control" y "la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial" fueron "medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación" de Villarejo.

Todo ello, dice el juez, presuntamente "consentido por la cúpula del propio banco" por "el beneficio personal y empresarial" que le reportaban esos servicios del excomisario. Así, el juez imputa al banco los delitos de cohecho -ya que Villarejo era policía en activo cuando trabajaba para el BBVA y le conseguía información-, descubrimiento y revelación de secretos -por esa información confidencial que le facilitaba- y de corrupción en los negocios -por las dádivas que presuntamente recibió de Villarejo uno de sus directivos-.

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Aclarar si el banco se benefició del espionaje

En el caso de este último delito, García Castellón investigará su recorrido para aclarar si el BBVA contribuyó a mantener las relaciones con Villarejo en beneficio propio o si la presunta corrupción de alguno de sus directivos "pudiera considerarse como perjudicial para la sociedad".

Por el momento, el juez ha rechazado aceptar la petición del banco de personarse como perjudicado en espera de aclarar si se benefició de los contratos con Villarejo y si no aplicó los controles necesarios "permitiendo" así "la corrupción personal de sus directivos" y "prácticas que pudieran resultar contrarias al interés" del BBVA.

Por ello ve "necesaria" su imputación por corrupción en los negocios en este estado inicial de la investigación, de manera que la entidad pueda declarar en la causa con las garantías que ofrece la condición de imputado o investigado y se pueda determinar si efectivamente puso en marcha los mecanismos de prevención del delito.

Este es uno de los requisitos que establece el artículo 31 bis del Código Penal, que el juez cita en su auto, para imputar a una persona jurídica: que se beneficie directa o indirectamente de los delitos y que no se hayan puesto en marcha medidas de control del delito.

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Espionaje a políticos, periodistas, banqueros y empresarios

Aparte del banco, el juez ha imputado a una decena de directivos y exdirectivos de la entidad, entre ellos Ángel Cano, ex consejero delegado; Julio Corrochano, exjefe de seguridad del BBVA y ex comisario general de la Policía Judicial, y Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias, que está colaborando con el juez.

Se les investiga en la pieza número 9 del caso Tándem sobre las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt, empresa del excomisario, que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios en el marco de los trabajos para el BBVA. Entre ellos, el exministro de Industria Miguel Sebastián, personado como acusación en la causa.

Tanto el comisario, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, como el BBVA han reconocido la contratación de trabajos de inteligencia e investigación pero siempre han negado que se tratara de espionajes o de actividades ilícitas. Este lunes, el BBVA negaba que la decisión del magistrado supusiera una "acusación formal" y reiteraba que su prioridad es esclarecer los hechos.

González se compromete a colaborar con la justicia

Las pesquisas en el caso Villarejo derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor, tras haber dejado en diciembre de presidir la entidad. Este martes, tras la imputación de la entidad, González ha remitido una declaración a EFE en la que asegura estar "máximamente interesado en colaborar con la justicia, con la mayor transparencia y objetividad".

El que fuera presidente del BBVA durante más de dos décadas considera "muy importante" afrontar la investigación "con total transparencia, y ayudar a deslindar posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera, de la actuación del banco en su conjunto". Y aboga por ayudar a deslindar "posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera", de la actuación del banco en su conjunto".

En este sentido, González añade que no le cabe duda de que la actuación del banco ha sido "intachable y con un cumplimiento por encima de lo exigible en materia de gobierno corporativo y cumplimiento normativo".