Anticorrupción considera probado que los gestores conocían las "irregularidades en las cuentas de 2011" de la entidad

• La fiscal niega haber vulnerado el derecho a la defensa de los acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia
• La Fiscalía cree que Bankia fue una "pesadilla" que los "operadores financieros" han querido hacer "desaparecer"

La Fiscalía considera que la salida a Bolsa de Bankia fue "una pesadilla" basada en irregularidades

Recta final del juicio por la salida a Bolsa de Bankia. Este lunes, la fiscal Anticorrupción Carmen Launa ha leído su informe de conclusiones, en el que ha considerado probado que tanto el expresidente de Bankia Rodrigo Rato como el resto de ejecutivos conocían la existencia de irregularidades en las cuentas de 2011, entre otros aspectos.

La Fiscalía considera que las nuevas pruebas practicadas durante el procedimiento, así como los testimonios de acusados, testigos y peritos, han probado este extremo, motivo por el que elevó las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable para doce de los acusados, entre ellos Rodrigo Rato, para quien solicita ocho años y medio de cárcel.

Además, la fiscal ha negado haber vulnerado el derecho a la defensa de los acusados. "Podíamos haber ido más allá, pero no lo hemos hecho", ha sentenciado Launa, quien ha reiterado que su postura "se ha mantenido en los límites del auto de apertura de juicio oral, por lo que las defensas han sabido en todo momento de lo que se les acusaba y de qué se tenían que defender".

En la misma lectura de conclusiones, Launa ha denunciado que "todo lo que rodeó" la constitución de BFA-Bankia, su salida a Bolsa y su posterior nacionalización fue "una especie de pesadilla que los distintos operadores financieros han querido hacer desaparecer" a fin de "minimizar" posibles responsabilidades.

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"Se ha demostrado la importantísima insuficiencia de los saneamientos, la deficiencia de información al mercado y la desaparición de la provisión genérica", ha indicado Launa, que ha insistido en que la entidad ofreció una imagen en el folleto de la salida a Bolsa que no se correspondía con la real.

La fiscal pone en valor las nuevas pruebas aportadas en el juicio

La fiscal ha señalado que, durante el juicio, las pruebas realizadas y los testimonios escuchados han provocado el cambio en sus conclusiones. Entre otros, ha citado la relevancia de la declaración de Ildefonso Sánchez Barcoj y de Ana María Martínez Pina, o el que se haya valorado el trabajo del auditor externo "con un nuevo prisma".

También han reforzado la valoración de la Fiscalía los correos remitidos por el auditor externo al comité de auditoría y cumplimiento y la declaración del auditor Francisco Celma, que arrojaron nueva luz a numerosos documentos de la causa y reforzaron la carga probatoria a los hechos imputados sobre las cuentas del 31 de diciembre de 2011 de Bankia y BFA y acreditaron el conocimiento de sus autores sobre la falsedad de las cuentas formuladas, según ha explicado.

En cuanto a las intervenciones de los inspectores del Banco de España, la fiscal considera que han aportado "nuevos y abundantes matices". "Los correos introducen elementos probatorios muy importantes que han puesto de manifiesto la evidencia de la sobrevaloración de Bankia en su salida a Bolsa, de deterioros no contabilizados por 11.000 millones de euros y el grado de conocimiento de las irregularidades en las cuentas de 2011 por parte de Rodrigo Rato y Francisco Verdú, entre otras cuestiones", ha señalado Launa.

El déficit de saneamientos superaba los 6.300 millones

En opinión de la fiscal, los directivos de BFA-Bankia ocultaron la situación del grupo desde sus orígenes, finales de 2010, periodo en el que los acusados "sabían" que las coberturas de las que disponían "no eran las adecuadas" porque se basaban en cálculos sobre información disponible tres meses antes.

Sin embargo, a pesar de que tanto la dirección financiera como los ejecutivos ahora en el banquillo eran conscientes de que el nivel era "muy superior en septiembre que en diciembre", no actualizaron las cifras para mostrar un mayor atractivo. Y es que de haberse contabilizado correctamente, el banco se habría quedado "con un patrimonio que no permitía ninguna operación", en alusión a la posterior salida a Bolsa.

Launa se ha remitido a los informes de los peritos cedidos a la causa por el Banco de España, y ha cuantificado en 5.759 millones el déficit de saneamientos que arrastraba BFA-Bankia. A ello habría que sumar otros 663 millones de euros en deterioros no registrados procedentes de Banco de Valencia, principal participada de una de las siete cajas del grupo, Bancaja.

BFA-Bankia "minó la credibilidad exterior de nuestra economía"

Mención aparte ha dedicado la fiscal a la entidad levantina, más en concreto a su expresidente José Luis Olivas, que era "perfecto conocedor de la situación de Banco de Valencia por comunicación directa del supervisor y por la información que iba teniendo en los órganos corporativos".

Con un tono duro, la representante del Ministerio Público ha calificado de "inusual" que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aportaran contrainformes "para desvirtualizar" los trabajos de los dos inspectores designados a la causa como peritos judiciales, Antonio Busquets y Víctor Sánchez, a quienes ha avalado.

"Todo lo que rodeó la constitución del grupo BFA-Bankia y su salida a Bolsa, hasta la dimisión de Rato y la nacionalización de la entidad, minó la credibilidad exterior de nuestra economía", ha denunciado la fiscal, abocando al país al "mayor rescate bancario de la historia", "un mal despertar para miles de españoles que tienen derecho a saber lo que pasó" y evitar así que vuelvan a repetirse.

No se ha vulnerado el derecho de defensa

Cuando la Fiscalía anunció el pasado mes de julio la ampliación de su acusación, las defensas de algunos acusados, como fue el caso de la del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, alegaron que el Ministerio Público estaba vulnerando su derecho fundamental de defensa por la "modificación sustancial" de los hechos por los que acusaba de manera sorpresiva.

La fiscal Carmen Launa ha argumentado este lunes que dicha queja "carece de cualquier fundamento" y pretende la "pasividad" de la Fiscalía en hechos que han tenido trascendencia penal, lo que supondría "vulnerar la esencia" de su función como órgano constitucional.

De esta manera, Launa ha recurrido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para concluir que la actuación de la Fiscalía al ampliar su acusación final ha sido acorde con el ejercicio de sus funciones constitucionales.

A petición de la propia fiscal, la sesión se retomará este martes, de nuevo, con el informe de Anticorrupción.