La fiscal asegura que el niño Gabriel "no tuvo opción de salir con vida de la finca"

• La Fiscalía solicita pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato
• También la acusación popular la acusa de un delito contra la integridad moral

Caso Gabriel: La fiscal asegura que el niño Gabriel "no tuvo opción de salir con vida de la finca"

El juicio contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Almería, aunque no con la declaración de la acusada como estaba previsto, que se ha pospuesto para este martes, tras alargarse la selección del jurado, que está formado por nueve miembros del jurado popular -siete mujeres y dos hombres-, así como dos suplentes -un hombre y una mujer-.

Tras la selección del jurado, y justo cuando han entrado los miembros en la sala, se ha visto llorar a Ana Julia Quezada, quien ha permanecido con cara compungida durante toda la sesión. A continuación, se ha procedido a la lectura de la acusación y de la defensa, así como las exposiciones de las partes personadas.

La primera en exponer los hechos ha sido la fiscal Elena María Fernández, que acusa de un delito de asesinato y dos de lesiones psíquicas a Ana Julia Quezada. La representante del Ministerio Fiscal ha asegurado que el menor "no tuvo opción de salir con vida" de la finca de Rodalquilar (Níjar, Almería), en la que murió a manos de la acusada.

"Con claro ánimo de ocasionarle la muerte, de modo deliberado, consciente, a sangre fría y con absoluto desprecio a la vida", Quezada le dio "muerte de una forma tan repentina, inmediata e impredecible que anuló toda capacidad de reacción del niño", ha asegurado la fiscal.

En este sentido, ha señalado que Gabriel no podía esperar "de ninguna manera un ataque que procede de una persona que es pareja de su padre", por lo que le pilló "desprevenido".

Para la fiscal, Quezada aprovechó la "situación de desamparo y desvalimiento" propia de un niño de "8 años que pesaba 34 kilos" y el "desequilibrio de fuerzas" para cometer el delito con una "mayor facilidad" y "asegurar el resultado de muerte".

Asimismo, se ha referido al daño provocado a los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, por su actitud durante la búsqueda de Gabriel, dándoles esperanzas durante la misma con su "sobreactuación". Es por eso que también la acusa de dos delitos de lesiones psíquicas.

La acusación particular descarta que fuera un accidente

A continuación ha sido el turno del abogado de la familia de Gabriel, Francisco Torres, que ejerce la acusación particular. En su intervención, el letrado ha rechazado tajantemente que la muerte del menor fuera un accidente como sostiene la defensa de la acusada, pues el menor estuvo "casi una hora con posibilidad de salvarse de haber habido una simple llamada", algo que no hizo Quezada.

Además, ha insistido en que fue fruto de un plan premeditado porque aprovechó que el padre del niño, Ángel Cruz, trabajaba ese día para llevarse al menor a una finca "donde por más que grites, nadie te va a escuchar".

El letrado también ha negado que el niño muriese directamente por asfixia, sino que primero sufrió diversas lesiones, y ha explicado que lo asfixió cuando, al ir a enterrarlo, se dio cuenta de que aún respiraba a pesar de los golpes.

Para Torres, no es homicidio, sino asesinato, porque hubo "ensañamiento". "Ensañamiento es hacer sufrir. Si quiere asfixiarle, no le da una manta de palos", ha subrayado. Y también ha advertido que hubo un doble móvil: uno "económico" y que el menor "le estorbaba". "Jamás he visto escenas de tanta maldad", ha afirmado el abogado.

También ha acusado a Quezada de un delito contra la integridad moral por decir todos los días "que iba a aparecer Gabriel cuando sabe que lo ha matado".

La defensa asegura que fue un "accidente"

El abogado de la defensa, perteneciente al turno de oficio, Esteban Hernández, ha insistido en que fue un accidente, porque si hubiera estado "todo planeado", como sostienen Fiscalía y acusación particular, "parece una chapuza enorme".

Para mostrar que no estaba premeditado, la defensa ha recordado que Quezada mató al pequeño "en la vivienda de su padre", y que se quedó junto a la familia a pesar del revuelo mediático, en lugar de huir, y que el móvil "tiene poco sentido".

Asimismo ha insistido en que su intención no era añadir un sufrimiento añadido a los padres sino que "no se descubriese lo que había hecho". Por eso, ha rechazado los delitos de lesiones psíquicas y contra la integridad moral, pues, a su parecer, la acusada "no sabía qué hacer".

Ana Julia Quezada se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, así como diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor, que pide la Fiscalía.

Solicita también el pago de los 200.203 euros de los gastos generados en la búsqueda de Gabriel y además, en concepto de reparación del daño moral reclama 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por los gastos médicos en conceptos de lesiones psíquicas y secuelas.