La ONU alerta de que México ha bloqueado a 35.000 solicitantes de asilo en lo que va de año

• Michel Bachelet culpa a las políticas de Estados Unidos, México y varios países centroamericanos
• La alta comisaria para los DDHH pide que no se criminalice a las ONG que operan en el Mediterráneo

Imagen de archivo de migrantes centroamericanos en un paso fronterizo entre México y EE.UU. en Tijuana. 

Al menos 35.000 solicitantes de asilo se han visto bloqueados en zonas fronterizas de México en lo que va de año, a la vez que han aumentado las detenciones y deportaciones de migrantes tanto en ese país como en Guatemala y Honduras, según ha denunciado este lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"Las políticas actualmente en marcha en Estados Unidos, México y varios países centroamericanos ponen a muchos migrantes en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos y abusos", ha afirmado la alta comisionada en la apertura de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará durante tres semanas, informa Efe.

Bachelet ha subrayado que estas políticas podrían violar los derechos de colectivos vulnerables como los menores de edad, en un momento en el que "niños migrantes continúan siendo recluidos en centros de detención de Estados Unidos y México", al tiempo que Washington considera cambios legales para permitir que estas detenciones sean permanentes.

"En EE.UU., una nación construida a base de recibir migrantes, recientes medidas han reducido su protección, lo que me preocupa profundamente, especialmente la continuada separación de niños migrantes de sus padres", ha explicado la expresidenta chilena.

Las trabas no detendrán a las familias

Bachelet también ha asegurado que el endurecimiento de las políticas migratorias en la región no detendrá el movimiento de familias que huyen de problemas causados por la inseguridad, la corrupción o las consecuencias del cambio climático, sino que abocará a muchos a emprender rutas más peligrosas.

En ellas "podrían exponerse a la violencia física y sexual" y caer en manos de redes de tráfico de personas.

México alcanzó en junio un acuerdo con Estados Unidos para endurecer su política migratoria -que incluyó el despliegue de militares en las fronteras- con el fin de evitar una probable guerra comercial con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según datos del Instituto Nacional de Migración mexicano, este año ha habido una reducción del 56% en el flujo migratorio, y se deportaron en lo que va de 2019 más de 100.000 indocumentados, más de la mitad de ellos en los tres meses transcurridos desde el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.

No criminalizar a las ONG que operan en el Mediterráneo

Durante la conferencia de apertura del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet ha pedido también a los países de la Unión Europea que no criminalicen a las ONG que rescatan a migrantes en el Mediterráneo.

"En los últimos meses, las medidas de varios países para criminalizar, obstaculizar o frenar el trabajo de los barcos de rescate humanitarios y de los aviones de búsqueda (...) han tenido consecuencias letales para adultos y niños que buscan seguridad", ha lamentado.

Bachelet ha reclamado una acción "más decidida y eficaz" por parte de los países europeos, lo que pasa también por un marco "común y basado en los Derechos Humanos" para garantizar el desembarco de "todas las personas" rescatadas en el mar, de tal forma que no sea necesario pactar un mecanismo ad hoc para cada barco, como ocurrió por ejemplo con el Open Arms.

La ONU estima que, en lo que va de año, más de 900 personas han fallecido en el Mediterráneo, a las que habría que sumar "muchas más muertes" que no se registran. Bachelet también ha alertado de la situación de los "innumerables" migrantes interceptados por la Guardia Costera libia y devueltos de forma "forzosa" al país norteafricano, "donde sus derechos e incluso sus vidas están bajo una grave amenaza".

Llamada de atención a Venezuela

Bachelet ha dado una llamada de atención al gobierno de Venezuela por no atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional.

La ONU "ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país".

Según la ONG Monitor de Víctimas Y, 57 personas fueron asesinadas solo en julio en Caracas. "Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas", ha denunciado Bachelet.