Los 47 abogados del 'frente de cárceles' de ETA aceptan penas leves y no irán a prisión
- Reconocen su participación en la estrategia para mantener a los presos políticamente activos
- Los abogados Zulueta y Enparantza condenados a las penas más altas: 3 años y medio y dos años y siete meses
Los 47 abogados acusados de pertenecer al denominado 'frente de cárceles' o 'frente de makos' de ETA han reconocido este lunes en la Audiencia Nacional los hechos que se les imputan: esto es, que actuaron bajo las directrices de la organización terrorista a la hora de dirigir al colectivo de presos con el fin de garantizar la cohesión y fidelidad a la banda tras el cese definitivo de la actividad armada de octubre de 2011.
Así lo han aceptado los acusados después de alcanzar un acuerdo de conformidad con las Fiscalía y a las acusaciones que reducir sustancialmente sus condenas, lo que implicar reconocer su partipación en la estrategia para mantener a los miembros del EPPK (colectivo de presos) políticamente activos, con una actitud permanente de 'lucha' en el interior de las prisiones.
Esta estrategia rechazaba a aquellos presos que se querían acoger a la legalidad para mejorar su situación penitenciaria, lo que se entendía como una maniobra en contra del colectivo que cuestionaba el carácter "político" de la "lucha" que les había llevado a prisión y que podía generar una mayor desmoviliación de los presos.
Juicio en la Audiencia Nacional
El acuerdo se ha materializado este lunes durante el juicio que se ha celebrado en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se han sentado en el banquillo los conocidos abogados de etarras Arantza Zulueta y Jon Enparantza y el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga, entre otros.
Precisamente sobre Zulueta y Enparantza han recaido las penas más altas (3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel) como responsables del KT, órgano de coordinación del 'frente de makos'. Ambos se enfrentaban a una petición de la Fiscalía de 14 años de cárceles por participación activa en organización terrorista en grado de dirigente.
Sin embargo, ninguno de ello irá a la cárcel pues les serán descontados los años que estuvieron en prisión preventiva tras su detención en 2014 en el transcurso de la llamada Operación Jaque.
El resto -para los que el fiscal pedía entre 8 y 11 años- ha pactado con la Fiscalía y las acusaciones populares -AVT y Dignidad y Justicia- su condena por participación activa en organización terrorista a penas de dos años o un año y medio de cárcel al aplicarles el atenuante de confesión tardía, con lo que evitan su ingreso en prisión.
También han acordado penas de entre 3 años y 3 años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público -la petición del fiscal oscilaba entre 10 y 15 años- que en el caso de Zulueta y Emparantza se eleva a 5 y 4 años, respectivamente, de inhabilitación absoluta, además de libertad vigilada de un año.
Los 47 abogados, acusados de delitos que van desde la participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo hasta enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares, reconocen ahora la importancia que tenía para ETA la cohesión y fidelidad de los miembros del colectivo de presos hacia la organización terrorista y sus planteamientos estratégicos.
En el 'frente de cárceles' de ETA se agrupaban varias organizaciones que trabajaban sectorialmente a favor de los presos y huidos de la banda terrorista: el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat. Fue desarticulado en las operaciones 'Jaque', 'Mate' y 'Pastor' practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año.