La repetición electoral obliga a prorrogar los presupuestos por segunda vez, una situación inédita

• El calendario electoral hace imposible aprobar unos nuevos presupuestos para 2020 antes de que acabe el año

Traspaso de la cartera de Hacienda entre Montoro y Montero.

El círculo se cierra. El fracaso en la aprobación de los presupuestos de 2019 llevó a la convocatoria de elecciones. La imposibilidad de conformar un Gobierno aboca a una nueva cita electoral que deja sin tiempo al futuro gabinete para elaborar un presupuesto. Resultado: las cuentas de 2018, las últimas de Cristóbal Montoro, se prorrogarán por segunda vez, algo que hasta ahora no había ocurrido.

Los españoles volverán a acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre, un calendario que hace imposible que antes de que termine el año haya unos presupuestos aprobados para entrar en vigor el 1 de enero de 2020. Una vez constituidas las Cortes y formado el Gobierno, el Ejecutivo tiene que elaborar y presentar las cuentas, cuya tramitación parlamentaria se prolonga durante unos tres meses.

Las cuentas de 2018 continuarán así prorrogadas una vez que arranque 2020, lo que complica afrontar cambios como la actualización de las entregas a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, la revalorización de las pensiones, la subida del salario de los funcionarios o la modificación del indicador público de renta a efectos múltiples (IPREM).

Urgen las entregas a cuenta de las CC.AA.

La cuestión más urgente es la financiación autonómica ya que debería estar resuelta antes del 15 de diciembre-, el gobierno en funciones ha mostrado su intención de desligarla de los presupuestos para agilizar su trámite, aunque persiste el escollo de la falta de un Ejecutivo con plenos poderes.

La revalorización de las pensiones conforme a la inflación en 2020 también peligra. Se trata de un compromiso político que no está recogido normativamente -el decreto ley de diciembre de 2018 que las subía con el IPC solo contemplaba 2018 y 2019-, por lo que la mejora podría ser solo del 0,25% del índice de revalorización todavía vigente.

Asimismo, la subida salarial de los empleados públicos pactada con los sindicatos para 2020 -un 2% fijo más un 1% adicional si el PIB crece más de un 2,5%- está en el aire, ya que "no se puede hacer nada en la situación actual", según declaraba en agosto la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Prórroga automática

La Constitución establece, en su artículo 134.4, que "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

Eso sí, el nuevo gobierno podría introducir modificaciones por real decreto ley para decisiones urgentes, como ha ocurrido en otras ocasiones pero un gobierno en funciones tiene la capacidad normativa limitada al "despacho ordinario de los asuntos públicos" y solo puede adoptar medidas en caso de urgencia o interés general..

Esta será la octava prórroga presupuestaria de la democracia -tras las de 1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018 y 2019- y el cuarto año consecutivo que comienza con unos presupuestos prorrogados, pero se diferencia del resto en que supone extender a un tercer ejercicio la vigencia de las mismas cuentas, las de 2018.

Los presupuestos de 2018, elaborados por el Gobierno del PP, se aprobaron en julio de ese año ya con un Ejecutivo socialista, tras salir adelante la moción de censura a Mariano Rajoy, por lo que, en la práctica, solo llevan en vigor algo más de un año.

El Gobierno de Pedro Sánchez llegó a elaborar y presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto presupuestario para 2019, pero fue rechazado en la fase de vetos, lo que condujo a las elecciones generales del 28 de abril.

Una ampliación de crédito de 140 millones para las elecciones

La repetición de las elecciones obliga al Gobierno a aprobar una ampliación de crédito para pagar los gastos de la maquinaria electoral, con un presupuesto inicial de 138.961.516,72 euros, con cargo al Fondo de Contingencia. Serán así 540 millones los gastados de 2015 a 2019 en cuatro elecciones generales.

El trabajo de Correos supone el 40,6%, 56,5 millones de euros para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de las mesas electorales, los recursos o la propaganda electoral. Otro 14,5% (20 millones) se destina a las Juntas Electorales y a las mesas de votación, en las que trabajaron 180.114 personas en el 28-A. 

Debe convocarse un concurso para la empresa de telecomunicaciones que difunde el escrutinio, da apoyo informático a las Juntas Electorales e integra los resultados definitivos en la base de datos del Ministerio del Interior. En abril, ganó Indra, por 7,44 millones, por debajo del tope máximo de 10 millones. Deberá d

Los gastos de logística (colegios electorales, papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores) se elevan a 13,1 millones. También se paga el despliegue policial (14 millones presupuestados) y de representantes de la Administración (7,2 millones), el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,8 millones) o la colaboración de los ayuntamientos (7 millones).

Al margen de este presupuesto quedan las subvenciones a los partidos políticos para los gastos electorales. El Gobierno deberá aprobar también un decreto fijando las cantidades.