Un escollo judicial más para la exhumación de Franco: la licencia de obra suspendida por un juez de Madrid

• El juez José Yusty la suspendió cautelarmente el pasado mes de febrero por "riesgo evidente" para los operarios
• La Abogacía del Estado intentó recursarle sin éxito por un artículo contra la Ley de Memoria Histórica de 2007

Imagen de archivo de la tumba del dictador Franco en la basílica del Valle de los Caídos

La decisión del Tribunal Supremo de avalar el acuerdo del Gobierno para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y trasladar sus restos al cementerio de El Pardo Mingorrubio en contra del deseo de la famila, que quería enterrarlo en la cripta de la catedral de La Almudena, supone una importante victoria para el Ejecutivo en la batalla legal que lleva librando más de un año con los descendientes del dictador, pero todavía hay un escollo judicial que salvar. Actualmente, la licencia de obra para levantar la losa que cubre la sepultura está suspendida cautelarmente por un juez de Madrid.

Además de este procedimiento judicial que bloquea la exhumación, hay otros dos escenarios que podrían retrasar el traslado de los restos de Franco al cementerio de El Pardo, según fuentes consultadas por Efe: que la familia pida al Supremo una aclaración de la sentencia par ganar algo de tiempo o que solicite al Tribunal Constitucional -ante el que ya ha anunciado que recurrirá- la suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso, en caso de que accediera a tramitarlo.

El escollo más inmediato, en cualquier caso, es el que a día de hoy impide la exhumación porque no hay licencia de obra. El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Basterreche, tomó la decisión de suspenderla cautelarmente tras aceptar el recurso de un particular contra el informe del Ayuntamiento de El Escorial que avalaba las obras porque existía un "riesgo evidente" para los operarios.

La Abogacía del Estado intentó recursar al magistrado para apartarlo del procedimiento argumentando que en 2007 escribió un artículo en contra de la Ley de Memoria Histórica, pero el Tribunal Superior de Justicia acordó en junio mantener al juez.

A la espera de que el juez de Madrid fije la vista

Fuentes jurídicas consultadas por Efe señalan que el magistrado estaba a la espera de conocer el fallo del Supremo antes de fijar la vista de medidas cautelares en la que la Abogacía del Estado tratará de forzarle a pronunciarse sobre el fondo con un informe peridicial que contradice al que presentó el querellante que logró paralizar las obras.

Tanto si decide mantener el bloqueo de la exhumación por una cuestión técnica como si da vía libre a levantar la losa, la decisión será recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tras ello ante la misma Sala del Supremo que no ha puesto reparos a la exhumación.

Lo que no se sabe todavía es si la sentencia del Supremo hará alguna referencia a este procedimiento para instar al juez Yusty a levantar la suspensión y a archivar la demanda, aunque todo apunta a que sí, según Efe, porque en sus informes, la Abogacía se hace eco de ello. Fuentes jurídicas a Europa Press, apuntan también a que la sentencia del alto tribunal se pronunciará sobre el tema de la licencia y, aunque no podrá decir qué hacer al juez qué hacer, sus argumentos sí que podrían incidir en la decisión de este magistrado.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, al ser preguntada este martes expresamente sobre si supondrá un retraso la decisión de este jueves de suspender la licencia de obra, ha descartado esta posibilidad. "Esta [por la conocida este martes] es una sentencia del Tribunal Supremo. Después de que el Tribunal Supremo dicte una sentencia de estas características lo que queda es ejecutar la sentencia en los términos en los que indica, exhumar e inhumar los restos", ha exclamado y ha insistido en que "no hay más" y lo harán "muy rápido", todo lo rápido que los plazos últimos que quedan lo permitan.

El otro camino, que puede durar años, transita por los recursos ante el Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales y como última etapa Estrasburgo, donde la familia defendería su derecho a enterrar a Franco en el lugar que elijan.